Existen dos tipos de reformas a los sistemas de pensiones: 1) Reformas estructurales y 2) Reformas paramétricas. Las reformas estructurales conducen a la creación de un nuevo sistema de pensiones, mientras las reformas paramétricas promueven cambios en los parámetros del sistema de pensiones y, por tanto, no cambian la estructura del modelo existente. Las modificaciones paramétricas más recurrentes son: i) aumentar la tasa de cotización, ii) aumentar la edad de retiro, iii) variar las condiciones de acceso a los beneficios, y iv) disminuir los beneficios.
Hemos documentado el saqueo que representa el mal llamado sistema de seguridad social instaurado en República Dominicana. Si el de Chile fue impuesto con una tiranía sanguinaria en 1981, el dominicano se aplicó en un pacto entre los grandes grupos financieros y la banca internacional, aliándose a la alta clase política, sin verdadero contrapeso social. Un claro ejemplo de la democracia restrictiva y la hiper-concentración de poder vigentes en el país.
Dado que se llama “seguridad social” pero en realidad funciona -en palabras de un connotado dirigente político dominicano- como “negocio seguro”, afirmamos también que se trata de un sistema de corrupción legalizada. Y se está planteando una reforma de carácter paramétrico, sin tocar en nada la estructura de este negocio gigantesco, para afectar, otra vez, a la clase trabajadora y a la inmensa mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios dominicanos.
Aumentar la edad de retiro es un costo más para la gente y la evidencia internacional dice que no resolverá nada. La OCDE en 2017 determinó que en Chile la edad real de retiro para las mujeres es de 67 años y para los hombres es de 68. Ambas edades están por encima de las que postula la ley, y se puede verificar la precariedad de las pensiones realmente existentes, con un 90% de pensionistas que recibe menos de 9000 pesos dominicanos mensuales, y obtienen solo la mitad de la tasa de reemplazo que rige en Argentina.
Por otro lado, la disminución de la comisión anual complementaria que cobran las AFP apenas disminuiría el grado escandaloso del saqueo parasitario que se ejecuta, pero no más de ahí. Hemos demostrado, con números y argumentos que, aunque la comisión de las AFP fuera igual a 0, esto no cambiaría en nada realmente importante las pensiones de miseria que se proyectan para el país, las peores de América Latina.
En cuanto a aumentar el aporte de los empleadores, sería terriblemente injusto hacerlo sin cambiar las reglas del juego. Las AFP invierten y ganan dinero poniendo el dinero de los dominicanos a prestarlo a los propios dominicanos, mediante deuda pública (76%) y préstamos bancarios (15%), mientras sólo 6 empresas participan del pastel y sólo un 4% de toda la inversión se coloca en ellas. ¿Con qué derecho pedir a los empleadores que aporten más dinero a esta piñata financiera que no aporta nada a la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo, y menos a pensiones dignas?