La palabra oxímoron proveniente del Latín oxymoron (originalmente del Griego) es, de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, una figura literaria que en retórica consiste en “usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión”, originándose así un tercer concepto o figura.
La seguridad Insegura, constituye sin lugar a dudas un buen ejemplo de oxímoron, que viene al caso al examinar las tendencias observables de incremento de la criminalidad en República Dominicana, las que a su vez convergen con un patrón consistente de securitización, o cosificación de la seguridad, en el ámbito de lo público y lo privado. El dilema que está planteado aquí es, si la seguridad es una función de soluciones de tipo cuantitativo o cualitativo? Mi respuesta se inclina por lo último y mi hipótesis es que el exceso (cuantitativo) de seguridad, lejos de contribuir a reducir la criminalidad, está provocando más violencia, más casos agravados, mas delincuencia, y por ende, mayor inseguridad en la sociedad dominicana. Pasemos a revisar esta perversa relación.
La creciente presencia de la seguridad privada. De acuerdo con datos recogidos por UNLIREC, para el año 2015, la República Dominicana contaba con 254 compañías privadas de seguridad. La suma del personal contratado por estas compañías era de 35,000 efectivos. En la región del Caribe, solo Trinidad y Tobago, supera este volumen de personal privado de seguridad, con 50,000 agentes. Una observación sugerente, al examinar las tendencias regionales, es que los países que cuentan con más compañías y personal de seguridad privada son a la vez los que presentan más problemas de violencia y criminalidad (Guatemala, con 100,000 agentes privados de seguridad; El Salvador, con 330 compañías privadas y 22,602 individuos; Colombia, con 870 compañías privadas y un personal de 244,757 efectivos; Brasil, con 2,581 compañías privadas y un pie de fuerza de 583,100 personas). Esta tendencia sugiere que la alta presencia de compañías privadas constituyen, por un lado, un indicador del nivel de deterioro efectivo y percibido de la seguridad. Por otro lado, también alude a la capacidad de los gobiernos de dar respuesta a dichas crisis con sus propios recursos.
Las implicaciones de esta abrumadora presencia de compañías y personal privado de seguridad son varias:
En primer lugar, siendo el caso de que en muchos de estos países los estándares de regulación son bastante cuestionables, o peor aún, inexistentes, la abundancia de armas en manos privadas, así como el destino y manejo de estas armas, constituyen en sí mismo un desafío a la seguridad del resto de la población que no está protegida por los beneficios de las instituciones contratantes.
En Segundo lugar, a pesar de que estas compañías están en teoría comprometidas a asegurar que su personal contratado es debidamente cualificado, monitoreado y evaluado, en verdad no existen parámetros compartidos y transparentes de evaluación psicológica, ética, de desempeño, y criterios de uso de la fuerza en este sector. Tampoco existen garantías absolutas de asunción de responsabilidades o rendimiento de cuentas sobre lo que se hace o no se hace.
En tercer lugar, siendo estas compañías negocios privados, ellas escapan el escrutinio público. Si bien la gran mayoría de estas empresas deben reportar en diferentes niveles a los ministerios de seguridad y/o de defensa de los países donde están radicadas, sus operaciones no son transparente al público en general. Por lo general se desconoce cuáles son los parámetros, y menos aún, si existen, y si se aplican regímenes de consecuencia respecto a malas prácticas, abuso de poder o faltas cometidas.
Por último, no olvidemos que la función principal de este personal es velar por los intereses individuales de su clientela, sean estas individuos, organismos, corporaciones, y negocios a las cuales sirven. Estos intereses no siempre están alineados con los intereses colectivos.
Ante el dato de que existen en República Dominicana 35,000 agentes privados de seguridad, la pregunta lógica que surge es cuál es el impacto que este contingente ejerce en la seguridad dominicana, especialmente si se toma en cuenta que la Policía Nacional cuenta con una proporción muy similar de efectivos, que oscila entre 35,000 a 38,000 efectivos.
Dado que estamos hablando de “capacidad instalada,” por decirlo de alguna manera, y a propósito de las directrices emitidas por el poder Ejecutivo de emplear a militares en el patrullaje mixto, no hay que pasar por alto el dato de que las fuerzas armadas cuentan con un volumen aproximado de 48,000 efectivos. Cierto es que la mayoría de los que patrullan con la policía provienen del Ejército y la Marina, pero éstos son los dos componentes mayoritarios de las Fuerzas Armadas dominicanas.
A este punto tenemos entonces que, entre personal público y privado, en la República Dominicana existe actualmente un potencial humano proveedor de seguridad que oscila entre 115,000 y 122,000 efectivos aproximadamente. Digo potencialmente, porque, como veremos más adelante la existencia de este personal no necesariamente supone su utilización eficiente de sus capacidades.
Para determinar cuál es el impacto que genera en el incremento de la seguridad todo este personal presumiblemente dedicado a tiempo completo (8 horas diarias más rotaciones) a sus funciones públicas y privadas, solo tendríamos que examinar los índices de criminalidad, violencia, y percepciones de inseguridad en la población dominicana. Volveremos este punto en próximas entregas.