El tema de las reformas fiscales siempre ha sido un asunto complicado y conflictivo, se entiende que estas son necesarias, siempre y cuando la subida de impuestos le toque a otros.
Soy de los que cree que la presión tributaria en la República Dominicana es baja, aunque existen sectores altamente gravados. También es un hecho difícil de refutar, que la calidad del gasto en el sector público tradicionalmente ha sido cuestionable, poco trasparente e ineficiente; vemos señales alentadoras en el nuevo gobierno encaminadas a corregir esta situación.
Independientemente al mal uso que se le ha dado a los ingresos del Estado, éste en los últimos tiempos no ha recibido los recursos suficientes para cubrir sus múltiples obligaciones y necesidades, con el agravante de la existencia de leyes que lo obligan a distribuir una parte de ellos.
La cosa se pone peor por la gran evasión de impuestos que todavía existe en nuestro país, a pesar de la mejoría en la obtención de información y controles que ha traído la informática y las medidas tomadas por algunos Directores de la DGII, todavía tenemos mucha tela por donde cortar en este asunto.
El sistema tributario que ahora rige, es injusto y regresivo; provocando que sectores carguen un peso tributario muy alto, mientras otros apenas contribuyen.
La pandemia que sufrimos, ha puesto en evidencia la precariedad de las cuentas públicas y la irracionalidad del endeudamiento que se vivió en los últimos años, cuando con el crecimiento constante de la economía hubiera sido más fácil hacer una reforma.
Actualmente tenemos una caída de los ingresos como consecuencia de la disminución en la actividad económica y un incremento de los gastos por las necesidades impuestas por el problema sanitario, con la carga de un servicio de la deuda que compromete más del 40 por ciento de los ingresos del gobierno; por esas razones y a pesar de las circunstancias adversas existentes, la reforma fiscal se presenta como una necesidad impostergable y en esta ocasión no son parches lo que se precisan. Todos debemos propiciar y apoyar una revisión total del esquema tributario vigente; para hacerlo más general, con figuras impositivas simples de amplia base que no dejen resquicio a la evasión, racionalizando las numerosas exenciones existentes, sin dejar fuera las rentas altas.
Para su buen funcionamiento todo esto requeriría fiscalización, mediante un esfuerzo social serio y posible de monitorear, para que se le dé al gasto público la mayor trasparencia, eficiencia y racionalidad posibles.
Esto no admite demoras, pues tal y como dijo el economista Carlos Despradel en su enjundioso artículo de reciente publicación, en caso de no hacer lo que se debe, "la economía a través de sus reglas ineludibles, nos impondrá el necesario ajuste, el cual será más severo y socialmente más injusto".