Los actos violentos escenificados la semana pasada por un grupo de personas, encabezado por un diputado, necesariamente amerita la atención de la ciudadanía, ya que dicho accionar resulta contradictorio con el llamado a la cordura, a la sensatez, a la paz y a la esperanza, que debe provenir de toda autoridad con sentido común, no solo por la coyuntura que el destino ha colocado a nuestro país y a gran parte del mundo, sino, por una legislatura y un gobierno en ciernes, que ni siquiera ha cumplido los cien días.
En medio de este triste panorama, hay sectores apostanto al caos y a la desestabilización nacional, que en nada provechoso conduciría a los mejores intereses y desarrollo del país, sino, solo a la satisfacción del ego personal y grupal y de los objetivos políticos partidistas que defienden, y a los cuales representan.
En la última década, la sociedad ha librado exitosas luchas, absolutamente pacíficas y civilizadas, en los justos reclamos de reivindicaciones sociales tan significativas para el desarrollo de la nación, como son, el famoso cuatro por ciento de la educación y la actual, relacionada en un alto porcentaje, con las políticas públicas de transparencia, justicia independiente y cero impunidad respecto de los actos de la corrupción administrativa.
Es un penoso drama no contar con los suficientes recursos en medio de una situación como la acontecida, pero no deja de ser un episodio dantesco y desolador, no disponer de los fondos que social, lógica, legal y constitucionalmente hablando le corresponde a los trabajadores en una etapa tan vital y crucial de la vida, como lo constituye la senectud, por todas las implicaciones que significa haber llegado a la misma, verbigracia, condiciones tan elementales como la salud, alimentación y vivienda.
No es un tema pacífico, no se puede festinar su resultado, existen otros puntos de interés nacional de igual importancia que el abordado, con una similitud en cuanto al objeto, y es la relativa a los fondos del erario público sustraidos a través de los años por muchos funcionarios públicos, cuyas acciones no han permitido precisamente, que muchos trabajadores tengan una mejor calidad de vida en sentido integral.
Resulta pertinente evaluar factores o hipótesis de trascendente utilidad, como serían las formuladas ante una eventual entrega de los fondos de pensiones parcial o totalmente a los trabajadores, si la edad de éstos ameritaría ser estimada para la entrega, si esa situación representaría una verdadera transformación económica, social y política en el mejoramiento de la calidad de vida, en la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales.
Ponderar además, si dicha entrega desprotegería a largo plazo a los discapacitados, si se pondría en riesgo la capacidad de ahorro nacional e individual y la sostenibilidad del desarrollo económico y social o si por el contrario, se convertiría en algo tan efímero y fugaz que al abrir y cerrar los ojos, el país se encontraría con el mismo problema, pero con la agravante, de haber retrocedido con el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores en el presente y en el futuro.
Analizar si se desnaturalizaría el objeto, y los fines que originaron la ley, si dicha legislación realmente no promueve un sistema de seguridad social en el que se garantice una protección colectiva, familiar y personal a toda la población, sin distinción; si la misma nunca ha asegurado la gradualidad, sostenibilidad, funcionalidad y el necesario equilibrio financiero en condiciones de igualdad; si con dicha norma, no se han alcanzado niveles de vida socialmente aceptables, y al mismo tiempo, el esquema de su regulación, no le ha permitido al Estado preservar su carácter público y su función social.
En todo caso, lo que jamás podría ponerse en juego, es la justa y equitativa proporción de los valores que aporta cada trabajador con su ardua labor cotidiana, que esa cotización y la que hace el empleador, en vez de que disminuya aumente, sin afectar el salario neto devengado, y del mismo modo, sean reducidas las ganancias exorbitantes de las administradoras de los fondos de pensiones, y que esos emolumentos en vez de perjudicar a los cotizantes, vaya en su beneficio, por corresponder al patrimonio exclusivo de esa clase que mantiene viva la producción nacional y un mejor porvenir en la República Dominicana.