Hace algo más de una semana que el juez Román Berroa Hiciano confirmó el archivo de la querella de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández. Con eso confirmó una decisión de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso. Da la impresión de que el destino de dicha querella está marcado. Es dudoso que la Corte de Apelación o la Suprema Corte de Justicia decidan algo distinto.

Creo que tanto Yeni Berenice como Román Berroa son funcionarios públicos probos y capacitados. Pienso que están convencidos de la corrección jurídica de sus decisiones. También creo que están equivocados. En mi opinión, en la querella se presentaron indicios suficientes para ordenar una investigación. Además, entiendo que entre los hechos presentados por Moreno se configuraba claramente una violación al artículo 175 del Código Penal.

En lo que sí podemos estar todos de acuerdo, y que se pone claramente de manifiesto en la decisión hecha pública por la Procuradora Fiscal, es en que nuestro sistema de justicia es incapaz de perseguir y sancionar la corrupción administrativa en la forma en que esta merece.  Ya sea por faltas de los actores, por carencias del sistema o por lagunas en la ley, lo cierto es que tenemos todo un abanico de razones para este terrible fracaso institucional y social.

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En República Dominicana hemos normalizado la corrupción en todos los ámbitos, quizás por eso nos parecen díscolos los que deciden enfrentarla

Los defensores de Leonel Fernández han sido raudos en exhibir las dos decisiones que le benefician como muestras de su inocencia y del éxito de nuestro sistema de justicia. No son ni una cosa ni la otra. Sólo hay que leer la decisión de la Procuradora Fiscal para darse cuenta de que los actos cometidos por Fernández –y, según ésta, reconocidos por sus representantes- están reñidos con la ética y, en muchos países, son considerados delitos graves.

Esto es relevante si tomamos en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico el término “corrupción” se refiere a un concepto y no un tipo penal. Es decir, no existe el delito de “corrupción” en sí mismo, sólo un conjunto de normas anacrónicas que no se adaptan a la realidad contemporánea. Pero si bien esto quiere decir que es difícil perseguirla penalmente, sí es posible identificarla y señalarla.

Si hacemos acopio de lo expresado por la Convención Iberoamericana contra la Corrupción, y por lo señalado por el dictamen de la Procuradora Fiscal, los actos cometidos por Leonel Fernández son actos de corrupción, aún si no existe norma penal que los tipifique y castigue.

Tampoco es un éxito del sistema de justicia. Es cierto que un sistema de justicia democrático requiere la tipificación clara de los actos perseguidos como requisito previo imprescindible para juzgar y condenar a una persona.  Eso es necesario para la seguridad jurídica y debe ser respetado siempre, pero la aplicación de esta regla en casos concretos no siempre va en beneficio de la justicia y la sociedad.  Hay decisiones que hay que asumir como trago amargo para poder tener reglas claras. Esta es una de ellas, quizás –quizás, digo- sea correcta, pero es parte del precio de un Estado de Derecho y no del beneficio.

Algo similar se puede decir respecto de la querella en sí misma.  Muchos la rechazan porque entienden que Moreno la ha usado como un vehículo de promoción política. Otros porque tienen críticas importante a Moreno mismo. Me parece que ambas críticas pierden el norte.

La primera porque, si bien es cierto que hubiera sido preferible que esta querella la interpusieran ciudadanos ajenos a la política partidista, lo cierto es que nadie lo hizo.  Que haya sido un aspirante a la presidencia quien tuviera que asumir esa responsabilidad no es una crítica que pueda hacérsele a éste, sino a toda una sociedad que ha sido observadora pasiva y transmisora oral de hechos que no ha querido enfrentar.  Mientras no cometa un acto de ilegalidad, desde la pasividad no podemos cuestionar los motivos que llevaron a Moreno a asumir esa responsabilidad.

Pero tampoco es aceptable el argumento de que si a Moreno tanto le molesta Fernández lo que tiene que hacer es derrotarlo en las urnas en vez de someterlo a la justicia. Es cierto que Leonel Fernández no es el padre de nuestro sistema corrupto. Pero sí es uno de sus promotores e, incluso en este momento, uno de sus principales instrumentos.  Y precisamente por eso un proceso –justo, claro está- en su contra sería muy importante para el país. El tema no es sólo de votos, también es de institucionalidad. Así que lo lamento, pero la corrupción no hay sólo que derrotarla en las urnas, hay que llevarla a los tribunales, que para eso están.

Finalmente, hay quienes rechazan la querella porque Moreno no les inspira confianza, dudan que sea tan diferente como se pinta. Y, todo hay que decirlo, algo de razón les ha dado éste para que piensen así.  En este mismo proceso ha asumido posturas que son incompatibles e incluso indignas del discurso ético en el que quiere fundamentar su capital social y político. Me refiero, por ejemplo, a los ataques personales de los que hizo objeto a Yeni Berenice Reynoso luego de que ésta dictaminara en su contra. Esos actos son criticables, pero ni disminuyen los méritos de la querella ni tampoco implican un daño social comparable al de la corrupción institucionalizada.

Hay que mantener el ojo en la bola y tener en cuenta que, mientras los ciudadanos no nos involucremos directamente, no sólo seguirá siendo ineficaz la lucha contra la corrupción, sino que ni siquiera contaremos con las herramientas legales e institucionales para llevarla a cabo. Los purismos y las torres de marfil no son compatibles con la ciudadanía responsable. Por eso, en vez de buscarle pegas a quienes han asumido esa responsabilidad, debemos hacerla nuestra. En República Dominicana hemos normalizado la corrupción en todos los ámbitos, quizás por eso nos parecen díscolos los que deciden enfrentarla. Debemos entender que eliminarla del sector público -que es decir del sector que concierne a todos los dominicanos- es necesario para que podamos superarlo en todos los ámbitos. Y, aunque disguste a algunos, los tribunales son parte de la solución.

En todo caso, y tomando en cuenta que no es una obligación ciudadana asumir estas querellas, podemos asumir nuestra responsabilidad en otra forma: criticando la fuente del problema y no a aquellos que lo combaten.