Factorización de la seguridad: Relación directa entre prácticas institucionales y criminalidad
Prevenir e impactar la criminalidad y la violencia son objetivos que no resisten tregua. Suponen ambos un compromiso institucional coherente y consistente en el tiempo. También suponen un compromiso moral y ético de parte de la sociedad. Respecto a lo primero, hemos destacado aquí el rol fundamental que juega la institución policial y la justicia como garantes de la seguridad; a seguidas, comentamos otros factores catalizadores de la seguridad. tan relevantes como lo son el patrullaje y la inteligencia criminal.
El esclarecimiento de casos, es a la institución policial lo que el procesamiento y la resolución es al sistema judicial. La tasa de esclarecimiento es el indicador por excelencia de la efectividad institucional y de la relación optima entre costos y beneficios en el trabajo policial. Sin embargo, por mucho tiempo en República Dominicana, al igual que en otros países, se ha creído erróneamente que la cantidad de personas arrestadas es el indicador más fidedigno de eficacia. Esta falacia ha ido perdiendo credibilidad en la medida en que también se ha deteriorado la confianza en las instituciones de control y de justicia.
Las consecuencias negativas de esta falacia se observan en las cárceles abarrotadas de personas que han cometido faltas o delitos menores que podrían haber sido prevenidos, negociados o incluso desestimados, a fin de priorizar casos más serios.
La falacia también ha entrado en entredicho por las consecuencias del sistema circular de reincidencia que caracteriza nuestro sistema carcelario, solo comparable con la advertencia que Dante vislumbro en el dintel de la entrada al infierno: escrita en letra negra, la lapidaria frase: “Vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza.”
El esclarecimiento de casos por el contrario, promueve la confianza del público en la capacidad resolutiva de la institución policial. Este es un indicador de que la policía sabe lo que está haciendo cuando resuelve en un tiempo prudente, entre un 50% y un 85% de los casos de homicidios y acciones delictivas que maneja. Este lamentablemente no es el caso de la Policía Dominicana, cuya jefatura ya en el 2009 admitía públicamente que ese ano sumaban a más de 200 los casos de homicidios, entre ellos varios de alto perfil, que esperaban ser resueltos, desbordándose la capacidad investigativa de la institución.
En el policialmente moderno existen varios mecanismos que coadyuvan el esclarecimiento de casos. Las experiencias internacionales más exitosas descansan en los análisis de DNA, pero mucho tiene que ver de nuevo con la gestión y las capacidades técnicas. En el departamento policial de Washington DC, considerado el tercero en la lista de mejoramiento de sus tasas de esclarecimiento, el asistente en la jefatura mencionó como un factor positivo la centralización del equipo de investigadores en un solo espacio, lo cual es más factible en R.D. por el carácter centralizado de la policía dominicana. También citó el cambio a una noción de escuadrón, en la cual, si bien cada investigador manejaba una cantidad particular de casos, éstos también estaban asignados a un oficial de rango superior. Esto permitía un flujo de investigación entre casos, con un responsable de atar cabos entre ellos. Otra modalidad implementada incorporó un acercamiento focalizado en las localidades donde los homicidios fueron cometidos, estableciendo cuadrantes de investigación en los vecindarios, y solicitando la ayuda de los residentes, lo que permitió que los moradores contactaran directamente a los investigadores para dar sus diferentes versiones del hecho cometido. Este factor de involucramiento de la comunidad fue mencionado en varios casos exitosos de resolución. Pero el factor más importante fue el asegurar la capacitación, permanencia y focalización del personal de investigación en esta única y exclusiva tarea. El hecho de que cada investigador tenga a su cargo un número limitado de casos, estimula a dicho investigador a poner todo su empeño para resolverlos, en lugar de verse abrumado por el exceso de trabajo. Por último, la cooperación funcional entre los investigadores y los agentes que hacen patrullaje es indispensable.
