El año en curso ha sido declarado por el gobierno como el Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional, a través del decreto 728-10, pero hasta ahora, con sus honrosas excepciones, esta disposición solo ha servido para adornar el papel cabecilla oficial, sin que se note una voluntad política real de pasar de la palabra a la acción.
Los optimistas (algunos nos llaman ingenuos) nos entusiasmamos una vez más cuando surgió la Iniciativa Participativa Anticorrupción, conjugando los esfuerzos de sector público y sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional. Este proyecto sigue en marcha, y aunque se encuentra rezagado en sus metas, sigue avanzando. Sin embargo, desde el gobierno se esfuerzan en darles argumentos a aquellos que nos llaman ingenuos, sobre todo cuando se leen noticias como la del Vacacional Ercilia Pepín en Jarabacoa, o la asignación grado a grado de un contrato de casi cuatrocientos millones de euros para una carretera en la frontera.
La realidad es que la lucha contra la corrupción es una guerra perpetua, y deberán librarse muchas batallas con la finalidad de reducir sus efectos. La Iniciativa Participativa Anticorrupción es sólo un frente en el campo de batalla, que no debe descuidarse, pues algunos logros ya se han obtenido y esperamos que otros también se alcanzarán.
Otro esfuerzo es el proyecto de monitoreo anual a la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que realiza Participación Ciudadana, y cuyos primeros informes fueron desastrosos, con contadas excepciones, pero que al cabo de poco tiempo ha comenzado a producir el efecto deseado, empujando a entidades públicas a mejorar sus niveles de transparencia.
Resaltar las excepciones, aquellas entidades públicas con buenos niveles de transparencia, debe ayudar a que otras sigan su ejemplo. En el monitoreo correspondiente a 2010, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Salud Pública obtuvieron la mayor puntuación obtenible (100 sobre 100) y otras catorce entidades obtuvieron sobre los noventa puntos, entre las que se destaca la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia.
Es digno de imitación el ejemplo de la DGII, que a pesar de haber obtenido la máxima puntuación posible, acaba de relanzar su portal de transparencia, mejorándolo aún más.
En los tres últimos lugares del monitoreo realizado por Participación Ciudadana para el año 2010 se encuentran la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (15.5 puntos sobre 100), la Superintendencia de Seguros (14.8% sobre 100) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (12.5 puntos sobre 100). Estas tres entidades, y otras doce, para un total de quince, ni siquiera han designado al responsable de la oficina de libre acceso que toda entidad pública debe tener por mandato legal.
A este Año de la Transparencia le faltan seis meses para terminar, y esperamos que el gobierno quiera mostrar mejores indicadores en la Iniciativa Participativa Anticorrupción, cuya próxima evaluación será en septiembre. La lucha debe continuar en todos los frentes.