La necesidad de integración del sector joven a espacios de participación social y política constituye un tema planteado por diversos sectores de la sociedad dominicana y un argumento retórico por parte de los Partidos Políticos que han visto en la juventud un género de importancia innegable. Considerar el hecho de que más del 60% de la población dominicana tiene menos de 35 años, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas, conlleva a reconocer la importancia electoral que comporta la población juvenil en el país.
Aceptar que la población joven es más que un activo social no constituye solamente un argumento estratégico por parte de los partidos políticos y grupos de presión, sino también una necesidad para el porvenir de la república. Afortunadamente, en los últimos años nuestro país ha experimentado lo que pudiéramos llamar una “Ruptura Generacional”, entendida como una insurgencia de jóvenes que han logrado conquistar espacios de decisión ubicados en las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad misma. Ejemplo de ello es la considerable cantidad de diputados jóvenes con que cuenta hoy el Poder Legislativo; jóvenes de vanguardia que no solo ostentan una posición legislativa de importancia, sino también que hacen aportes sociopolíticos de encomiable consideración.
En años anteriores era impensable contar con alcaldes o senadores con edad inferior a los 36 años, y hoy día la Republica Dominicana cuenta con actores políticos en dichas posiciones y con el señalado marco de edad. Pero la Ruptura Generacional no solo se suscita en las posiciones políticas del Estado, sino que se refleja también en espacios de otra índole. Por ejemplo, hace algún tiempo era inconcebible que un joven, con criterio independiente, se presentara como candidato a presidir asociaciones o gremios de profesionales donde la experiencia se muestra como requisito indispensable para ocupar la dirección. El joven que osaba presentarse a una competencia electoral, a nivel gremial, era desconsiderado por su condición de “inexperto” o falto de experiencia. Sin embargo, en nuestros días sucede un escenario jamás visto en la historia de uno de los gremios más importante del país: El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana.
Mientras los partidos políticos han validado sus candidatos a presidir el CARD, incluyendo su actual presidente quien se esfuerza en reelegirse, un joven que no sobrepasa los 30 años de edad asumió el reto de aspirar de manera independiente a la posición de dirección más alta del referido gremio, marcando un voto preferencial de importancia considerable. Omar Ramos, quien encabeza la candidatura sin circunscribirse a las directrices de algún partido, lleva a cabo sus aspiraciones basadas en propuestas que han conquistado el favor de abogados tan prestigiosos como lo es el constitucionalista Eduardo Jorge Prats, Carlos Salcedo, Damián Olivares, entre otros profesionales del área.
Negar que en el país se lleva a cabo, poco a poco, una ruptura generacional a gran escala es mentir ante una realidad latente; desconsiderar el hecho de que una clase de jóvenes profesionales han comenzado a ocupar posiciones de importancia en diferentes áreas e instituciones del Estado es deplorar la venturosa afirmación de que el país está cambiando, de que una generación septuagenaria abre el camino a aquellas personas que, virtuosamente, se han formado al amparo de sus aportes.
“La imaginación, los ideales y la energía de los jóvenes son vitales para el desarrollo continuo de las sociedades en las que habitan”
Naciones Unidas