Al momento en que escribo estas líneas, continúan los trabajos de construcción de una Terminal de autobuses en una zona protegida del Parque Mirador del Santo Domingo Este. A pesar de que en días recientes el Tribunal Constitucional (TC) determinó que cesara ese proceso, confirmando de esa manera dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Y el gobierno ni la empresa a cargo hacen caso a esas disposiciones.
Casi siempre ocurre que las instancias judiciales se supeditan a los designios del Poder Ejecutivo, poniendo en claro que no existe la independencia de poderes que señala el sistema de democracia representativa, fundamento del régimen político dominicano. De hecho, una justicia independiente, separada de la influencia directa del gobierno, es uno de los reclamos especiales de ciudadanos, y promesa de algunos candidatos, en el proceso electoral en curso.
Pero también ocurre lo que ahora en el caso de la Terminal en el Parque del Este, que dos tribunales, entre estos el Constitucional, en un atisbo de independencia encomiable, toman una decisión explícita, no sujeta a interpretaciones, ordenando la paralización inmediata de la construcción de marras, y tampoco se hace caso.
Lo de rigor es que se habiliten las disposiciones jurídicas, para que algún juez disponga que la fuerza pública haga que se cumpla la disposición del TC.
Así anda la institucionalidad del país.
El reclamo de que no se construya esa Terminal por la afección de diversa índole que provoca al medio ambiente y a la tranquilidad de los vecinos, tiene todas las de una demanda pública. Defensores de un medioambiente sano, y activistas políticos y comunitarios que se dedican al cuido del bienestar del pueblo, han desarrollado una labor de sensibilización a la sociedad sobre los males que provocaría esa construcción, y en ese proceso han sido asistidos por instituciones como la UASD, la Academia de Ciencias y muchas organizaciones ecologistas.
El resultado ha sido la asunción del reclamo por parte del pueblo de Santo Domingo Este, que en una especie de plebiscito presentado por ante el Ayuntamiento de ese municipio, ha dicho no a la construcción en el lugar señalado, proponiendo incluso otras áreas donde pudiera hacerse.
Es una demanda pública, con todas las del rigor planteado por la ciencia política. El pueblo se ha constituido en torno a la misma y un grupo de activistas sociales y políticos, entre los que destaca el artista y aspirante a Alcalde, Manuel Jiménez, un hombre que por su rectitud de vida pública y privada tiene una reputación con fe pública.
Tampoco se le ha hecho caso a un pueblo unido en un reclamo.
Pero hay otro hecho que debe llamar la atención, y es que esa construcción fue otorgada "grado a grado", y sin el debido estudio de impacto ambiental que es requisito para cualquier obra civil, por el entonces Ministro de Obras Públicas y hoy candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, a la empresa Ingeniería Estrella, relacionada con Odebrecht en muchos escándalos de corrupción que han sacudido al país.
Son muchas aristas en este sólo caso. En resumen: violación a las leyes de contratación pública y a las reglas para la construcción de obras públicas; desconocimiento a las determinaciones de tribunales superiores; e indiferencia ante la voluntad popular.
Todo un caso por el cual el gobierno debe responder; si no ahora, entonces pagar culpas en las urnas, el 16 de febrero y el 17 de mayo.