“Una práctica que nace del espíritu republicano que obligó a todos los actores a respetar las minorías, a cultivar el dialogo y la amistad cívica, y a aplicar un sano criterio programático alejado de dogmatismos y sectarismos que pudieran poner en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad”. Roberto Ampuero.
Pasar de un modelo político-administrativo a otro, requiere de un conjunto de acciones programadas entre los que dirigen y los que están llamados a dirigir; ya sea, por elección popular o por designación jerárquica de la autoridad competente. Amerita de una evaluación sistemática y exhaustiva que permita al entrante, la comprensión de la complejidad que supone la administración de los recursos del Estado en beneficio de una colectividad cuando se carece de experiencia.
Llevar a cabo esta encomienda, amerita un tiempo determinado para la realización de ciertas investigaciones que aclaren, si fuese necesario, el accionar de los funcionarios en determinadas circunstancias. Y, permite al nuevo incumbente, sostener una relación afable con el ser y el hacer del cargo a representar. Desde luego, después de haber despejado razonablemente y sin prejuicios, cualquier duda sobre procedimientos anómalos de su antecesor.
Esta herramienta política, legal y administrativa, favorece también, crear un ambiente de sostenibilidad democrática, sobre la base de la continuidad de los sistemas instaurados, cuyas operaciones, demuestran efectivad en la realización de la función que desempeñan. Y, ponen de manifiesto, la voluntad política para el establecimiento de las vías que permitan la gobernabilidad de la cosa pública sin la necesidad de dañar procedimientos ni acudir a los excesos por politiquería farandulera.
En ocasiones, las autoridades salientes, escamotean y falsean datos con el fin de camuflar, ocultar o encubrir incoherencias de su gestión. Con ello, pretenden evadir la responsabilidad que sustenta el sistema jurídico, instaurado para castigar agravios y resarcir las acciones dolosas en contra del pueblo que le confió su destino al funcionario corrupto. Deshaciendo con sus actos, al político honesto y trasparente en el manejo de los fondos públicos que exige la sociedad.
Bajo el manto de esta pandemia, global e inmisericorde, que nos agobia y confina como encartados de la justicia a la sombra de las paredes de nuestras casas, muchos alcaldes serán sustituidos por compañeros o adversarios, y los métodos para reemplazarlos… también. Sin que ello signifique, la extinción de la responsabilidad desprendida de algún escarceo pernicioso en perjuicio de la población.
Es necesario, y todos comprendemos, el establecimiento excepcional de la modalidad virtual que requiere, en ocasiones, la especificación de las autoridades sanitarias para el sostenimiento del distanciamiento social que contrala y disminuirá progresivamente la expiación del Covid-19. Asimismo, el respeto a las normas que amparan mediante mandato de la ley, la verificación del accionar político, en un escenario en que se desprende como figura concreta, la posibilidad de mandar una señal de mejora sustancial de los servicios públicos y de corregir entuertos acumulados por ignorancia o por asociación.
La gestión de la transición previo al veinticuatro de abril, como establece la ley para las autoridades electas en los municipios, en medio de las restricciones impuestas por el gobierno central a causa de dificultad que nos arropa, tiene lecturas futuras en un presente espinoso. Pero las decisiones de aquel que resultó electo en los comicios de marzo, es, entender que le esperan tiempos difíciles, y que al asumir la responsabilidad cómo dice -Gregorio Luri-, debe recordar que: “Su misión fundamental es institucionalizar la conexión entre el poder, el derecho y el ciudadano”.