La población dominicana ha perdido la confianza en las políticas públicas. Los gobiernos gastan cantidades apreciables de recursos de los contribuyentes que no se traducen en solución a los graves problemas nacionales y lo que es peor crean incertidumbres en la marcha hacia la obtención de un desarrollo económico sostenible.

La confianza de la población se ha restablecido parcialmente a raíz de la firma de acuerdos sucesivos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el 2003 hasta la fecha. Los sectores productivos han exigido desde entonces que se mantengan los acuerdos con el FMI, como garantía de racionalidad en las decisiones de política económica.

En varias ocasiones se abandonaron momentáneamente los acuerdos con el FMI, provocando desestabilización; tal es el caso de la suspensión del acuerdo en el 2004 debido a la re-compra de una de las firmas distribuidoras de electricidad. Similarmente ocurrió en el 2008, cuando el gobierno del Partido de Liberación Dominicana (PLD) colocó por encima del interés nacional ganar las elecciones presidenciales de ese año. En ese año, se decidió no renovar el acuerdo con el FMI a fin de incurrir en un déficit fiscal significativo para vencer al retador de la candidatura del partido oficial.

Nuevamente, en el 2011 el gobierno decidió no cumplir con las exigencias del FMI por razones similares a las del 2008, es decir ganar las elecciones presidenciales. El gobierno abandona nuevamente  a su compañero de viaje desde el 2005 para librar al gasto público de las restricciones impuestas por el FMI que dentro del acuerdo definió el año 2011 como el de la consolidación fiscal.

El jefe de la misión del FMI que supervisa el acuerdo Stand-By firmado en octubre del 2009, le remitió una carta a los funcionarios del área económica indicándole las medidas que debieron tomar para intentar poner en la agenda de la próxima reunión del Directorio de ese organismo que tendría lugar en la primera semana de diciembre del 2011.

En este sentido, el gobierno debió someter al Congreso un proyecto de ley para flexibilizar la tarifa eléctrica así como aprobar la tarifa técnica. Esta exigencia del FMI se vincula al hecho de que el gobierno subsidió a ese sector por encima de lo consignado en el presupuesto del 2010, de igual manera como ha ocurrido en la ejecución del presupuesto del 2011. Para colmo, en el 2012 se apropió un monto destinado al subsidio eléctrico inferior a lo ejecutado en los años previos, lo cual fue confirmado por el propio presidente de la república que anunció al país que el subsidio eléctrico estaría cercano a los US$1,000 millones en el 2011.

El FMI también sugirió que se aumentara la tarifa eléctrica en septiembre del 2011 en un 9% y que en el año próximo se realizarán ajustes mensuales de 1.5% por los próximos seis meses en la tarifa eléctrica. Por razones exclusivamente políticas el gobierno de Leonel Fernández no solamente no cumplió con los  acuerdos contraídos con el FMI sino que además el Ministro de Economía anunció la creación de un fondo de compensación a los precios de los combustibles; que no es más que un subsidio encubierto al consumo para compensar la debilidad del candidato oficial considerando los resultados de las encuestas políticas prestigiosas en el país.  La interpretación de esta propuesta es que aleja al gobierno de reanudar el acuerdo con el FMI ya que este nuevo subsidio profundizaría el desequilibrio de las cuentas fiscales.

Además, los resultados preliminares del déficit fiscal indican que solamente durante el mes de septiembre el gobierno tuvo un déficit equivalente a RD$11,000 millones. Esta cifra es preocupante toda vez que el promedio del déficit fiscal durante enero-agosto del presente año fue de RD$2,500 millones. Actualmente, el déficit fiscal es de RD$31,000 millones a septiembre y la meta fijada en el acuerdo con el FMI es de RD$33,000 millones para el 2011.

El Jefe de la Misión del FMI, señor Alejandro Santos, establece en su carta dirigida al gabinete económico (fechada el 19 de octubre del 2011) que el gobierno "…nunca cumplió con el déficit corriente del sector eléctrico desde su introducción en diciembre del 2010. El déficit eléctrico a junio del 2011 fue 3 veces más alto al programado y existe un alto riesgo que no se cumpla en septiembre". De la misma manera el gobierno tampoco cumplió con el aumento programado de los clientes de las EDES, siendo un 12% inferior a lo programado.

Esta decisión del gobierno ha costado la colocación de US$250 millones en bonos soberanos para sustituir los desembolsos programados de los organismos multilaterales a plazos cómodos y baratos por deuda privada, cara y a menores plazos de vencimiento. Lo que sugiere que el gobierno se dispone a descartar la supervisión del FMI con el objetivo de aumentar desproporcionadamente el gasto público durante la presente campaña política. Esto tiene un doble objetivo, primero empeorar la situación económica a la próxima administración del gobierno y, segundo, tratar de evitar que se vincule a la administración Fernández al desastre económico que ha creado para mantener la supuesta estabilidad macroeconómica.