Es cierto que la comunidad internacional tiene un compromiso con la recuperación de Haití, pero como todo en la vida tiene un límite. Las naciones desarrolladas, que pueden asumirlo, encaran sus propias dificultades. Los europeos enfrentan un flujo de migración que ha puesto a prueba los ideales de la unión por los efectos en su escala de valores, a lo que se añade una amenaza real de violencia y terrorismo que ya ha mostrado su rostro.
El compromiso con Haití es de los haitianos. Son ellos los responsables del progreso, si lo alcanzan, o del estancamiento en que han vivido siempre debido a sus malquerencias políticas, su tradición autoritaria y su incapacidad para preservar el medio ambiente y coexistir con instituciones democráticas. La vecindad crea un compromiso a nuestro país íntimamente relacionado con el punto más débil de las relaciones bilaterales, como es la migración creciente y sin control hacia esta parte de la isla que hace tiempo se hizo inmanejable, con su peligrosa secuela económica, social e incluso política. El flujo migratorio ha originado un desplazamiento de mano de obra, con un empobrecimiento del salario y una amenaza al sistema de seguridad social. Pero más allá del compromiso moral de solidaridad que nace de nuestra tradición cristiana, y que se ha expresado en los peores momentos de tragedia, en una ayuda masiva, por encima incluso de nuestras posibilidades económicas, no nos cabe ninguna otra obligación.
La ayuda internacional es necesaria para socorrer a millones de haitianos huérfanos de toda posibilidad. Pero hay allí una élite económica, en control de todos los bienes nacionales, que nada hace por su país, con fortunas basadas en un infame sistema de explotación en el exterior, y que prefiere los aires de libertad que respiramos aquí para estar seguros cuando el hambre y la desesperación terminen de destruir lo poco que todavía allí existe.