La seguridad ciudadana se ha convertido en los últimos años en una de las principales demandas de la ciudadanía hacia el estado. Las protestas de la población demandando seguridad y control de la delincuencia se incrementan en las principales ciudades y a ellas se integran los estratos medios y altos que se sienten totalmente desprotegidos por el estado dominicano.
La seguridad ciudadana es definida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos como “una situación social libre de riesgos, peligros y conflictos en cuyo marco las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus derechos, libertades y garantías constitucionales”.
Al estado dominicano le toca una gran responsabilidad en garantizar la seguridad ciudadana. Debe establecer políticas y mecanismos institucionales para prevenir, controlar y neutralizar las situaciones que afecten las libertades y la garantía de seguridad en la ciudadanía.
¿Por qué se incrementa la delincuencia en el país?
- Debilidad institucional en el organismo policial y su respuesta eficiente hacia el control de la delincuencia. La policía se mueve entre intervenciones de “mano dura” con ajusticiamientos injustificados que obstruyen la investigación de las redes delictivas, debilitan el estado de derecho e institucionalidad y por otro lado se muestran agentes policiales integrados a las redes delictivas, cobrando peajes o en complicidad con estas.
- Fragilidad del sistema de justicia. Uno de las principales quejas de la población es que el delito no tiene una respuesta efectiva de la justicia. No hay investigaciones de las redes delictivas ni su desmantelamiento. Los delincuentes salen fácilmente de la cárcel si cuentan con buenas “cuñas” o recursos.
- Ausencia de políticas sociales efectivas hacia la creación de fuentes de ingresos y focalizadas hacia la población joven. La delincuencia tiene como una de sus fuentes la búsqueda de “dinero fácil” en una población que no tiene muchas opciones de ingresos porque cada vez está más restringido el mercado laboral.
- La poca inversión en el sistema educativo ha generado grandes brechas y desigualdades. Tenemos una proporción significativa de población joven fuera del sistema educativo porque hay grandes deficiencias de cobertura en aulas y centros educativos para la educación media. Esta población joven pasa a una condición de riesgo frente a la proliferación de redes delictivas y de oferta de “dinero cómodo” en sus localidades.
- La impunidad frente a la corrupción y el “asalto y atraco” de lo público sin limites. El hecho de que la corrupción se haya convertido en los últimos años en un modelo de gestión desde lo público ha convertido el atraco a la público como algo permitido y aceptado para la población. El robo del dinero del estado por funcionarios sin que haya sanción hacia la corrupción convierte el robo, el atraco como conductas aceptadas ni importa donde se realice porque no habrá sanción, ni castigo. Esta ausencia de castigo a la corrupción le ha hecho mucho daño a la sociedad dominicana y ha generado grandes consecuencias en las actitudes culturales donde no importa robar ni atracar si tu estas “bien pegao”.
Así la conducta delictiva se extiende desde lo macro hacia lo micro, desde el estado hacia la cotidianidad y los delincuentes de “cuello blanco” facilitan a los “pequeños delincuentes” su accionar buscando siempre estar bien conectado con políticos y autoridades para no ser apresados.
¿Cuantos delitos no se cometen todos los días en todas las esferas de la sociedad, desde las grandes obras del estado hasta las carteras de mujeres y hombres en las guaguas?
¿Cuántas personas, funcionarios, políticos, ciudadanos/as son apresados diariamente por estos delitos?
Se ha rebasado el limite y el robo ya no es un delito es simplemente un hecho más donde el que roba ya no se reconoce como ladrón porque no tiene pena ni prisión. Los estamentos de poder deben romper con la continua legitimación del robo como una conducta permitida y romper con la lógica de que “mientras haya dinero y poder todo se puede”.
Todos estos aspectos muestran que la seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad de estado y dejar de ser un asunto únicamente policial.
El estado dominicano debe asumir frente a la seguridad ciudadana intervenciones institucionales de cara a:
- La ruptura con la impunidad y la corrupción
- Establecimiento de políticas sociales de generación de ingresos
- Focalización de políticas sociales hacia la juventud
- Fomentar la educación y el ejercicio ciudadano
- Inversión social y económica en educación
- Transformación del sistema de justicia y de los organismos policiales.
- Sometimiento a la justicia de TODA PERSONA que cometa un delito desde lo macro hasta lo micro, desde los funcionarios hasta los carteristas sin contemplación ni discriminación con cumplimiento de las penas correspondientes sin transacciones económicas ocultas ni ajusticiamientos indiscriminados.