Si alguien quisiera encontrar las raíces de la impactante protesta de los choferes de carros públicos que tuvo lugar esta semana en la capital dominicana debía revisar aquella genial idea que tuvo el ministro de interior de ocho años atrás, Franklin Almeyda. Aquella vez colocó a la AMET dentro de la estructura de la Policía Nacional, aunque administrativamente bajo la Presidencia de la República. En ese momento aquella medida fue calificada por algunos como un disparate. La práctica ha demostrado que ha sido peor que eso. Se requintó así el último clavo al ataúd de una institución que había demostrado tener base técnica y ser facilitadora de las actividades vehiculares en Santo Domingo y en Santiago.
Con dicha transferencia se convertía entonces una entidad preventiva de accidentes y propiciadora del orden en una institución absolutamente represiva. De la política de la racionalidad profesional y el transporte como ciencia, se pasó a la práctica de reprimir y sancionar selectivamente sin importar el caos que provocaban por su desatención de la tarea principal. El comportamiento del tránsito en República Dominicana durante la reciente década no deja espacio para mentir. En cuanta medición universal hecha por organismos internacionales, República Dominicana aparece como el peor en comportamiento de movilidad y el primero en víctimas mortales por accidentes de tránsito. Nadie en su sano juicio y sin afanes politiqueros puede desmentir esos datos publicados recientemente por la Escuela de Negocios de España y cuanta institución internacional se ha tomado la molestia de revisar esta variable por todo el mundo. Y si el desastre es tan grande, ¿por qué han sobrevivido en sus cargos cada uno de los funcionarios que han provocado, por incapacidad o por negligencia, el desorden absoluto del tránsito por calles y carreteras del país? ¿Será porque el gobierno no está interesado en resolver el problema del tránsito sino en elaborar la coartada perfecta para continuar despilfarrando millones de dólares en Metros y elevados?
¿Cuál fue el reclamo de los choferes del transporte público cuando bloquearon la avenida 27 de Febrero por un par de horas? Insistían en reclamar el derecho a que sus vehículos livianos que sirven rutas “expreso” pudieran transitar por el túnel y los elevados de esa vía. Pero la Dirección de la AMET se niega a que esto pueda realizarse, aún sin contar con base legal para impedirlo. Evidentemente, quiere eternizar la aberración que impone el uso de esas estructuras sólo a los automóviles privados ya que, desde el inicio, está prohibido la circulación para los vehículos pesados, los autobuses y las motocicletas.
Debemos servir de memoria vicaria para recordar a las autoridades del tránsito que la Constitución de la República es muy clara en el acápite 15 del artículo 40, donde dice:
A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.
No es momento para inventar normas que no están sustentadas en las leyes de la República.
Además, es tiempo ya de que los agentes del tránsito dejen de ver a los conductores de vehículos de servicio público como enemigos. Esa política solo logra crear más enemigos del lado de la sociedad civil. Gobierno y pueblo no debían ser categorías excluyentes, como ahora parece predominar. Sabemos que todavía hay funcionarios sensatos en el gobierno de Danilo Medina, conscientes de que la solución a los problemas de las calles capitaleñas no está ni en el motoconcho ni en el Metro. Sensatos además porque ven a la sociedad civil como aliados, no como enemigos a ultranza. ¿No ha pensado alguien del Palacio Nacional en que hay que concertar una tregua para que funcionarios y dirigentes del transporte le echen un ojo a la Constitución y al futuro de este país? ¿Qué esperan? ¿Algunos choferes muertos por la intransigencia de AMET y la Policía Nacional?
De alguna forma sensata debe erradicarse el enfoque del problema del tránsito como asunto de nosotros contra ellos. Haber llevado estas relaciones a posiciones antagónicas solo ha beneficiado a los que no quieren solucionar los problemas para seguir beneficiándose de las enormes construcciones que los han convertido en jeques árabes en medio del mar Caribe.