Ante los datos divulgados por Participación Ciudadana (PC) en su tercer informe de Observación Electoral en relación con el incremento de la publicidad gubernamental, el presidente Medina ha reaccionado en forma correcta al suspender dicha publicidad, excepto la que tiene que ver con la campaña contra el Zika, la de turismo en el exterior y la del Banco de Reservas.
Los datos ofrecidos por PC hablan por sí mismos: la publicidad gubernamental en enero y febrero de este año creció en más de un 100% en comparación con la del mismo período del año pasado. Además, de los mil 113 millones gastados, el Poder Ejecutivo ejecutó 841 millones, para un promedio diario de 14 millones. Muy diferente a los 5 millones 444 mil pesos que gastó en el mismo período del año pasado. Esto datos fueron extraídos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) del gobierno.
Un examen de la publicidad gubernamental refleja claramente que la mayor parte de la misma dista mucho de ser publicidad institucional (aquella que educa y orienta a la ciudadanía sobre servicios públicos) y tenía por finalidad exaltar la obra de gobierno del presidente y candidato a la reelección, lo que rompe con el principio de equidad que debe regir todo proceso electoral por mandato constitucional.
El ministro Peralta debió sencillamente comunicar la decisión del presidente sin hacer reparos que no necesitan desmentirse por obvios y que empañan la actitud correcta del presidente candidato. ¿Cómo justifica el ministro que se duplique la publicidad en los primeros dos meses del año? ¿O que la publicidad del ministerio de educación aumente en 238%? Lo mucho hasta Dios lo ve.
Lo justo sería dejar de lado el “morir negando” del ministro Peralta y valorar la decisión del presidente Medina de suspender la publicidad gubernamental, que manda un mensaje correcto no solo en estos momentos de campaña electoral sino sobre todo para lo que debería ocurrir luego de las elecciones, es decir la aprobación de leyes que regulen este y muchos otros temas del proceso electoral.
Luego de mayo debe articularse un fuerte movimiento que reclame, una vez más, la aprobación de una ley de partidos y de una ley electoral cuyas disposiciones vayan en consonancia con los principios constitucionales de “equidad” y “democracia interna”, para que los mismos dejen ser parte de la poesía constitucional que tanto gusta declamar pero no practicar.
Cuando se regule el tema de la publicidad deberán definirse con toda claridad los conceptos de publicidad institucional y publicidad electoral, para que puedan distinguirse claramente una de la otra. También deberán establecerse mecanismo de control y medidas cautelares a cargo de la Junta Central Electoral, suprimiendo la vana excusa del organismo electoral de que se necesita una ley para que ésta intervenga y garantice la equidad que manda la Constitución.
El presidente Medina ha sido drástico en esta ocasión pues ha cortado prácticamente toda la publicidad con algunas excepciones justificadas. No tengo dudas de que se podían hacer otras excepciones, por ejemplo divulgando la forma de utilizar el servicio 9.1.1, pero lo correcto luego de varios meses de uso intensivo de publicidad oficial que ha favorecido su candidatura, era que incluso cortara por lo sano, lo que entiendo una medida prudente, que merece la aprobación ciudadana.