El ejercicio del derecho es una ocupación extremadamente delicada, que tristemente ha ido perdiendo el respeto público en la sociedad Dominicana. En el país todo aquel que acusa deficiencias académicas para el estudio de las matemáticas o la ciencia, tiende a matricularse en una escuela de derecho, sin importar si carece de vocación para cursar esa carrera. Una carrera cuyos profesionales constituyen auxiliares de la justicia, obligados a accionar siempre bajo estrictos estándares ético-profesionales, no puede ser practicada en ausencia de toda vocación.
A fin de comprender que no todo el mundo posee las condiciones necesarias para dedicarse al ejercicio del derecho, basta con referirnos al texto de la Ley 91, que indica que el profesional del derecho debe ofrecer a su cliente su “cultura y técnica aplicadas con rectitud de conciencia y esmero,”[1] obligado siempre a ser prudente en el consejo; sereno en la acción; leal y colaborador con el juez para que siempre triunfe la justicia.[2]
Ante tal lectura la pregunta obligada sería, están los cerca de cuarenta mil estudiantes inscritos en las escuelas de derecho de las diversas universidades del país listos para asumir un ejercicio bajo los precedentemente referidos estándares. A juzgar por los hechos, todo parece indicar que no es así y que por el contrario asistimos a un proceso degenerativo que desborda los límites de la simple masificación y baja calidad profesional.
En un informe que aborda el tema de la opinión de los clientes sobre los abogados, preparado en el año dos mil dos, por la sección de litigios de la Asociación Americana de Abogados,[3] se determinó que aunque existen múltiples quejas sobre diversos aspectos de la práctica de los abogados en Estados Unidos, la mayoría de esas quejas responde a estereotipos; siempre que los resultados de una encuesta arrojan el dato de que el 59% de los americanos entiende que sus abogados se encuentran bien preparados intelectualmente y que responden a los intereses de sus clientes.
Ese no es el caso de la percepción pública de los abogados en la República Dominicana, donde aunque el Colegio de Abogados no ha realizado ningún estudio sobre el particular, quienes ejercemos en los tribunales nos topamos a diario con la queja de clientes que muchas veces tienen que hacer sus propias diligencias, aunque se encuentren pagando los servicios de un abogado; donde la falta de responsabilidad y la impunidad con que operan los mal llamados profesionales del derecho motiva todo tipo de mala práctica y la actitud del profesional muchas veces denota total desdén por los intereses de la clientela, que en ocasiones paga con su libertad la falta de preparación de sus representantes legales.
Así encontramos abogados faranduleros; analfabetos funcionales, con problemas en la redacción y comunicación de las ideas; así como supuestos profesionales que pregonan en público las interioridades de los expedientes que se le han apoderado, sin respeto por las reglas de confidencialidad y sobre todo, presenciamos los casos de aquellos que infringen la ley sin reparar en el respeto a su juramento.
En ese sentido, es lamentable e imperdonable que a ninguna de las autoridades llamadas a regular el ejercicio profesional del derecho en el país le esté llamando la atención que en los dos casos más recientes de sicariato que han visto la luz pública, los investigados como autores intelectuales sean abogados. Me refiero a los casos de la joven Suleyka Flores Guzmán, donde se investiga por su asesinato al abogado Julio Cepeda Ureña y el caso del Regidor por Bayaguana Renato Castillo, donde se investiga al Sindico de la misma localidad, Nelson Sosa (Opi), quien también es abogado.
Reiteramos, esto no es solo un asunto de percepción pública, baja calidad o masificación; se trata de un problema estructural y debido a la gravedad del mismo, hay que asumirlo con sentido de emergencia, responsabilidad y diligencia para tomar las decisiones y emprender las acciones requeridas a fin de corregir lo que se encuentra dañado y evitar el reciclaje de los mismos males en el futuro. La profesión del derecho requiere de una reforma integral que debió emprenderse ayer.