En enero del presente año 2014, la Suprema Corte de Justicia remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende responder a lo que la referida alta corte de la República Dominicana, en uno de los considerandos del proyecto, reconoce como “la pérdida de confianza en sus servicios”[1] y donde erróneamente circunscribe las causas de esa “falta de confianza” única y exclusivamente a dos factores: (a) La baja calidad de los profesionales del derecho; y (b) La masificación de los servicios. El proyecto de la Suprema Corte de Justicia es un importante esfuerzo en el camino correcto; sin embargo, el deterioro ético-profesional en que se encuentra el ejercicio del derecho en nuestro país no es una simple falta de confianza de los usuarios de los servicios legales, sino que se trata de un proceso degenerativo que requiere de acciones radicales para ser resuelto.
La importancia del abogado en la sociedad ha sido reconocida desde los inicios de la profesión. En las sociedades antiguas se distinguía de los demás a aquellos ciudadanos con dotes especiales de oratoria, quienes eran requeridos para asumir la representación de sus semejantes. Posteriormente, ya en el siglo diecinueve, el pensador y jurista francés Alexis de Tocqueville, consideró que el abogado constituía una especie de “aristocracia”, por entenderse que el mismo responde a sus propias regulaciones y disfruta de la independencia profesional que le asemeja con una clase social particular.
En ese sentido, en el tercero de los considerandos que constituyen el preámbulo del referido proyecto de ley de la Suprema Corte de Justicia, nuestro alto tribunal declara que “los abogados son los profesionales más importantes del sistema de justicia, en razón de que son los únicos que pueden ser jueces, representantes del Ministerio Publico, defensores públicos y defensores privados y notarios”. Es precisamente esta percepción, unida al hecho de que el abogado es un auxiliar de la justicia, cuya función es la de aconsejar en todos los aspectos del orden social, la que hace que los mismos sean juzgados bajo los más estrictos estándares éticos-profesionales, incluso cuando ni siquiera los clientes que requieren sus servicios están dispuestos a accionar bajos los estándares que esperan de sus representantes, quien debe encausar los intereses de su cliente por los senderos de la legalidad.
Estos estándares se encuentran contrapuestos a un ejercicio en que el cliente ni siquiera tiene garantías de la identidad de su abogado y donde mansos y cimarrones navegamos en un ejercicio en el que las mayorías se encuentran tranquilas violentando las disposiciones del Código de Etica, así como de cualquier otra normativa, incluyendo la Ley 111, sobre Exequátur. No es oculto para nadie que se ha encontrado a más de un leguleyo ejerciendo la profesión sin haberse recibido de abogado, amparado en el hecho de que no existe ningún organismo de supervisión efectiva, ni profesionales probos dispuestos a denunciar al que se encuentra falta; siempre que el sistema termina dándole la espalda a quien asume su rol responsablemente y protegiendo al violador de la ley y de su juramento.
El proyecto presentado por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana a la Cámara de Diputados en enero del presente año es una pieza que se encuentra lejos de ser perfecta; adolece de omisiones y debe ser pulida en algunos aspectos claves de la realidad nacional; sin embargo, el mismo se encuentra en buen camino, se advierte una intensión importante para adecentar la carrera y en consecuencia, requiere de ponderación seria, más que de ataques mal fundados.
A diferencias de quienes critican el proyecto con la intensión de perpetuar el desorden existente; hay un grupo de abogados que, junto a la sociedad dominicana, reclama el adecentamiento de una carrera que la sentencia 163-13 del Tribunal Constitucional Dominicano reconoce como de orden público, consignando como una tarea de todos los actores el procurar el aumento de la calidad de la formación y el mejoramiento del desempeño de los profesionales que la ejercen. Si damos paso hacia esos objetivos es seguro que la sociedad lo va a agradecer, sin importar que caiga quien caiga.
[1] Refiriéndose a la pérdida de confianza de la sociedad frente a los servicios profesionales de los abogados.