Se ha convertido en una práctica recurrente de la policía dominicana iniciar en las primeras horas de la mañana de cada día operaciones de acantonar pelotones y comandos de ataques en los cincos puntos estratégicos de enfrentamientos y control del perímetro universitario: Correa Isidrón con Alma Mater, Tirandente Alma Mater (Peatonal), Juan Sánchez Ramírez Túnel (St. Tomás), Puerta Oeste (Liceo UASD) y la Puerta del Comedor (parqueo). Además de estas acciones de la policía se hacen presentes más de dos centenares de hombres (250 o 300) e innumerables vehículos militares y cientos de cubetas de bombas; a la vez, que portan armas de todo tipo y calibre, otros pertrechos y artefactos listos para un asalto o guerra campal contra una universidad.
¿Sí esto no es una trama terrorista, no sé cómo llamarla? La ley 267-08 sobre terrorismo tipifica con suficiente claridad la trama como un acto criminal terrorista y lo describe con certeza jurídica en su articulo 20, que dice: “.- Definición de trama. Se considera que existe trama terrorista desde el momento en que dos o más personas concierten entre sí la resolución de actuar. Si ha habido proposición hecha y no aceptada de formar una trama para perpetrar los crímenes indicados en los artículos arriba indicados, aquél que hubiere formulado la propuesta será castigado con pena de tres a diez años de reclusión”. En el artículo 1, literal f, apartado i; es más preciso esto con relación a la trama que acontece con la UASD, calificado por la ley como acto terrorista, cuando la policía actúa como acostumbra de forma violenta con la UASD, cito: i) “Arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca al propósito de causar o pueda causar la muerte, lesiones corporales o grandes daños materiales, a través de procesos de combustión, deflagración o detonación”.
De la policía el único plan manifiesto cuando cerca la universidad, es el de disparar y lanzar bombas de forma irracional e irresponsable hacia su interior para provocar angustia y comprometer la salud de todos. Ya, no llegan con los escudos antimotines, lanza agua, macanas y otros artefactos propios para resguardar el orden público. Lo hacen con medios para imponer el terror y caos. La policía tiene que parar la perversa y peligrosa costumbre de disparar hacia dentro y lazar bombas desde cinco puntos preseleccionados para acorralar, desesperar y sembrar el pánico entre los estudiantes, obligándoles con ello a no permanecer en el interior del campus por el masivo bombardeo de gases lacrimógenos, y, cuando pretenden salir, les espera en las puertas un asalto inmisericorde de policías con el mismo método, dejándole el único camino de la estampida poniendo en peligro la vida de más de 100 mil estudiantes.
Muchos de los enfrentamientos son iniciados por la policía; pero, la mayoría son generados por un llamado vandalismo interno con más de una aristas. Unos lo atribuyen al financiamiento de sectores privados que apuestan al colapso de la UASD; otros, a sectores del gobierno que promueven el cierre y privatización de la UASD; y, no faltan quienes entienden que nacen en las entrañas misma de la universidad, de grupos que han hecho del vandalismo su modus operandi y su mejor negocio. No falta quien entiende que esta conducta también está promovida por policías infiltrados en su personal administrativo y estudiantil que obedece a intereses ajenos a la UASD. Cualquiera de las causas de este crimen terrorista y vandálico de la policía o interno de la UASD, es una conducta abominable, que toda la comunidad universitaria y la sociedad debe condenar y rechazar.
La relación de la UASD y el Estado está regulada jurídicamente en la ley 5778 por una relación porcentual, no, presupuestal. En razón de esta misma ley y por entender que la Constitución establece que la sociedad dominicana es una comunidad regida por un Estado Social de Derecho y Democrático, y ante esta realidad política y jurídica e independiente de otros métodos, el camino de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, debe ser exigir la legitimidad y respeto de la ley 5778, ante el Tribunal Constitucional y proceder penalmente contra el director (jefe) de la policía por los crímenes y delitos cometidos contra la UASD por sus subalternos.