Opinión

La República Dominicana reprobada en Dere­chos Humanos

Por Freddy Angel Castro Díaz

El departamento de Estado ha vuelto a poner el dedo sobre las llagas, con su informe Informe sobre Dere­chos Humanos en la región, correspondiente al año 2019, particularmente caso República Dominicana.

El mismo llega en un momento crítico para el gobierno dominicano, después de haberse enfrentado al movimiento social de La Plaza de Las Banderas, los cacerolazos y otras formas de protestas; ante las fracasas elecciones del 16 de febrero pasada, que había convocados a7,487,040 para escoger las autoridades de los 158 municipios y 235Distritos Municipales. La magnitud de las protestas terminó con un diálogo alternativo de la juventud, donde acogieron demandas del movimiento social y de los partidos políticos que participaron en la marcha por la democracia, y otro diálogo en el CES, avalado por dos partidos PLD-PRM y la cúpula empresarial dominicana.

Los nuevos colectivos empoderados son un germen de la Sociedad Civil, que cuestionan el modelo de actuar y conducción del Estado. Demandan respuestas de los políticos dominicanos, deploran la infuncionabilidad de las instituciones, sancionan las violaciones a las normas ambientales y los parques protegidos, la depredación de las cuencas acuíferas. Condenan la corrupción pública y privada, la inseguridad ciudadana, la desigualdad social, la pobreza, el asesinato de mujeres por su pareja sentimental, entre otros males que afectan la sociedad dominicana.

El informe reprueba  la lucha en contra de la corrupción que ha realizado el gobierno dominicano, destacando la existencia de sobornos. Dice el informo que: En septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vincu­lados en el caso de sobor­nos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de ha­ber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Esta­do.

Una nueva investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, representada en nuestro país por Alicia Ortega, revela casos no denunciados y obras públicas masivas vinculadas con la operación de sobornos de Odebrecht, por otro por 38.5 millones de dólares, pagados a consorciados, banqueros lobistas, asesores, ingenieros, técnicos y periodistas. El fracaso de la lucha en contra de la corrupción dice el informe, consiste en que no hemos implementado correctamente las leyes contra los funcionarios acusados de corrupción en nuestro país.

Es tan drástica la crítica de éste que proclama: El gobierno tomó algu­nas medidas para castigar a los funcionarios que come­tieron abusos contra los de­rechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción ofi­cial, especialmente entre los altos funcionarios.

El informe acusa al Gobierno de no respetar la independencia del Poder Judicial, su imparcialidad, a pesar de lo que establece la Constitución artículo 151, sobre la Independencia del Poder Judicial: Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley. Es la continuidad del quiebre institucional que sufre el Estado dominicano.

El  informe sobre derechos humanos de EE.UU. registra que el Gobierno monitoreó llamadas y correos electrónicos sin autorización, violando la constitución en su artículo 44 sobre el derecho intimidad y el honor personal , el cual reza : Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Es altamente ilustrativo de esta violación la intervención realizada a la ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, violando las más elementales normas de derecho y convivencia de un Estado democrático.

La libertad de información retrocedió, debido a las acciones conducentes a eliminar periodistas del nivel más crítico del gobierno de importantes medios de comunicación. Los periodistas  dominicanos recibieron amenazas y fueron golpeados en 2019.

La Sociedad Interamerica­na de Prensa (SIP) informó que: los periodistas dominica­nos sufrieron ataques violen­tos por parte de militares y po­liciales de los funcionarios del Gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la Sociedad Civil.

Otro aspecto que destaca el informe, es el des­pido de Marino Zapete de Teleradio América tras de­nunciar que la hermana del procurador general de la Re­pública Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido contratos guberna­mentales sin licitación por va­lor de 750 millones de pesos dominicanos. Este proceso está en la justicia dominicana, porque la señora Maybeth Rodríguez demandó al periodista Marino Zapete, por difamación e injuria.

Entre los problemas impor­tantes de derechos humanos, se incluyen informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de se­guridad del Gobierno; torturas por parte de la policía y otros agentes del gobierno, deten­ción arbitraria, condiciones penitenciarias severas y po­tencialmente mortales, inter­ferencia arbitraria con la pri­vacidad, graves problemas con la independencia del Po­der Judicial, difamación cri­minal para periodistas indi­viduales.

La República Dominicana está reprobada en Dere­chos Humanos, sencillamente continua el retraso de la democracia dominicana.


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