El informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA), extremadamente cuidadoso para no provocar susceptibilidades de ninguna de las partes en conflicto, debió basarse obligatoriamente en la verdad. Aborda en un lenguaje diplomático situaciones denunciadas tras el cierre del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).
La comisión fue enviada en razón no tan solo de las disputas escenificadas por los gobiernos dominicano y haitiano en el Consejo Permanente, sino también por las preocupaciones de diversos sectores sobre la eventualidad de una vasta operación dominicana de deportaciones, sin precedente en la región, que afectaría a más de 250,000 personas, incluyendo la expulsión de nativos.
La manipulación de unas declaraciones del secretario general de la OEA a la cadena CNN en español, relativas a la cohabitación de los dos países en un mismo territorio insular, y ciertas sugerencias para el manejo del conflicto migratorio, como también el recuerdo del papel del organismo en la intervención de Estados Unidos en 1965 en República Dominicana, sirvieron tanto para intentar descalificar como para llevar a los comisionados a mantener una evidente prudencia.
Si bien no se ha registrado aun una crisis humanitaria en Haití, el informe reconoce que en virtud de la política migratoria dominicana se da un “desplazamiento de personas que viven en situaciones precarias” en la frontera. No es casual que el mismo solicita la ayuda estatal e internacional en favor de los grupos más vulnerables.
Al respecto, no se pudo precisar dos elementos muy importantes. Por un lado, el número de las personas afectadas, por no contar con cifras comprobadas en ambos lados, dado el hecho de que se tiene la impresión de un abultamiento del número de los que han dejado el territorio dominicano por un manejo político frente a los grupos ultranacionalistas.
Por otro, los comisionados se cuidaron en no asumir la versión oficial, que los retornados a Haití lo hacían “voluntariamente” porque, entre otras razones, los testimonios que ofrecen al llegar en su tierra son contradictorios a las declaraciones de funcionarios dominicanos.
Asimismo, no aparece la palabra “apatridia”. Sin embargo, el informe subraya la situación de “personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad”, lo cual es totalmente cierto por las razones técnicas, jurídicas y políticas que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) había ya establecido en documentos anteriores.
Se trata particularmente de los integrantes del llamado grupo B, es decir, dominicanos indocumentados de ascendencia haitiana no registrados en el PNRE, quienes serían expatriados de acuerdo a los anuncios oficiales. Haití dice alto que nos los recibirá.
En este sentido, la recomendación del establecimiento de un mecanismo compatible con los estándares internacionales para regular el desplazamiento de personas hacia la frontera tiende a reducir los casos de expulsión de los desnacionalizados a través de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Debe observarse que el informe recomienda un dialogo entre los dos países. Cabe leer, no exclusivamente entre los dos gobiernos, lo cual proviene de los intercambios sostenidos entre actores gubernamentales y no gubernamentales en los dos lados de la isla.
La sociedad civil insular tiene la ventaja de no tener una agenda política limitada a una gestión gubernamental, por lo cual ha desarrollado en los últimos años un activismo marcado en favor de relaciones transparentes entre los dirigentes. Esa tarea se ha revelado difícil por la incidencia de grupos extremistas haitianos y dominicanos con el caldo de cultivo de la problemática migratoria que se registra en territorio dominicano.
Tras tres crisis en menos de dos años, mal manejadas por los dirigentes, se ve la necesidad de adoptar un nuevo modelo de dialogo con una participación activa de la sociedad civil. Sin embargo, sin la voluntad política de los principales protagonistas es imposible concretizar esa idea.
De pronto, el gobierno dominicano rechazó la mediación de la OEA y condicionó el reinicio del dialogo a excusas o el cese de los ataques de Haití. Igual que la línea dura dominicana, las reacciones haitianas no han sido nada tiernas. ¿Qué justifica esas posturas radicales?
Compete a ambas partes probar la inexistencia de una agenda clandestina abriéndose al dialogo propuesto por la OEA