En el sector salud, el presidente Danilo Medina todavía tiene la oportunidad de terminar dejando una impresión favorable frente al COVID19. En estas críticas circunstancias, el gobierno debería concentrar sus mejores recursos y esfuerzos para contenerlo, para bien de su administración y del país.
Los 35 días que faltan para el cambio de gobierno, son cruciales y críticos para el destino sanitario del país, para la tranquilidad familiar y para el sistema educativo público en los próximos años. O detenemos ahora esta pandemia para avanzar hacia la normalidad, o tendremos que convivir con ella por mucho tiempo. Así de simple.
Un mes más de rápido crecimiento del COVID19 surtiría un efecto multiplicador que llenaría de rojo todo el territorio nacional, entorpeciendo la compleja agenda nacional de cambios políticos e institucionales que urgentemente reclama el país, con un costo incalculable en términos económicos, de empleos, divisas y de vidas humanas.
El sector salud es la principal área en donde es posible ganar credibilidad y aceptación de la ciudadanía. Ahí está el ejemplo de la JCE, institución que perdió la confianza en febrero, la mejoró en marzo y se recuperó en julio ya que, si bien no frenó los excesos oficiales, al menos celebró una jornada electoral ejemplar y sin traumas.
Esta preocupación es nacional y generalizada. La Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (SODEMECU), demandó de la Comisión de Alto Nivel medidas urgentes y efectivas a favor de los pacientes críticos, ya que “la mayoría de las UCI están llenas o se encuentran con una ocupación de más de un 80% de las camas”.
Por su parte, el Colegio Médico Dominicano (CMD), fundamenta su alarma en la posibilidad de un rebrote mayor de la pandemia, luego de las elecciones, llegando a proponer formalmente el restablecimiento del estado de emergencia, en todas las provincias con mayor incidencia del COVID19.
A grandes problemas, grandes remedios
La muerte de José Luis Cruz Aquino (Finito), un empleado de la Dirección General de Comunicación (DICOM) del Gobierno, evidencia la incoordinación oficial en el manejo de esta pandemia. Ese servidor público fue víctima del COVID-19 mientras sus familiares esperaban, desesperados, una cama para alojarlo en cuidados intensivos.
Si ese es el caso de un servidor público, cuyos compañeros de trabajo, durante 9 horas, hicieron diligencias “en las altas esferas” para que fuera trasladado a una unidad de cuidados intensivos, ¿cuál será la suerte de un ciudadano común, desconocido y sin ninguna influencia política en las esferas gubernamentales?
Es a raíz de este caso tan penoso, que las autoridades se plantean “crear un mecanismo de coordinación en el Gran Santo Domingo que permita que se refieran los pacientes allí donde hay camas disponibles para recibir los primeros auxilios y la debida atención”. La declaración del ministro Sánchez Cárdenas demuestra una falta de planificación y coordinación altamente peligrosa para la salud y la economía dominicana.
Si el sector público no cuenta con suficiente camas y UCI, el gobierno debe contratarlas en el sector privado, sí o sí, declarando esta medida de utilidad pública, con la debida compensación económica. Como señaló SODEMECU, “todo centro privado tiene la obligación moral y la responsabilidad cívica de tener una dotación de camas dedicadas al COVID-19”.
Las autoridades salientes están obligadas a priorizar la salud por encima de todo, porque se trata de un derecho fundamental. No es posible que se muera nuestra gente por falta de iniciativa y de voluntad política. En materia sanitaria, todavía el presidente Medina tiene la oportunidad de salir por la puerta grande porque, como en el béisbol, cuando están las bases llenas, todas las carreras se le anotan al lanzador saliente.