De acuerdo a los datos ofrecidos por la Junta Central Electoral (JCE), el PLD y aliados ha alcanzado 28 de 32 senadores, para un 93.3%, y 127 de 190 diputados, para un 66.8%, por lo cual esa coalición de partidos podría aprobar cualquier tipo de iniciativa en el Congreso Nacional sin apoyo de otros partidos, excepto la consignada en el artículo 83.1 constitucional, que requiere las tres cuartas partes de la matrícula de ambas cámaras para destituir por juicio político al presidente o vicepresidente de la República.
Esa súper mayoría alcanzada por el PLD y aliados entusiasma a unos, atemoriza a otros, o por lo menos genera legítima incertidumbre sobre cómo se utilizará en un país con pobre institucionalidad, donde existe un largo inventario de leyes pendientes de aprobación, como la de partidos políticos, electoral, código penal, responsabilidad fiscal, Mercado de Valores, Salud Sexual y Reproductiva, Policía Nacional, ordenamiento territorial, aguas, extinción de dominio, código civil, notarial, etc.
Aunque el PLD y aliados tenían una mayoría absoluta en las cámaras durante los últimos años, que le permitió aprobar préstamos sin dificultad, ahora el PLD puede hasta prescindir de los aliados para este tipo de aprobación, pues sin sus aliados posee mayoría absoluta.
Una modificación constitucional no requeriría de tantos arreglos subterráneos, pues la mayoría que se requiere es precisamente la alcanzada por el PLD y aliados.
Algo poco probable que ocurra es el inicio de juicios políticos contra funcionarios elegidos por voto popular o elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura o el Senado, para lo cual se requiere dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados para presentar acusación y la misma mayoría calificada en el Senado para la destitución, con las excepciones del presidente y vicepresidente, ya mencionadas.
Uno de los aspectos más relevantes y que está a la vuelta de la esquina es la elección por el Senado de los miembros de la JCE, que requiere una mayoría de dos terceras partes de los presentes. También el Senado deberá escoger con la misma mayoría, al defensor del pueblo y a la Cámara de Cuentas, de ternas presentadas por la Cámara de Diputados, aprobadas por +esta última con la misma mayoría.
Cuando se declara un proyecto de ley de urgencia, puede ser conocido en dos lecturas en sesiones consecutivas, pero en la segunda lectura requerirá de la mayoría de las dos terceras partes de los presentes, con la que ahora contará el PLD y aliados.
El voto de censura a un funcionario público que se niega a comparecer a la Cámara que lo interpela, también requiere de una mayoría de las dos terceras partes de los presentes, así como el rechazo de la observación que haga el Poder Ejecutivo de un proyecto de ley aprobado en las cámaras.
Esta misma mayoría se requiere para la aprobación de las leyes orgánicas, que son aquellas que regulan derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico y financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y la defensa. Igual mayoría se requiere para aprobar la celebración de referendos.
Los cambios en el régimen monetario y financiero han quedado protegidos en la Constitución, pues requieren dos terceras partes de la matrícula, excepto que haya sido iniciado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria, en cuyo caso requiere dos terceras partes de los presentes. Incluso la modificación del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo requiere dos terceras partes de los presentes, excepto que haya sido presentado con posterioridad al 1 de octubre, en cuyo caso las modificaciones solo requerirán de mayoría absoluta de la matrícula de cada cámara.
Es mucho el poder que ha alcanzado el PLD y aliados, sobre todo si se le suma el control del Consejo Nacional de la Magistratura, que designará a los jueces del Tribunal Superior Electoral a partir de agosto de este año, a cuatro miembros del Tribunal Constitucional a partir de diciembre de 2017, y de evaluar con facultad de cambiar a los diez y siete jueces de la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2018.
El gran ganador de estas elecciones ha sido el presidente Danilo Medina pues alcanzó un porcentaje que lo coloca como el líder indiscutible de su partido, y con un robusto músculo político que trasciende su partido. En lo adelante podrá atribuirse todos los méritos que se alcancen en los próximos cuatro años, pero deberá cargar con la responsabilidad de todos los fracasos, sin poder atribuirlos a otros. Ha quedado claro que este es “su” congreso, como también es su gobierno, y aspiramos a que use todo su capital político y su liderazgo, con la altura y responsabilidad debida, convirtiéndolos en el congreso y el gobierno de todos los dominicanos y dominicanas.
Danilo Medina tiene una gran oportunidad de dejar un legado importante a toda la sociedad, pero el camino que deberá transitar para alcanzar ese fin está plagado de peligros y tentaciones, que esperamos pueda vencer.