A raíz de la escogencia de las ternas para la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República y para el Defensor del Pueblo por la Cámara de Diputados, para ser recomendadas al Senado de la República, representantes de la llamada “sociedad civil”, del sector empresarial, de las diferentes iglesias, de los medios de comunicación y de algunos partidos políticos, se pronunciaron y manifestaron en contra de que fueran escogidos para estos cargos a miembros y simpatizantes de partidos políticos.
Concluido dicho proceso, independientemente de los resultados obtenidos en dicha escogencia, muchas personas, con una gran trayectoria de servicio, experiencia, capacidad y ética profesional en la administración pública; de integridad, honestidad y pulcritud probadas; con deseos de servir al país y a enfrentar la corrupción administrativa, fueron descalificadas, por el simple hecho de haber simpatizado o pertenecido en algún momento a un determinado partido político.
No es lo mismo una persona militante, miembro de la dirección política de un partido, con una actitud sectaria, antagónica, de confrontación, sin arraigo moral, experiencia ni capacidad profesional, que renuncie a su partido para optar por una posición en el Estado, que una persona de bajo perfil político que reúna todas las condiciones y cualidades profesionales, morales, éticas y de anticorrupción exigidas.
Nuestro país ha contado y cuenta en la actualidad con servidores públicos honestos y éticos, que han militado en diferentes partidos políticos, que han sido escogidos para ocupar importantes funciones en instituciones del Estado y que han sido ejemplos a emular. Entre tantos servidores públicos honestos podemos citar al honorable Dr. Milton Ray Guevara, actual Presidente del Tribunal Constitucional de la República, quien fue senador y vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Quién cuestiona el desempeño en sus funciones de este profesional del Derecho Constitucional?,
Jorge Martínez Lavandier, ex dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, quien ocupó las funciones de Director General de Aduanas, Superintendente de Bancos, Director de Rentas Internas; Director del Banco Agrícola, entre otras. Murió en suma pobreza, en un asilo de ancianos, recibiendo una mísera pensión.
¿Quién pone en tela de juicio el desempeño en sus funciones de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, Ivelisse Prats de Pérez y del Dr. Hugo Tolentino Dip, del Partido Revolucionario Moderno?; del licenciado Miguel Cocco y del Dr. José Joaquín Bidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), funcionario y ciudadano ejemplar, por citar solo algunos ejemplos.
Nuestro país tiene un gran déficit de funcionarios honestos, capaces, éticos, con vocación de servir al Estado dominicano, con capacidad para enfrentar la corrupción administrativa, por lo que es un contrasentido descalificar a las personas que reúnan todos estos requisitos y que han dado muestras de honestidad y cumplimiento, por el simple hecho de simpatizar o haber pertenecido a uno de los partidos políticos del sistema. Lo que debe imperar es la capacidad, honestidad y la vocación de servir, no su simpatía política, pues todos la tenemos. Esta puede servir de garantía y compromiso para realizar una buena gestión en el sector público.
Con esta decisión, se envía una señal equivocada a nuestros jóvenes que, para poder optar por una posición en el Estado, no deben formar parte de ningún partido político, sobre todo, en un momento que se les está motivando a prepararse y a participar en las actividades políticas. Ojalá que no se continúe con esta actitud.