A pesar de la insuficiencia y el desapego gubernamental con el arte y la cultura, las academias, escuelas y otras instituciones han reproducido la de forma exponencial a profesionales en diferentes disciplinas; y con ello numerosos gremios y grupos con intereses comunes.
Pero esta vendimia cultural de décadas se ha manifestado y desarrollado sobre la base de acciones y costumbres domésticas desvinculadas de por lo menos un reglamento que permita un ejercicio claro en la producción, exhibición y mercado de las creaciones artísticas. Hasta ahora, solo el cine, ha dado algunas muestras de organización.
En el caso específico de las artes visuales, figuras como: artistas, gestores, galeristas, curadores, críticos, productores, espacios expositivos e instituciones, están en su conjunto desprovistos de un protocolo o esquema que permita aclarar los roles y compromisos para operar cualquier proyecto. Por lo que este sugestivo aumento de propuestas no supone necesariamente una proyección responsable, sino más bien el tránsito de obras con pactos que consolidan la “palabra de gallero”.
El contexto actual requiere una normativa en la que se contemplen todos los aspectos de contratación, donde se incluya a los actores que intervienen en este ejercicio, pero sobre todo, puntos neurálgicos como: compra-venta, cesión de obra y derecho, reproducciones en soportes materiales, digitales y audiovisuales, acuerdos con galerías, préstamos de obras. Todo estos acompañados de contratos puntuales que den pie a una plataforma natural de trabajo, donde el bien público sea la regla.