Tiene alguien que perder la vida para que en este país prestemos atención a situaciones que debieron ser corregidas y no lo son porque por encima de la vida humana está el interés político partidario, la corrupción, el clientelismo, la forma fácil de hacer política.
Un mal día de diciembre de 1986 a Joaquín Balaguer, el padre del uso de la corrupción para fines políticos, se le ocurrió que no bastaba una Secretaría de Obras Públicas y que le era más conveniente duplicar este ministerio al margen de la ley, a puro decreto, y crear una entidad que ejecutaría funciones similares, pero que despacharía desde el Palacio Nacional, con recursos del presupuesto correspondiente a la presidencia, que siempre han estado protegidos por el presidencialismo que afecta a este país.
Se le dio el rimbombante nombre de Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, para que todo el mundo creyera que no construiría sino que fiscalizaría a los constructores, aportando una transparencia inexistente en esa área, pero la verdadera finalidad era facilitar la repartición de obras públicas a allegados con fines políticos con fondos de la presidencia que nadie se atrevía a fiscalizar.
De esta manera la OISOE convirtió al presidente de la República, a quien reporta su director, en un ministro de obras públicas, fomentando el clientelismo y la corrupción desde el propio despacho presidencial y sobre todo dificultando el control de los fondos públicos que desde allí se manejan.
Balaguer salió del poder pero no su engendro y así llegó Leonel Fernández, luego Hipólito Mejía, Fernández de nuevo y finalmente Danilo Medina y parece que a todos la idea de Balaguer les pareció maquiavélicamente genial y no hicieron nada por dictar un decreto eliminando la OISOE y pasarle todas sus actividades al Ministerio de Obras Públicas, como sería lo correcto.
Por el contrario, en 1987 se dicta otro decreto creando la Oficina Supervisora de Obras del Estado, durante el gobierno de Hipólito Mejía, el mismo 16 de agosto de 2000, y se traspasan las responsabilidades y activos de la Oficina Coordinadora a la Oficina Supervisora, consolidando el modelo balaguerista, cuando debió eliminarse.
Como se trató de una entidad creada para el fraude, la corrupción, el engaño, no pasó mucho tiempo sin que su mala fama se incrementara, lo que de tiempo en tiempo ha originado protestas por la duplicidad que entraña, sin que las mismas hayan hecho efecto en el mandatario de turno.
Los escándalos en la OISOE se han repetido a través del tiempo, llegando a coronarse como el espacio más corrupto bajo la dirección de Félix Bautista, tal como lo narra la acusación presentada por la Procuraduría General de la República contra el actual Senador por San Juan de la Maguana, que cita cuentas a través de las cuales pasaron alrededor de 26 mil millones de pesos. Estudios realizados por Participación Ciudadana asignaban un cero a la OISOE en las evaluaciones sobre transparencia en las entidades públicas, pues esta entidad se creó para el fraude no para la transparencia.
El actual presidente Danilo Medina quiso distanciarse de la corrupción rampante del gobierno anterior de su propio partido, pero no lo ha logrado pues de nuevo la OISOE se ha convertido en piedra de escándalo, primero con la reconstrucción del hospital Darío Contreras y luego con repetidas prácticas corruptas relacionadas a la asignación de obras, que llevaron al suicidio al Arquitecto David Rodríguez García.
La historia del Arq. Rodríguez no es nueva y la he escuchado a través de los años como una práctica consuetudinaria: asignar una obra y cobrar comisiones para agilizar el pago de las cubicaciones.
El presidente Medina debe estar consciente del daño tremendo que la OISOE le ha hecho a su gobierno, y a su propia imagen, con tanto esmero cuidada, pues se trata de fraudes en la construcción de hospitales y de escuelas. Recordemos cómo se impulsaba desde el gobierno los concursos o sorteos para la asignación de este tipo de obras, sobre todo de escuelas, que se realizan por todo el país gracias a que el Ministerio de Educación por fin logró el 4% del PIB y tenía fondos para un programa de esta naturaleza. Se anunciaban verdaderos concursos, que beneficiarían a profesionales de las comunidades donde se construirían las obras y no a los sempiternos contratistas del Estado.
Pero pocos se percataron que esos constructores eran mucho más vulnerables, pues la mayoría no poseían recursos propios y por lo visto varios cayeron en las garras de los corruptos, con la vieja práctica de pagar comisiones para sacar el pago de las cubicaciones, y con métodos más novedosos, como prestarle recursos a altas tasas de interés. Cuando terminaban las obras muchos contratistas debían más de lo que recibían.
He escuchado casos de pura irresponsabilidad, en los cuales los funcionarios públicos animan a los contratistas a endeudarse para avanzar las obras, no durante el tiempo previo a la primera cubicación, sino a través de todo el tiempo de la construcción, por lo que los costos financieros y los atrasos en los pagos terminan tragándose los potenciales beneficios y dejando endeudados a los contratistas, y logrando un financiamiento gratuito para el Estado a costa de la estabilidad financiera y emocional de los contratistas, creando condiciones ideales para el chantaje y la extorsión. Al margen de la corrupción que se pueda esconder detrás de este sistema, esto atenta contra la dignidad humana tantas veces mencionada en nuestra Constitución.
Es una vergüenza que sea ahora cuando los ministerios de Obras Públicas y de Educación y la OISOE declaren que crearán una mesa para agilizar los pagos a los contratistas, sobre la sangre derramada por el Arq. Rodríguez. Esta declaración incrimina a los funcionarios públicos que se preocupaban en la terminación de las obras para que el presidente pudieras inaugurarlas, pero no por el pago puntual a los contratistas. En el caso del Arq. Rodríguez la escuela que construyó fue inaugurada hace un año, pero el pago solo se le vino a realizar apresuradamente luego de su muerte.
Lo que ocurrió no debió haber ocurrido si el presidente Medina hubiese cumplido con el Protocolo por la Transparencia que firmó el 7 de mayo de 2012, con Participación Ciudadana y Transparencia Internacional, en el que se comprometió a “auspiciar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sea excedentes.” Para el caso de la OISOE el presidente Medina ni siquiera necesitaba de una ley, pues así como se creó por decreto podía eliminarse por decreto.
¿Habrá que esperar nuevas víctimas para hacer lo que nunca se ha hecho?