El estado, es la llamada supra institución social, aquella que está por encima de las demás, entiéndase la religión, la educación, el ejército, la familia a las que permea con sus acciones. El estado debe, como función principal, regular la vida pública y privada, velar por su gestión administrativa, legal e impregnarle legitimidad a su ejercicio para lograr la validación social. También el estado tiene un lado oscuro, el control de los aparatos de estado o de seguridad nacional y ciudadana, además de controlar el cuerpo policial y militar del país y la seguridad nacional.
El estado se relaciona con el gobierno que es su esfera burocrático-administrativa de la gestión del país y se cruza con las otras gestiones ya mencionadas, pues en términos legales, quien representa jurídicamente al país y al estado, es el gobierno.
El presidente de la república encabeza la representación pública, legal, nacional e internacional de la nación y sus ministros forman el gabinete ejecutivo, administrativo, técnico, profesional y de la estructura de la empleomanía que hace posible la funcionalidad del día a día de los servicios y funcionalidades de las instituciones representadas como parte de la diversidad de la gestión pública hacia la comunidad, los bienes públicos, los movimientos económicos y financieros que se ofrecen en la vida económica del país, así como también sus relaciones internacionales.
Solo con esta redefinición del papel del estado en una reforma estructural global, lograremos que, en ese aspecto de la vida social e institucional, también demos un salto.
Estas múltiples funciones del estado obligan a exigir un nivel de eficiencia, competencias profesionales y ordenamiento del trabajo burocrático de la gestión pública que, por su responsabilidad nacional, debe velar por su calidad de servicio y eficiencia, además de la pulcritud del manejo de los fondos y la racionalidad obligada de los mismos con la debida transparencia que se demanda o requiere cuando de dinero público hablamos.
Todo lo anterior indica que la administración pública debe tener claro la responsabilidad y la demanda de una mano de obra cualificada, pues el estado es la más grande empresa nacional, pero de propiedad pública. Esta compone dos elementos claves: lo administrativo y los servicios públicos.
El pensamiento social definió la burocracia como el trabajo realizado detrás del bureau, del francés, escritorio. Originalmente en la fase previo a la Revolución Francesa de 1789, el economista fisiócrata francés Jean-Claude Marie Vicent de Gournay, lo usó con sentido peyorativo relacionado a los retrasos de los procedimientos del estado monárquico (como aún hoy se entiende a la burocracia estatal); Luego Max Weber (sociólogo alemán de los fundadores de la sociología), le dio sentido positivo al verlo como operativo e indispensable en la organización de las funciones públicas.
La burocracia está relacionada a escritorio, papeles, oficina, horario, firma y tramitación de documentos y planes de trabajo que ordena la vida institucional, y con procedimientos y protocolos, cada institución define sus funciones y responsabilidades públicas. La salvedad del sociólogo alemán, como todo estudioso de la vida social, era cómo la organización estatal amparada en el trabajo de sus funcionarios y empleados, hacen dificultosa y lenta su eficiencia y respuestas a la demanda de la gente.
La lentitud de la burocracia estatal la hace tediosa, deficiente en sus servicios y complicada en sus procedimientos. Si a eso le sumamos ineptitud en la cualificación del personal, falta de competencias de sus áreas profesionales y técnicas, y uso inadecuado de la selección del personal apoyada en muchos países en un clientelismo político, familiar y de grupos o sectores de poder, esto gravita de manera directa en la mala calidad del servicio que debe prestar el estado para asuntos personales, institucionales, trámites económicos, de documentos personales, de servicios y de inversión en áreas prioritarias de la vida pública.
Como resultado de todo lo anterior, en los países donde el estado, como aparato representativo de la nación y órgano técnico-administrativo, es cada vez más eficiente, lo hace, alterando los cánones tradicionales y convirtiéndolo en una institución competitiva, eficiente, profesional, de alto nivel técnico y con una empleomanía formada, disciplinada y conocedora de los procedimientos y la operatividad de las áreas y departamentos, evitando la improvisación, el desconocimiento de los procedimientos y los protocolos.
Esa profesionalización es garantía de un mejor servicio público, menos retraso en los servicios que la sociedad espera de estas instituciones, el cumplimiento de las tareas de sus empleados y la cualificación de su personal técnico-profesional.
Estos países que han logrado niveles óptimo de profesionalidad en los servicios y rendimientos eficientes del estado se amparan en concursos de oposición para los puestos técnicos, profesionales e incluso, cualquier vacante que se presenta en una dependencia del estado, de forma y manera que, el ingreso de cualquiera de las personas que pase a formar parte de la nómina pública se hace previo a una evaluación, y no porque lo mandó el partido, el hermano del funcionario, el jefe del departamento; lo contrario, debe ser por un concurso, única forma de transparentar la nómina pública, hacerla más racional, cualificada y eficiente.
Esto implica romper el clientelismo de cuajo, obligar a la clase política a no ver el estado como una finca productora de simpatías políticas, votos y adhesiones como pago a un puesto en el estado. De seguir este derrotero, se incrementa el presupuesto público, pues el estado es el gran consumidor nominal del país, este tipo de selección clientelar afecta la calidad de la labor institucional y debilita el servicio que espera la población de las instituciones que, por ley, deben dar respuestas a las necesidades de la gente por el tipo de servicio que ofrecen como salud, transporte, educación, vivienda, agua potable, electricidad, seguridad ciudadana, entre otros.
Solo salvamos la eficiencia del sector público, si eliminamos la política de la selección del personal que allí debe laborar, si se impone como norma, el concurso de oposición, si entrenamos el personal de base en el manejo de procedimientos y protocolos institucionales y se establece una escala formativa y salarial para el personal que allí debe trabajar. La ley de Carrera Administrativa aprobada dejó por conveniencias políticas, mucha gente protegidas en la carrera administrativa, pero con pobre cualificación, y por un lado logró cierta estabilidad del personal, y por el otro, no completó el procedimiento de cualificación, dejándonos, un problema en una parte, y una solución en la otra.
El concepto asistencialista del estado y providencialista se contrapone a la modernización del estado, a su racionalidad y esa burocracia sobrecargada, tiende a disminuir el rendimiento y a entorpecer y atomiza los pasos para lograr un servicio eficiente, pues hay más de tres a cuatro personas para una misma labor y la congestión de personal hace que nadie se sienta responsable, porque todos están y nadie asume.
Romper con esto es una labor titánica, pero necesaria, el estado dominicano debe implicar y comprometer más al sector privado en la creación de empleos, hacerlo más competitivo y desafiante apoyando sus iniciativas y no entorpeciendo sus solicitudes. El estado dominicano debe eliminar su rostro como agente económico y dejarle la actividad económica a los sectores que están para eso, su función es regularlos, orientarlos, y acompañarlos en sus iniciativas, para que sirvan ellas, como fuentes generadoras de empleos.
Solo con esta redefinición del papel del estado en una reforma estructural global, lograremos que, en ese aspecto de la vida social e institucional, también demos un salto. De nada vale avanzar en el reordenamiento de la justicia, en la reestructuración de las instituciones que generan duplicidad de funciones y gastos, sin tomar en cuenta que el órgano intervenido, el estado, también tiene otros males que deben ser corregidos, como la hipertrofiada nómina del gobierno, el clientelismo, el nepotismo, la falta de cualificación del aparato burocrático nacional, sin cuyo salto cualitativo, no tendremos nunca un estado eficiente, normativo, regulador, funcional y moderno.