Acento ha expresado, a través de varias entrevistas, su interés por la relación entre política y sistema judicial. Son cuestiones inseparables. La naturaleza de la justicia está atada a la garantía normativa, que tiene un alto contenido de poder. El mismo diseño del sistema, asumiendo el famoso check and balance anglosajón, supone un carácter político de la justicia. Sin embargo, esta noción no es igual a la judicialización de la política. Hablamos de este fenómeno con la mira en la política (lo político) y no en el poder judicial.
Imaginemos que todos los conflictos públicos se resolvieran en los tribunales. Vayamos más lejos: pensemos en la política sin diálogo, sin la legitimación que suponen el debate y el escrutinio públicos. ¿Sería posible en un sistema social complejo regir únicamente desde el aspecto normativo? El marco, la tara analítica, de quienes asumen el Derecho como un antídoto para todos los problemas, desconoce que hay una visión política y una visión sociológica (complejas) de lo estatal y de la convivencia. No es posible evaluar las cuestiones públicas únicamente desde la lógica jurídica. De hecho, hacerlo es muestra de un desconocimiento mayúsculo de la dinámica social.
Lo lastimoso es que esa lógica pone en peligro la independencia judicial, vulnerable cuando la opinión pública (fruto de la falta de información) asume como problemas de la justicia los temas que son responsabilidad de la política y viceversa. Los jueces, al no contar con el ensalmo del voto popular, tienen todas las de perder en este esquema y con ellos la institucionalidad.
Para no quedarnos en teoría veamos el caso del sonado (soñado) 4% legal para la inversión educativa. La norma existente, no basta para su propia aplicación. El Estado, ese sistema en el que confluyen fuerzas y escenarios, funciona con mucho más que matemática jurídica. La aplicabilidad de la ley (el enforcement) depende de muchísimos aspectos de mayor e incluso menor peso específico social que una sentencia. El yerro del movimiento social más importante de los últimos diez años ha sido el de no interpretar su vocación de construcción de consenso. La miopía de algunos sectores impidió que, como en algunos casos ejemplares de fuera, se pusiera más interés en lograr incidir en el proceso de políticas públicas que en la presión. Lograr el cumplimiento de la ley, será el fruto de todo un entramado de acciones que supone (exige) la contemplación de estrategias mucho más poderosas que tomar el espacio público (aunque esto también pudiera ser necesario).
Ya los imagino halarse las hebras (quienes las tienen) e invocar la supremacía de la Constitución y el imperio de la ley. Pero la realidad es otra. Aunque no lo queramos, la norma no basta con ser norma para que pueda cumplirse. Inciden tantos factores como ciudadanos existen. La visión normativa del funcionamiento estatal es el fruto de una tara que heredamos del predominio de los abogados en la cosa pública.
Quienes empujan por la judicialización de la política lo hacen, en palabras de Hemingway, "como lombrices de tierra dentro de una botella, tratando de nutrirse a partir del contacto entre ellos y de la botella". Y lo hacen, quizás a sabiendas, porque le temen a la política y a la construcción social.
La judicialización de la política es la bandera blanca. El grito de rendición de los sectores que tenían (tienen) el deber de construir una herramienta social y política alternativa. Es la muerte lenta de la política y con ella, la vía de reivindicación colectiva. Repito: colectiva.