Como ya sabemos, dentro de los costos de transacción que conlleva cualquier actividad económica, deben ser considerados los costos de las gestiones administrativas que se deben realizar para concretar dicha actividad.
En ese sentido, la estructura, procedimientos y requisitos establecidos por las disposiciones legales para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias, etc., resultan relevantes para las personas al momento de decidir si llevar a cabo alguna actividad, negocio o transacción.
La afirmación que realizamos es que la sobrerregulación puede causar que en un punto la corrupción sea eficientes. Para probar dicha afirmación, utilicemos una situación hipotética (cualquier parecido con la realidad…):
Para la construcción de un inmueble donde se establecerán las oficinas comerciales de una empresa se requiere, en cuanto a gestiones administrativas, un permiso de uso de suelo para lo cual un inspector del ayuntamiento de la ciudad debe ir al solar, quien deberá examinar la idoneidad del terreno para los fines propuestos. Luego, debe ir un supervisor de la autoridad encargada de los acueductos para determinar si el terreno cuenta con las condiciones de desagüe apropiadas.
Posteriormente, irá un inspector de la autoridad que se encarga de la supervisión de construcciones de inmuebles en esa parte de la ciudad para determinar si el inmueble a ser construido cumple con cada uno de los lineamientos establecidos para ese tipo de construcción, los cuales, faltaba más decir, tienen un nivel de detalle digno de cualquier obra de arte del Renacimiento.
A lo anterior agréguenle las correspondientes gestiones similares durante el proceso completo de construcción del inmueble, hasta llegar a término.
Adicional a lo anterior, consideremos que en cada etapa es necesario el pago de tarifas establecidas por la administración; y además de que se requiere de la presencia física de cada uno de los inspectores/supervisores mencionados.
Por supuesto, en países como el nuestro cada administración cuenta con un número sumamente limitado de personal, por lo que vale considerar también el tiempo de espera para la disponibilidad del personal para trasladarse hacia el inmueble.
Lo esencial en este ejemplo es saber que esos requisitos administrativos tienen como pre-requisito que se haya satisfecho el requisito anterior, y además que sin completar todo y cada uno de ellos, no es posible iniciar la actividad económica.
Ya ha sido estudiado en detalle, y lo que digo no es nada nuevo, pero sí algo que vale la pena considerar en nuestro Estado actual:
los costos creados por regulaciones como la antes descritas hacen que ciertas actividades económicas no resulten eficientes; es decir, los costos son tan altos que sobrepasan en demasía los eventuales beneficios que se pudieran obtener del negocio a ser realizado, por lo tanto lanzarse a esas actividades económicas afectadas es ineficiente. Frente a esta situación, cualquier persona racional se abstendrá de realizar las actividades económicas que estén bajo esas condiciones.
Hay una salida rápida a esto para el ciudadano? Pues de hecho, si hay una forma de evitarse uno o varios de estos requerimientos, de obtener las aprobaciones necesarias sin que los inspectores tengan que ir al inmueble en cuestión, los costos (en dinero y tiempo de espera) se verán considerablemente reducidos. Lamentablemente la solución más rápida y fácil se presenta si hay una posibilidad de torcer o pervertir a los inspectores; y que de hecho, si en una situación como la descrita previamente no existiera tal posibilidad, nadie se embarcaría en proyectos de construcción.
Entonces lo que podemos observar es que cuando la regulación crea barreras innecesarias en forma de requisitos uber detallados o especificaciones irrealizables, los ciudadanos tienen dos opciones: no realizar la actividad económica, ya que los costos sobrepasan los eventuales beneficios; o, saltarse esos pasos por la vía de la corrupción, y es ahí cuando la corrupción pasa a ser eficiente.
Por tanto, la corrupción no solo tiene su fuente de alimento en oficiales con baja moral o personas corruptas; también crece y se sostiene de ciudadanos comunes que quieren realizar actividades económicas y cuyo único impedimento lo es la sobrecarga regulatoria del sistema en el que se encuentran.
Pues bien, es así como la sobre regulación se convierte en cómplice de la corrupción. La solución parcial al problema de la corrupción a pesar de que es evidente, no es de fácil implementación; sin embargo, no es imposible.