Cada 10 de Octubre el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, fecha elegida para recordarnos el compromiso de atender, incluir y cuidar a las personas que padecen sufrimiento a causa de trastornos o desequilibrios mentales. En esta ocasión la campaña propuesta por la Federación Mundial de Salud Mental, WFMH, por sus siglas en inglés, se centra en la desigualdad en el acceso a los servicios de salud mental.
El derecho a la salud en República Dominicana sigue siendo una utopía. El sistema de salud ha demostrado ser ineficiente para dar respuesta a la demanda y aliviar el sufrimiento bio-psico-social de la población. Pero cuando se trata de la salud mental, la desprotección del sistema es mayor. La cobertura de los servicios de psiquiatría y de psicología son prácticamente inexistentes tanto a nivel de consulta y evaluación como de tratamiento, ya sea farmacológico o de psicoterapia; los servicios públicos no dan abasto y las citas implican tres o cuatro meses de espera.
El artículo 89 de la Ley General de Salud establece “El tratamiento y abordaje de la salud mental y trastornos de la conducta se hará desde una perspectiva integral, que garantice la preservación de los derechos y dignidad de las personas afectadas, además de un tratamiento igualitario respecto a los demás usuarios de servicios sanitarios y sociales.” Y el párrafo único refiere “Se deberán potenciar todas las acciones que garanticen la provisión de los servicios de rehabilitación necesarios para una adecuada atención de las personas que padecen enfermedades mentales y/o trastornos de la conducta.”
Muchos actores del sistema de salud nacional, cuando se habla de salud mental solo imaginan a enfermos crónicos que deambulan por las calles, sin embargo la salud mental nos concierne a todos. Alcanzar el estado de bienestar biopsicosocial que permita desarrollar todo el potencial humano, es la meta, porque de eso dependen la percepción, las capacidades cognitivas, artísticas y creativas; la disposición para amar, establecer relaciones sanas, formar y educar una familia. También la capacidad productiva, ya sea para el estudio o el trabajo; y sobre todo, la vocación para ser felices a pesar de las circunstancias, generando mayor bienestar para sí mismos y para los de alrededor. Esto debe ser, pues, de interés prioritario para las autoridades del estado y para los empleadores; que pueden evitar años de vida productiva perdidos por malestar psicológico o emocional de sus trabajadores.
La mencionada WFMH estima que en los países de ingresos bajos y medios, el acceso a los servicios de salud mental se dificulta para más del 75 % de la población, desigualdad que puede verse incrementada por la discriminación basada en raza, orientación sexual, identidad de género, y otras faltas de respeto a los derechos humanos, lo que tiene un impacto directo en el bienestar mental de las personas que sufren discriminación y violaciones de derechos.
La pandemia por la COVID-19 ha aumentado la demanda de atención por trastornos psicológicos; se ha reiterado el incremento percibido en cuadros de ansiedad, depresión, abuso de alcohol y otras sustancias, abuso y maltrato infantil, violencia intrafamiliar, duelos múltiples por pérdida de seres queridos, pérdidas materiales, o el aislamiento social, entre otros. Esto ha puesto en evidencia la falta de cobertura a la atención de la salud mental en todos los grupos etarios de la población.
Vale recordar que las personas que sufren enfermedades físicas u orgánicas, en una parte importante de los casos, también necesitan atención psicológica, pues pueden tener factores emocionales asociados a la génesis del padecimiento, o el sufrimiento físico les afecta psicológicamente agravando su situación. Se necesita la intervención oportuna para modificar sus estilos de vida, facilitar la adherencia al tratamiento, reducir los niveles de ansiedad o depresión que pueda producir la salud perdida. El mejor aliado en estos casos es el especialista en psicología de la salud.
Además de luchar contra la desigualdad del sistema, personas que padecen trastornos mentales tienen que enfrentar el estigma y la discriminación de que son objeto en muchos casos, reduciendo sus posibilidades de acceder a la educación, al trabajo dignamente remunerado y a disfrutar de la vida en familia.
Todos somos susceptibles de sufrimiento mental y el sistema de salud debe garantizar la debida y oportuna atención, así como propiciar los medios de recuperación para una reinserción sostenible a la sociedad luego de ese padecimiento. Una vía importante para mantener estable la población es a través de programas de promoción y educación para la salud, de prevención de trastornos mentales y conductuales, los que pueden desarrollarse como estrategia de atención primaria en las distintas comunidades. Para eso es necesaria la contratación de profesionales especializados en Psicología Social, Psicología Clínica, Psicología Comunitaria, Psicología de la Salud; así como del Trabajo Social, la Medicina Familiar y la Psiquiatría.
En el nivel de atención especializada se debe garantizar la cobertura de psicoterapia individual, de pareja o familia, y propiciar la oferta de terapia de grupos que permitan acortar el tiempo de espera en los servicios y aprovechar las ventajas que ofrece para facilitar cambios y que éstos sean sostenibles en el tiempo. De igual forma se requiere la cobertura de la atención en unidades de intervención en crisis que permitan la estabilización de las personas durante un ingreso de corta estadía para luego continuar su tratamiento de manera ambulatoria. Esto implica el acceso a medicamentos que para una familia de bajos ingresos resultarán incosteables.
Se necesita una gran alianza de todos los sectores sociales, políticos, económicos y de la ciudadanía en general para proteger y defender el derecho a la salud mental que nos permita alcanzar el estado de bienestar que merece la población dominicana y así garantizar el desarrollo del potencial de los ciudadanos y del país.