En el análisis que del Presupuesto General del Estado se realiza en “Autopsia Fiscal” de OXFAM, resalta el dato de asignaciones de recursos por casi RD$7,000 millones a programas que -se dice- no aportan ningún valor agregado a lo que ya hacen otros ministerios y gobiernos centrales, como los gastos referidos en el Programa 11 sobre Fondos a Cargo del Poder Ejecutivo (más de RD$5,200 millones, consistentes en el 5% + 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central, conforme artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de Presupuesto), el Programa 18 sobre Coordinación y Fomento de las Actividades Culturales (RD$65 millones para la Comisión Permanente de Efemérides Patrias; vale decir, organismo que no justifica el uso de esos fondos con bienes o servicios que pueda producir a la sociedad) y el Programa 22 sobre Apoyo al Desarrollo Provincial (más de RD$1,600 millones a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, quien duplica y solapa funciones con múltiples otros organismos públicos).
Por otra parte, llama la atención el gasto público de RD$46,661.5 millones, equivalente al 1.1% del PIB en el año 2019, en las denominadas “Contribuciones especiales”. De este monto se distribuyen RD$22,900 millones para pensiones y jubilaciones (partida cada año en aumento exponencial aparentemente incontrolable), y el resto a transferencias que el Gobierno realiza a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, vale decir, que no tienen la obligación de incorporarse al proceso productivo obligatorio que -al menos teóricamente- si tienen los ministerios y otras entidades descentralizadas; también se advierten de ese monto partidas sin destino específico.
Dentro de las conclusiones del informe, las estimaciones realizadas revelan que el cúmulo de irregularidades en el uso de recursos públicos asciende a la exorbitante cifra de RD$154,759.7 millones, 3.6% del PIB del año fiscal 2019.
En las asignaciones de recursos públicos antes referidas se abordan casos respecto de los cuales bastaría voluntad política y lealtad a los valores públicos para salvar en lo inmediato del despilfarro o evaporación inútil, fondos suficientes para asumir con capacidad y eficacia proyectos de prioridad para todos los dominicanos, pues necesarios para la concreción de fines impostergables del Estado Social y Democrático de Derecho que pretendemos ser nominalmente; pero lo más lamentable es que son muchas otras las situaciones ya insalvables, que de haber intervenido dicha voluntad y compromisos políticos a tiempo para la reorientación de fondos públicos, hoy dispondríamos de un mejor presente, en términos de calidad de vida y dignidad humana; caso de las transferencias “especiales ” que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el “subsidio” del “peaje sombra” de la [peligrosa] carretera Santo Domingo-Samaná, que solo en el año 2019 costará al Estado dominicano RD$3,566.9 millones (mil millones más que el año anterior), respecto del cual, como precisa OXFAM, siempre será pertinente resaltar que “es uno de los casos de adjudicación de contratos por concesión vial más caros de la región, sobre todo porque ya el capital privado recuperó toda su inversión inicial y, aún con los costos de mantenimiento de la carretera, sus márgenes de ganancias son exorbitantes, (…), cuyo nivel de onerosidad es comparable con el primer contrato del Estado con Barrick Pueblo Viejo”
Es por eso que, de la mano de OXFAM me llega la convicción reforzada de que Atención Primaria no es -ni ha sido- de atención primaria para el Estado dominicano, como tampoco lo ha sido la posibilidad de afiliar el universo de dominicanos al sistema de seguridad social ni garantizar la real cobertura del costo de medicamentos, pues es claro que la causa de renuncia gubernamental a esos logros no es la incapacidad económica o presupuestaria, como ahora se alega con irresponsabilidad mayúscula.
Simplemente, resulta irracional apelar a la incapacidad económica para justificar la imposibilidad de proyectos de interés general cuando, en el mismo contexto temporal, no se considera esa variable para actuar frente a la dilapidación de fondos públicos. Como otra muestra ilustrativa de esto, tómese el caso de la permisión -o vista gorda- a que la Junta Central Electoral deje -sin más ni menos- a la libre voluntad -aún sin definirse- de los partidos políticos, el método de votación (automatizado o por boletas) a implementarse en las próximas elecciones, independientemente de las diferencias de costos entre uno y otro, y luego de las cuantiosas inversiones realizadas al efecto -en general casi RD$3,000 millones en juego-. Esa indiferencia de la JCE es tan criminal como la corrupción misma. Por igual, no porque faltan recursos el financiamento de las campañas electorales de todos los aspirantes políticos se encuentra garantizado contra todo riesgo, lo que identifica algo que sí es prioritario para el Estado dominicano.
En otras palabras, en República Dominicana por ahora no habrá Atención Primaria porque eso no es primario ni prioritario para los gobernantes que por su situación económica se consideran blindados contra los riesgos sanitarios o de salubridad que sí afectan a la gran mayoría de los miembros de esta sociedad (aprox. 8.5 millones); o bien, porque prioritario es ganar elecciones a como de lugar, cueste lo que cueste; o simplemente, porque la impunidad, la corrupción, el clientelismo, la irracionalidad, la falta de institucionalidad y de sensibilidad humana que han imperado no permitirán lo contrario.
Por todo lo anterior, cuando se escriba la historia de los Gobiernos dominicanos que se han sucedido unos tras otros hasta el primer cuarto de este siglo, no me sorprenderá leer en el largo capítulo titulado “lo importante que nunca se hizo ni quiso hacer”, una lista encabezada por “el sueño de un sistema nacional de seguridad social eficiente e incluyente”.