Basta leer la crónica del informe acusatorio que rinde la fiscal Olga Diná Llaverías sobre los hechos ocurridos en el penal de La Victoria, donde cuatro haitianos fueron asesinados por otros reclusos, para tener una idea del desorden que reina en el mismo. ¿Cómo es posible que en la celda de castigo conocida como La Planchita, donde se hacinaban 22 reclusos, entre estos los diez acusados del hecho criminal, cinco de ellos dispusieran de celulares, a través de uno de los cuales se recibió desde el exterior la orden de torturar a una de las víctimas para hacerla confesar donde había escondido un millón 300 mil pesos fruto de un atraco? ¿Cómo igualmente, sin que la seguridad del penal no se percatara de lo que estaba ocurriendo e interviniera para impedirlo, cuando los cuatro reclusos ultimados fueron golpeados, violados sexualmente y finalmente ahorcados? ¿Es que no había ningún custodio a cargo de la vigilancia en el área o todos padecen de sordera y ceguera incurables? O peor…¿Media alguna orden para no intervenir en los pleitos entre presos en tanto no pongan en riesgo la seguridad del penal? ¿Se investigará a fondo lo ocurrido? ¿Se aplicarán sanciones, sin excluir posible responsabilidad criminal por la gravedad de los hechos que sugieren si no complicidad, al menos total irresponsabilidad en el manejo de la seguridad interna o debemos resignarnos a que, como en tantos casos, no haya consecuencias dejando que el correr del tiempo y nuevos acontecimientos arrojen un manto de olvido e impunidad sobre lo ocurrido? Y, por cierto ¿ya atraparon al que llamó del exterior para dar la orden de búsqueda del dinero que condujo al cuádruple asesinato?