Podría quedarme en silencio. Pero el imperativo moral me lo impide. Y es que me resulta abosolutamente necesario recordar que en el fondo esta tragedia se trata de las personas que fueron víctimas de la explosión de un tanquero de GNL. Heridos, fallecidos, sin hogar. Hombres, mujeres, niños, ancianos.
En la prensa tradicional solamente encontré los nombres de estos fallecidos:
Claudio Hernández Jiménez, de 46 años de edad;
Julio Salazar Mejía, de 49 años;
Ronny Vargas Féliz, de 31 años,
José Alberto Encarnación Arias, de 44 años,
Rafael Contreras Báez, de 55 años.
Lamento no encontrar 3 de los nombres de estas personas fallecidas. Si alguien los encuentra favor de incluirlos en los comentarios.
En la prensa digital no tradicional una lista de víctimas que ya quedó desactualizada:
Mis sentimientos y condolencias hacia las víctimas y sus familias.
Estas personas son (o fueron) personas, que sentían, amaban, trabajaban, reían, lloraban, tenían necesidades. Personas en su mayoría, si no todos de muy escasos recursos económicos, sociales, materiales, de apoyos. Personas sin un representante de relaciones públicas o de comunicaciones, ni con accesos fáciles a los despachos de autoridades públicas, ni forma de pagar comunicados públicos en los periódicos nacionales. Si uno googlea sus nombres, seguramente ni siquiera aparezcan disociados de la tragedia.
Mi concepto de la ética me impide al escribir esta nota, importantizar y mencionar a las empresas envueltas en la tragedia. Esas empresas, que aparentemente ahora utilizan todo tipo de estrategias y acciones cuestionables para defender su dinero y sus intereses. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que las noticias se están dirigiendo al supuesto manejo errado de relaciones públicas de las empresas, a los supuestos incumplimientos de normas y leyes, a los permisos necesarios que aún se desconoce si existen, o en que circunstancias fueron otorgados, a prácticas laborales de supuesta dilución de responsabilidad laboral, a los estándares y protocolos de seguridad industrial de ambas empresas, y su supuesta existencia y aplicación para casos de emergencia. Mucho mucho ruido que llama a sospecha de que hay muchas cosas que supuestamente podrían no haber estado en buen y debido orden.
Poco me importa en verdad, si habrá o no “tambores de guerra”, en este momento, después de escuchar la entrevista de Huchi Lora a familiares de las víctimas en Youtube, tratando de cobrar el exiguo seguro de accidentes laborales, descubriendo que sus familiares ni sabían quién era el verdadero empleador de los fallecidos. Tampoco me dejare seducir y caer en especulaciones de los vericuetos del poder económico dominicano. Eso no es lo que me mueve a escribir esta nota.
8 personas han muerto, cientos están heridas, hospitalizadas, otro tanto se ha quedado sin techo. Es mucho dolor lo que hay en Villas Agrícolas. Eso es lo que ahora considero esencial.
Corresponde a las autoridades competentes responder correctamente. Obviamente ya se está dando el servicio de salud que amerita la emergencia. También llueven las ofertas asistenciales. Esto no basta.
Es imprescindible que se den noticias de que el Ministerio Público esté investigando activamente sobre las responsabilidades del caso, y armando su teoría de esta tragedia, a fin de determinar los niveles de responsabilidad por acción u omisión de cada una de las partes envueltas, y presentar las acusaciones que correspondan. Pero esta labor pública fundamental no solo corresponde al Ministerio Público, hay una serie de instituciones responsables de otorgar permisos y vigilar conductas que tienen que abrir investigación para determinar responsabilidades, como por ejemplo Ministerio de Industria y Comercio, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, por mencionar algunos. Hay mucho regulador inactivo en esta tragedia.
Las investigaciones deberían arrojar luz sobre los hechos acontecidos, pero también sobre la regularidad de permisos de todo tipo, regularidad de operación de las empresas envueltas, cumplimiento de normas de seguridad industrial en cada caso. Las mismas podrían evidenciar responsabilidades, tanto por acción como por por omisión. Sí, por omisión. Una empresa que no cumple con las normas legales que le son aplicables es responsable por omisión. Una empresa que no puede evidenciar el cumplimiento de las normas, la trazabilidad de sus procesos y protocolos, puede ser encontrada responsable por omisión. Podría haber responsabilidad corporativa, o personal, según se pueda evidenciar fruto de las investigaciones.
De otra parte, toda autoridad gubernamental que autoriza operación de negocios al margen de la legalidad, en incumplimiento de cualquier norma, podría resultar responsable. Toda autoridad con potestad de inspección y vigilancia podría resultar también responsable en este caso. Y la responsabilidad puede ser por igual institucional o personal.
Se requieren investigaciones de las autoridades competentes convincentes, rigurosas, profesionales, imparciales e independientes.
La tragedia de Villas Agrícolas tiene que generar consecuencias a los responsables, proporcionales al daño causado. Debe haber sanción y resarcimiento a las víctimas conforme a derecho. No me valen conclusiones apresuradas de las autoridades, por la presión social, mediática o por otro tipo de presiones.
Las personas víctimas de esta tragedia, estas personas sufrieron, y algunas aún están sufriendo y esperan un trato digno. Por respeto a su dignidad como personas, las autoridades están obligadas al mayor empeño en dar una respuesta cabal, rigurosa y responsable. No hacerlo seria un abuso y una revictimización.