La supresión de las Fuerzas Armadas es un requisito para el desarrollo de nuestra sociedad. Razones no faltan. En primer lugar, las instituciones castrenses consumen una parte importante de nuestro presupuesto, la cual podría asignarse a áreas verdaderamente importantes. Por otro lado, durante una buena parte de nuestra historia, las Fuerzas Armadas han generado más problemas que los que han resuelto. Es cierto que en los últimos años se han institucionalizado, pero no completamente. Es cierto que se han profesionalizado, pero sus filas todavía albergan delincuentes. Es cierto que realizan labores positivas, pero no de carácter militar. Las Fuerzas Armadas son instituciones que no sirven prácticamente para nada. A estas se suma otra razón, quizás la más importante: su abolición no supondría en ningún modo una amenaza para la seguridad de nuestra nación.
Según estadísticas del Banco Mundial, las Fuerzas Armadas dominicanas consumen alrededor del 0.6 por ciento del producto nacional bruto. Si este fue estimado en 71 mil millones de dólares para 2016, podríamos afirmar que a las Fuerzas Armadas se le asignaron alrededor de 426 millones de dólares el año pasado. Y si el presupuesto nacional puede estimarse en alrededor de 12 mil millones de dólares, entonces los gastos militares representarían cerca de del 4 por ciento del presupuesto. A pesar de que estos datos son aproximados, son útiles para demostrar que las instituciones castrenses se benefician de recursos nada despreciables. Recursos que podrían invertirse en otras áreas, esenciales, esas sí, para nuestro desarrollo.
Uno de los sectores que podrían beneficiarse de la eliminación de las Fuerzas Armadas es el de la educación. A pesar de que la proporción del presupuesto nacional asignada a la educación se incrementó sustancialmente en el pasado reciente, esta dista mucho de un nivel adecuado. Si tomamos el ejemplo de Costa Rica, país que, como se sabe, eliminó su ejército hace varias décadas, los gastos de educación consumen algo más del 8 por ciento del presupuesto nacional de ese país. Es decir, la inversión en la educación costarricense representa, proporcionalmente, el doble de la nuestra. La salud es otro de los sectores primordiales que carecen de los recursos que se malgastan en la milicia. En este caso, las diferencias entre los presupuestos de salud de ambos países son aún más asombrosas. Así, mientras el gobierno dominicano invierte alrededor del 4 por ciento de su presupuesto en salud, el costarricense invierte…cerca del 25 por ciento, es decir, ¡Más de seis veces más!
Durante nuestra historia, las Fuerzas Armadas han sido más parte del problema que de la solución. Fueron el soporte de gobiernos dictatoriales como el de Trujillo y antidemocráticos como el del Triunvirato; asesinaron la recién nacida democracia mediante el golpe de estado contra Bosch; reincidieron en su aversión a la misma enfrentando a los Constitucionalistas durante la Revolución; traicionaron nuestra soberanía invitando a los yanquis a invadirnos; asesinaron a nuestra mejor juventud durante los regímenes de Balaguer; asesinaron también a Manolo Tavárez Justo y a Caamaño, dos de nuestros mejores líderes, así como a muchos de sus compañeros. La última vez que apuntaron sus fusiles no lo hicieron contra invasores, sino contra dominicanos: en 1984, sus balas acabaron con la vida de 125 dominicanos.
Las Fuerzas Armadas se han institucionalizado, pero hasta cierto punto. Prueba de que dicha institucionalización no es completa es el elevado número de generales, el cual viola sus reglamentos internos. Las Fuerzas Armadas actuales parecen apolíticas. Es posible que la triste escena de militares con tiras de colores políticos atadas a los cañones de sus fusiles no se repita. Sin embargo, resulta preocupante el que, en un momento dado, su ministro fuese hermano del presidente del Senado, uno de los principales líderes del partido de gobierno. Es de dudar que el primero fuera sinceramente apolítico.
Las Fuerzas Armadas se han profesionalizado. Muchos de sus oficiales son verdaderos militares de carrera. Muchos son profesionales. Muchos han hecho estudios militares o civiles. Pero sus filas son nidos de delincuentes. La droga las ha permeado. Algunos de sus miembros se han visto involucrados en “tumbes” y en “peajes” a los dueños de puntos de droga. Muchos oficiales disfrutan de un nivel de vida que sus modestos salarios no pueden justificar. Algunos se benefician de sobornos por compras como la de los Tucanos. Sus filas son permanentemente saneadas. Pero, así como un cáncer se cura con su eliminación total, así el problema de la corrupción militar solo se resuelve con la supresión completa de las Fuerzas Armadas.
Sería mezquino afirmar que todo es negativo. Los militares realizan labores positivas. Basta un ejemplo: su loable participación en programas de reforestación. Pero para sembrar pinos no hacen falta ni fusiles ni tanques de guerra. En realidad, las Fuerzas Armadas sirven para poco más que participar en inútiles y costosos desfiles militares cada fecha patria.
Muchos argumentarán que sin Fuerzas Armadas nuestra integridad como nación no estaría garantizada. Que la droga campearía por nuestros fueros. Sobre todo, que Haití nos invadiría de nuevo. Falso. La droga ya lo hace a pesar de (o debido a) las Fuerzas Armadas. El país está lleno de ilegales a pesar de (o debido a) que los militares “vigilan” las fronteras. Este último punto, el más sensible, carece de razón: el Haití de Dessalines no es el Haití de Martelly. El ejercito del primero venció a las tropas napoleónicas. El del segundo no tiene ni ejército. La inmigración civil ilegal no se combate con tanques de guerra. Los españoles aprendieron esa lección. En 1975, 350 mil marroquíes desarmados atravesaron la frontera y ocuparon el Sahara Español. El ejército español permaneció impotente: era impensable abrir fuego contra civiles desarmados. La inmigración civil ilegal no se combate con tanques de guerra: se combate con una estricta vigilancia de las fronteras. Se combate con la ley.
Existen dos razones por las que la supresión de las instituciones castrenses no pondría en peligro nuestra seguridad. En primer lugar, otros países lo han hecho exitosamente. En la actualidad hay 25 países sin fuerzas armadas. Entre ellos, Panamá y Costa Rica son los más parecidos a nosotros. Ambos tienen, no solo una frontera, como nosotros, sino dos. La segunda, la más importante es que no se trataría de una supresión pura y simple. Las funciones militares se transferirían a la policía. La lucha contra el tráfico de drogas, el control de las fronteras, por ejemplo, serían responsabilidad de instituciones especializadas, las cuales se beneficiarían de parte del presupuesto asignado con anterioridad a las Fuerzas Armadas. Ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea son los militares los que se ocupan de estas tareas, por solo citar un caso. Sería incluso recomendable la creación de una policía militar con muchos menos efectivos que el ejército, la fuerza aérea y la armada.
La supresión de las Fuerzas Armadas es un requisito para el desarrollo de nuestra sociedad. Y reclamar el desarrollo nacional es un deber ciudadano.