La migración es uno de los grandes desafíos y a su vez uno de los temas más sensibles y controversiales que nos incumbe. Es uno de los grandes fenómenos globales que impacta a todos los estados, desde China hasta Mauricio. Millones de migrantes se desplazan en busca de mejores oportunidades, muchas veces dentro de sus mismas demarcaciones geográficas, como es el caso de las corrientes migratorias Norte-Norte. Sin embargo, el corredor migratorio Sur-Norte (hacia el primer mundo) y el corredor Sur-Sur (de un país en desarrollo a otro) son los más discutidos. La República Dominicana se encuentra en estos dos últimos corredores.
En septiembre del año 2000 mediante la resolución 53/239, más de 190 jefes de estado y de gobierno proclamaron la Declaración del Milenio (2000-2015). Esta manifestación consta de ocho objetivos principales, y estos a su vez tienen metas que debieron ser alcanzadas para garantizar modos de vida sustentables para todos los habitantes del planeta.
Sin dudas se ha avanzado significantemente. No obstante, se necesita más por lograr. Es precisamente en este contexto que los Estados Miembros lideran las negociaciones para la Agenda para el Desarrollo Post-2015, año en el que concluye el plan estratégico para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) e iniciaría una nueva etapa para seguir mejorando. Sin embargo, la migración, uno de los grandes motores del desarrollo socio-económico global, fue dejada fuera del debate.
Al ser la migración un asunto global, ningún país puede implementar y manejar exitosamente su política migratoria sin la cooperación de otros socios estratégicos; y la República Dominicana no es la excepción. Por lo tanto es menester la colaboración de actores endógenos y exógenos. Abordarlo exitosamente requiere de mucho tacto político y una diplomacia efectiva así como colaboración multilateral.
La inmigración no solo trae consigo crecimiento económico, y riqueza social y cultural, sino también presupone un desafío en la aplicación de las políticas públicas, sobre todo en los países del Sur Global, dadas las precariedades existentes. Esto así por el gran número de trabajadores migrantes que se instalan en nuevos países, generando así una mayor demanda de los servicios, esto en base a derechos fundamentales que les asisten a los migrantes.
La República Dominicana no es solo un país emisor; sino que es a su vez receptor de trabajadores migrantes, lo que le obliga a garantizar estándares mínimos de estricto respeto a los derechos humanos de estos trabajadores y sus descendientes. Obviamente, esta es una ardua tarea que conlleva tiempo y armonización política interna. Pues hay que combinar el respeto a los derechos humanos garantizando el interés nacional.
De hecho, en el caso dominicano, por varias décadas este país caribeño no priorizó su política migratoria y al intentar hacerlo a partir de la controversial sentencia TC168/13, esto concitó la atención y preocupación de diversos sectores por temor a violaciones de derechos fundamentales. Sin embargo, todo parece indicar que actualmente se trabaja en el establecimiento de un sistema garantista en el país, cimentado en condiciones humanas y ordenadas a través de la Ley 169/14.
La ausencia de una ley de migración efectiva y eficiente, y falta de claridad en la interpretación de las normas jurídicas en vigencia facilitaron el influjo de una inmigración desbordada, que si bien contribuyó al crecimiento de la economía, no menos cierto estaba carente de regulación, orden y justicia social.
En el año 2004 el Estado dominicano hizo un intento de corregir lo anterior al aprobar la Ley General de Migración, Ley 285/04, la cual debió ser la piedra angular de la ‘nueva’ política migratoria de República Dominicana, pero la ley no contribuyó a solucionar los problemas.
No obstante, actualmente la ocasión no puede ser más halagüeña para la implementación de estas políticas, ya que la propia Organización de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas han puesto el tema migratorio en el centro del debate para la Agenda de Desarrollo Post-2015. Con la aplicación de la Ley 169/14 la República Dominicana, no solo debería aprovechar el viento de cola de estas negociaciones, además dar un paso al frente en la materia. Siempre hay espacio para mejorar.
Sería favorable que la República Dominicana aprovechase este escenario internacional para hacer los ajustes de lugar si fuese necesario, y demostrar que está desarrollando un plan migratorio serio, ordenado, humano y transparente. Además, socializar su política migratoria en todos los idiomas de la ONU ayudaría mostrar al mundo que estas políticas están fundamentadas en la justicia, respeto a los derechos humanos, y la protección.
Asimismo contribuiría aceptar críticas constructivas y evitar el envío de misivas por parte de algunos funcionarios a comunicadores. En su lugar, sería prudente enviar notas resaltando lo positivo que ha hecho el país ya desde mucho antes del terremoto del 2010, sus nuevas prácticas, así como sus mejores intenciones de mejorar en el amplio sentido de la palabra.
Y por último, evitar confrontaciones prolijas a lo interno y externo, incluso con el propio Haití, pues, eso distrae y no suma, al igual que pleitos con líderes internacionales. De seguir así, el próximo hostil sería el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, y eso probablemente tampoco sume a la causa.
¡Armonicemos, colectivicemos, pero sobre todo contemos lo bueno; esa es la verdadera defensa!
Notas
1. Ver Reporte del Global Migration Group (GMG)
2. Ver Informe sobre Las Migraciones en el Mundo: El Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo