Siguiendo nuestro argumento inicial, el Segundo factor de securitización (política que ve determinados fenómenos sociales como amenazas a la seguridad) y catalizador de inseguridad en República Dominicana es el armamentismo civil. Al respecto, una investigación periodística publicó recientemente las cifras de importación de armas, generadas por la Oficina Nacional de Estadísticas, con datos provenientes de la Dirección General de Aduanas. En la publicación se resalta que hasta el año pasado (2017), el país había importado un total de tres billones y medio de pesos dominicanos (US$72,132.350 millones) en armas de fuego, accesorios y municiones, a pesar de la veda de importación de armas para el uso de personas particulares, avalada por un decreto del Ejecutivo, emitido hace ya 12 años (309-06 del 24 de julio del 2006). Estas importaciones
Solamente en el año 2015, las ya referidas compañías privadas establecidas en el país importaron 14,534 armas pequeñas, de acuerdo con UNLIREC.
Las armas y municiones que se utilizan en la ejecución de actos delictivos y criminales provienen de diversas fuentes: en estudios previos realizados hace varios años en barrios de Santo Domingo y provincias del país yo ya había oído de la práctica de rentar y prestar armas de fuego para la comisión de crímenes. En no pocos casos, esta transacción involucraba a oficiales policiales y militares.
Los delincuentes también utilizan armas que entran al país en condición ilegal. El hecho de que en el reciente atraco a la sucursal del Banco Popular se utilizara un fusil Galil que fue rastreado como perteneciente a la policía Haitiana, confirma que existe un tráfico ilícito de armas de alto calibre provenientes de países de la región del Caribe (Haití no produce armas, pero las obtiene de otros países de la región a cambio de drogas, que también llegan al territorio).
En la región existe un circuito ilícito de intercambio informal de mercancías que en algunos casos involucra dinero, pero en otros se basa en el trueque. Así, por décadas se han registrado intercambios intrarregionales de armas por droga entre Jamaica y Haití, entre San Vicente y Venezuela; entre Venezuela y Trinidad & Tobago y entre Colombia y Trinidad; Colombia y Jamaica. También se sabe que muchas armas provenientes de Miami Dade entran al país como entra la droga, por canales y rutas controlados por la criminalidad organizada, con ayuda de funcionarios y agentes militares y policiales. De hecho, en el año 2010 la Fuerza Constabularia Jamaiquina fue sacudida por el hallazgo de que una gran cantidad de las armas y municiones decomisadas a grupos criminales y rastreadas, tenían su punto de origen en sus propias armerías. Desafortunadamente, también las fuerzas de seguridad dominicanas han estado implicadas en procesos ilícitos de transferencias.
Por otro lado, muchas armas legales pasan a ser ilícitas cuando se vencen los permisos, y cuando se usan los excedentes de inventarios de compañías fantasmas o quebradas. Respecto a lo primero, en la referida investigación periodística publicada recientemente, una funcionaria del Ministerio de Interior y Policía, organismo que emite las licencias de porte de armas, informó que se habían otorgado al presente 232,142 licencias privadas, de éstas licencias, el 55% (107,106) estaban vencidas. En adición a este dato, la funcionaria aclaro que una cosa son los permisos emitidos, y otra los propietarios registrados. Esto implica que puede darse el caso de usuarios con registro vigente para el porte de armas, que poseen, al estilo de Estados Unidos múltiples armas de fuego.
El armamentismo civil es estimulado por dos factores, uno de carácter cultural y otro corporativo: El primero tiene que ver con la necesidad que sienten los que tienen los recursos económicos para comprar armas, de adquirirlas supuestamente para garantizarse seguridad. Pero también existe un fetichismo alrededor del arma como instrumento de masculinidad, status y sobretodo poder. El interés corporativo se manifiesta en el incremento del negocio de Armerías en el país. Al momento existen 43 de ellas registradas por la Asociación de Armerías y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, que son las dos instituciones regulatorias, que expiden las certificaciones y facturas de compra y venta de armas. Estas asociaciones y empresas representan un sector que ejerce mucha presión política y económica en el país, y sin duda influyen en las decisiones del Congreso y el Ejecutivo.
Los mencionados factores culturales y corporativos son catalizadores del mercado licito e ilícito de armas, porque constituyen una presión al gobierno dominicano a que flexibilice las regulaciones y levante los topes de importación, mientras que la existencia de impedimentos promueve los mercados oscuros de armamentos, especialmente en el marco de la cultura dominicana de no respetar las leyes,
Lo mismo que sucede con la privatización de la provisión de seguridad, el armamentismo de la población dominicana, como recurso de auto-protección tiene consecuencias tangibles en el incremento de la violencia y la criminalidad. Para ilustrar esta afirmación, basta observar las cifras que aporta el Ministerio de Interior, las cuales indican que de los 1,772 homicidios ocurridos en el ano 2016 y los 1,639 acaecidos en el 2017, el 42% (736) y 43% (710) de estos, respectivamente, fueron ejecutados con armas de fuego. Entre las victimas más consistentes de la violencia armada están las mujeres. Entre los eventos fatídicos recientes reportados en la prensa dominicana, se dan cuenta de cuatro feminicidios en un solo día. Los 137 feminicidios ocurridos en 2016 y los 150 en el 2017 en su mayoría fueron provocados con armas de fuego.
Aparte de los homicidios cometidos con armas de fuego, entre 18% y 20% de los 571 casos de suicidios reportados en el año 2016 y los 441 en el 2017 también fueron consumados con armas de fuego
La violencia armada es una realidad patente en el país, especialmente entre hombres jóvenes. Dos mil setecientos noventa y ocho (2,798) heridos, 93% de sexo masculino entre edades de 20 a 29 años, frecuentemente durante los fines de semana y en horarios nocturnos en los últimos dos años, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Este patrón de convivencia violenta crea una inseguridad que se cristaliza gracias al acceso fácil a las armas.
La concomitancia entre esta violencia armada cotidiana, y la provocada por la delincuencia oscurece los efectos intangibles del temor, y el deterioro creciente de la calidad de vida que experimenta la población dominicana, por medio de la intimidación ejercida por atracadores o involucrados en altercados interpersonales. Aun en ausencia de hechos fatídicos, el fomento del terror y la aprensión al el uso del espacio público también tienen un costo social incalculable. Por lo tanto, el fácil acceso y el porte de armas, bajo el alegato de autoprotección constituye sin dudas uno de los precursores más importantes de la inseguridad en la Republica Dominicana.