En estos tiempos hablar del delito es controversial. Mencionar losderechos del imputado se ve indignantepor una sociedad que se cree asediada por el delito. Otros piensan que losderechos humanos y sus garantías son incompatibles con un régimen de controldel crimen eficaz. Muchos llegan a la conclusión de que tenemos leyes que supuestamenteno se adaptan a nuestro estadio de desarrollo.
El debate sobre las soluciones al problema de la criminalidad se enfoca enlas reformas al Código Procesal Penal, lo cual me parece una visión muy miopeal problema de la criminalidad porque no se está partiendo de un análisispolítico criminal adecuado. Y si ello es así nada garantiza que esa pretendidasolución funcione.
Un buen análisis de este tipo, que desemboque en estrategias derespuestas coherentes, generalizadas y persistentes debe tomar en cuenta almenos tres elementos: 1) diagnóstico del problema; 2) actores relevantes; y, 3)los recursos disponibles.
El diagnóstico del problema servirá para comprender la realidad cuyocambio se procura a través del diseño de una política pública contra lacriminalidad. El fenómeno del delito debe abordarse no como una infracción a laley, sino desde un punto de vista empírico, pues tiene lugar en el seno de lasinteracciones sociales. El discurso dominante busca las causas del delito en elindividuo construyendo una imagen moral o biológicamente defectuoso del "delincuente".De ahí que sea inmoral, para algunos, hablar de derechos del imputado. Elanalista político criminal debe desafectarsede estas concepciones moralizantes para poder comprender la realidad deldelito sin componentes ideológicos que terminen distorsionándola, pues lo queestá en juego es la eficacia de la respuesta al delito.
Las construcciones alternativas, aún ideológicas, del concepto de delitoson parte del juego del diseño de una política criminal, pues los individuos, através redes, agrupaciones, medios de comunicación, etc., tiene el legítimoderecho de transmitir sus necesidades, preferencias y expectativas y suatención justifica la intervención del Estado. Esto no significa que el mensajeno deba ser decodificado para poder hacer una evaluación hasta cierto puntofiel del fenómeno delictual; las políticas públicas no pueden satisfacer todaslas preferencias de los ciudadanos en los términos que lo planteen; sí puedengestionar un problema social porque interrumpe los procesos de desarrollo delos individuos, no porque sean moralmente malos de acuerdo a cualquierparámetro moral o religioso. No se puede dejar de reconocer que de todos modos,la sociedad civil es un ente importante en el desarrollo de cualquier política,como agente de cambio y beneficiario.
La naturaleza del conflicto es la que va a determinar de qué forma debeser gestionado el conflicto. Varios recursos son útiles para ello: la norma, laviolencia (pena), el recurso humano, los recursos financieros, mecanismosalternativos de resolución de conflictos, entre otros.
Tomar una decisión política sobre el aumento o disminución de la pena ode las garantías debe estar precedida de un análisis racional que haya tomadoen consideración el impacto de dicha medida en el fenómeno sobre el cual seproducirá la intervención. Por no tomar esto en consireac
No es un argumento racional el que afirma que no estamos preparados parauna normativa procesal para la que tenemos simplemente porque garantizaderechos humanos. Ni tampoco la conclusión de que debe ser modificado paraadaptarlo a la realidad porque no se pone el énfasis en la eficacia. Si tenemos buenas leyes, en términos de queprotegen las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, pero recursoshumanos insuficientes o incapaces, la respuesta no debe ser la de recudir elnivel de garantía de los derechos. Creo que es peor tener malas leyes y malosrecursos humanos, pues la política de respuesta al delito que surja de ahí seráde pésima calidad y los perjudicados serán los ciudadanos que reclaman susolución.
Si la preocupación es la resolución del problema del delito, debemospreocuparnos por tener un recurso humano adecuado que lleve a cabo lasejecutorias normativas de manera eficiente.