Desde la puesta en marcha del neoliberalismo en los años 70 y 80 del siglo pasado el papel del Estado en la regulación de la economía y el mercado laboral se redujo a su mínima expresión. El Estado perdió el control del mercado. Se produjo la privatización de las empresas estatales y se impuso la libre circulación de capitales internacionales en manos de las multinacionales y su expansión a través de la globalización.
Similar a la postura del presidente Medina, que luego de firmar el acuerdo de París, redujo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y aprobó la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina para beneficiar a Odebrecht
A partir de entonces las decisiones políticas las dictan los mercados y los representantes políticos operan como ejecutivos de las multinacionales. El hombre del maletín se hace presente en las legislaturas para comprar las leyes que favorecen al empresariado y obstaculizar la aprobación de aquellas cuyo contenido social pueda afectar la ley de la oferta y la demanda. La financiación privada de las campañas electorales garantiza a los inversionistas medidas gubernamentales de reducción de impuestos y aprobación de proyectos de inversión al margen de sus efectos adversos en los humanos y en el medio ambiente.
Una muestra paradigmática de esta relación maquiavélica entre el capital y la política la constituyen las inversiones de la familia Bush en las petroleras de Oriente Próximo, para cuya prolongada extracción el presidente Bush lanzó la guerra entre los Estados Unidos e Irak y la posterior reconstrucción del destruido país islámico por compañías de capital y empleomanía norteamericanas.
Asimismo, fenómenos tan habituales como las huelgas pueden ser boicoteadas por los asesores presidenciales quienes a su vez son ejecutivos de las empresas a quienes benefician dichas huelgas. Recientemente se produjo una huelga de taxistas en el aeropuerto John F. Kennedy convocada por la Alianza de los Trabajadores del Taxi de Nueva York (New York Taxi Workers Alliance) en reacción a la orden de detención y negación de entrada impuesta por el gobierno de Donald Trump a turistas provenientes de siete países con predominio musulmán. Para contrarrestar los efectos de la huelga de taxistas la compañía Uber ofreció reducción de tarifa. Lo que en un principio pareció una medida solidaria de parte de Uber, no fue más que una oportunidad de mercado que benefició a Travis Kalanick, ejecutivo de Uber y miembro de la junta de asesores financieros de Trump. Al enterarse de los intereses económicos de Trump en Uber, activistas y celebridades decidieron usar el servicio de la competencia Lyft, que donó un millón de dólares a la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU: American Civil Liberties Union) para pelear en los tribunales el bloqueo de entrada impuesto por Trump a viajeros islámicos. Fue así que unas doscientas mil personas borraron la aplicación de Uber de sus aparatos electrónicos. Pero resulta que uno de los principales inversionistas de Lyft, Carl Icahn, es también asesor financiero de Trump e hizo una mayor inversión en su campaña que el ejecutivo de Uber, Kalanick.
Y, dado que en el neoliberalismo el capital no conoce de ideologías, no nos sorprende que Citgo Petroleum Corporation, una de las tres compañías petroleras más grandes de los Estados Unidos, no sólo es filial de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sino que patrocinó la ceremonia de toma de posesión de Trump con medio millón de dólares.
Por último, la contradicción entre el discurso y la práctica en franca violación a los acuerdos internacionales es típica de la política neoliberal. La postura de Justin Trudeau frente al medio ambiente epitomiza dicha contradicción. Mientras en la conferencia de París sobre el clima en el 2015 se comprometió a cumplir el tratado de protección al medio ambiente, en la práctica ha aprobado la construcción de oleoductos para transportar petróleo desde Alberta hacia los Estados Unidos y el Golfo de México para beneficiar a los inversionistas en las mismas. Similar a la postura del presidente Medina, que luego de firmar el acuerdo de París, redujo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y aprobó la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina para beneficiar a Odebrecht y su socio, Joao Santana, asesor de Medina en las campañas electorales.