De lo dicho, si el Sr. Director de la Policía Nacional busca mejorar la imagen de eficiencia y eficacia de la institución que dirige, sugiero se concentre en el esclarecimiento de casos, es decir, en el mejoramiento de mecanismos y metodologías de resolución, especialmente de casos de homicidios y de un porcentaje determinado de delitos de alto perfil. La detención de micro-vendedores de droga en los barrios de la capital, o de usureros no alcanza a generar el interés del público para llegar a calificar de eficiente a la institución policial. Hay que orientar el foco a otro tipo de criminalidad y violencia más sonora como son los feminicidios, las riñas, los robos de celulares, que por lo general vienen acompañados de violencia armada.
El uso proporcional y legal de la fuerza. Constituye el talón de Aquiles de la policía dominicana. Como estudiosa de la seguridad siempre he sostenido que ninguna policía que mantenga una tasa de 2,3 y hasta 4 muertes por 100,000 habitantes, o que contribuya entre un 16% y un 18% a la tasa de homicidios nacionales puede alcanzar credibilidad, confianza y profesionalidad en su relación con la sociedad y con su ethos como servidor público.
En nuestra República Dominicana, la clase política y dirigencia/ gubernamental todavía adolece de creer que ser contundente, e implacable con la criminalidad es sinónimo de terror, vigilantismo oficial, y militarización de la seguridad pública. Sólo eso explica los patrullajes mixtos, que no hacen más que socavar el ethos policial, porque proyectan el mensaje de que la policía no tiene credibilidad por sí misma, y necesita un “hermano mayor” que la respalde.
Estoy consciente de que hay varias modalidades en América Latina y el Caribe de uso mixto de las fuerzas de control y represión, pero en nuestro contexto dominicano, no se justifica, porque de hecho, nuestra policía ha estado tradicionalmente militarizada, lamentablemente. El uso mixto de la fuerza, y el uso ilegal de la misma, es un atajo que da a un callejón sin salida.
Si la premisa, para nada comprobada, de la que se parte, es que los criminales le temen a la presencia de militares con armas largas en las calles, y que estos últimos pueden disuadir la comisión de crímenes, todo lo que he dicho hasta aquí no tiene ninguna validez para las autoridades, y los intentos de poner en práctica un policiamiento innovador están de plano desestimados. Insisto, no necesitamos más policías o más pie de fuerza en las calles, necesitamos, requerimos, una policía más inteligente, más orientada a resolver problemas y a servir a los ciudadanos.
Las reiteradas críticas lanzadas a las teorías de Ventanas Rotas, Cero Tolerancia, Mano Dura, Súper Mano Dura, se sustentan no solamente en criterios humanistas, de respeto a los derechos humanos, sino también de racionalidad por el efecto contraproducente que generan, que se resume en más violencia, mas ira, mas desobediencia civil y más rechazo a las instituciones del orden. Esto si es un hecho probado en América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Europa.
Quizás mucha gente ha oído la perorata del ex Alcalde de New York, Rudy Giuliani, sobre el supuesto éxito de las políticas de Stop & Frisk (parar y catear) y de las Ventanas Rotas (Wilson y Kelling, 1982) e incluso, del comisionado Bratton durante su exitosa gestión de 1990 en New York. Pocos, sin embargo conocen que las supuestas virtudes de estas políticas han sido sistemáticamente estudiadas, analizadas, proyectadas y muy cuestionadas por especialistas, académicos, hacedores de políticas e implementadores. Estas críticas radican en: 1) la dificultad de determinar qué se entiende por desorden en contextos específicos y qué tipos de crimines priorizar, lo que tiende a generar acciones y conductas que entorpecen la relación más normal entre policías y ciudadanos. Algunos críticos (Hartcourt, 2001) advierten sobre el riesgo de elevar infracciones menores a la categoría de delitos que terminan en injustificados encarcelamientos, y que crean más daño que oportunidades de resarcir y corregir.
Resulta inconcebible que todavía exista en nuestros registros de homicidios una categoría que refleja un comportamiento oprobioso como son las ejecuciones extrajudiciales. Sr. Director de la Policía Nacional, para que la policía comience a ser vista como un recurso necesario y querido por la ciudadanía, en vez de un problema, hay que poner fin al vigilantismo policial. Cambiar el switch de los agentes policiales de disparar a un sujeto por el solo hecho de que va corriendo sospechosamente, o porque no obedeció la orden de pararse! No es justo, no es humano, no es aceptable, bajo ningún concepto. Se entiende que los policías usan la fuerza extrema cuando en verdad sus vidas están en peligro de ser aniquilados, y eso pasa, a veces, pero no con la frecuencia con que tienden a justificarse los infames “intercambios de disparos”.
La Ley Orgánica de la Policía establece en su Sección III, artículo 55 las normativas para el uso de la fuerza. Pese a ello, el articulado se inicia anunciando que no existe aún reglamento consensuado por el Consejo Superior Policial que recoja las reglas, y las sanciones sobre el uso de la fuerza (p.26). Se necesitan protocolos claros sobre la inspección de armas luego de haber sido disparadas, los agentes implicados deben presentar un reporte que explique las razones por las cuales se hizo uso extremo de la fuerza, y estas razones deben ser investigadas.
Coordinación. La seguridad con calidad no funciona de manera fragmentada. Hay una relación estrecha entre la persecución, y la prosecución de los delitos. Es decir, entre la coacción y la justicia, y también hay un necesario maridaje que suele pasarse por alto cuando no se tiene una visión holística y causal de los fenómenos criminosos. En tal sentido, hay una interdependencia entre el procesamiento de casos judiciales y el esclarecimiento de casos policiales. La coordinación en estos niveles
La coordinación policial debe ser intra-institucional, inter-institucional; y externa. En República Dominicana hemos avanzado lentamente en la planificación más o menos coordinada de por lo menos tres instancias de la seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público, encarnado en el procurador de la República, y el Ministerio de Interior, de quien depende orgánicamente la Policía Nacional.
La coordinación entre las diferentes ramas de las policías ha pasado a ser una cuestión en la medida en que, en parte fruto de las mismas frustraciones en cuanto al servicio, han ido surgiendo policías especiales, como son: la Policía de Turismo (Politur), la Policía de Niños, Niñas y Adolescentes; la Policía Antipandillas, la Policía Escolar, la Policía de Protección Judicial, la Policía de Protección a Dignatarios, y la Autoridad Metropolitana de Transporte. El asunto primordial es garantizar que exista un protocolo de comunicación y de transferencia de información entre ellas y a la vez de planificación, al menos en la parte operativa, ya que ellas tienen un doble vínculo institucional con su línea de mando y con el sector estatal donde operan.
El control externo. El último factor que traigo a colación es el rol relevante de usuario del servicio público de la seguridad, como contrapeso externo al accionar policial.
Considero un avance importante que la nueva Ley Orgánica de la PN incorpore en su artículo 146, párrafo I, el rol de la participación comunitaria en el monitoreo de procesos disciplinarios, abuso de poder y desproporción en el uso de la fuerza, vinculándolos a la promoción de buenas prácticas, transparencia y contra la impunidad. Su inclusión es un paso hacia adelante, pero no es suficiente. Tienen que crearse los mecanismos, canales e interlocutores para que estos procesos de contrapeso sean operativos y se mantengan en el tiempo.
La sociedad civil, que es la usuaria del servicio debe tener algún nivel de participación en la planificación local y en el acceso a la información comprensible y completa sobre las políticas a ser implementadas, dado que al fin y al cabo, estas políticas están destinadas a estos usuarios. La jefatura policial debe además garantizar que la población cuente con mecanismos para monitorear y reportar sobre el desempeño policial y sobre el cumplimientos de compromisos por parte de la policía hacia la ciudadanía, tal y como lo propone el articulo 3 de la referida Ley Orgánica, sólo que al revés.
De cara a todos estos aspectos abordados aquí muy rápidamente, solo resta hacer una reflexión sobre las cuestiones que si prometen la promoción de cambios en nuestro contexto socio-cultural, político e institucional. Esto lo abordo en la sección final de esta serie.