La profesión jurídica en el pico de la impopularidad

El famoso Decano de la escuela de derecho de la Universidad de Harvard, Nathan Roscoe Pound, en uno de sus discursos ante la Asociación Americana de Abogados, pronunciado en la ciudad de San Paul, Minnesota en 1906, sentenció que “la insatisfacción con la administración de justicia es tan vieja como el derecho”;[1] sin embargo, en el caso de la República Dominicana, no se trata de simple insatisfacción, sino además de falta de confianza, respeto y valoración en general, con el agravante de que ese sentir social generalizado se encuentra ampliamente refrendado en las acciones de los abogados y la justicia frente a la comunidad.

Por solo señalar unos cuantos de los ejemplos recientes, podemos citar el caso de las cédulas falsas que nunca se investigó. En septiembre del 2011 el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) informa a la opinión pública sobre la existencia de más de 7 mil abogados portadores de cédulas de identificación falsas. En la oportunidad el gremialista referido fue retado y desmentido por el secretario general de la misma organización que agrupa a los abogados, sin que a la fecha ninguna instancia oficial haya iniciado una investigación seria sobre este particular y sin que se conozca de la administración de sanciones por parte del CARD, la Suprema Corte de Justicia, ni por ninguno de los tribunales penales del país o por lo menos sin que el Ministerio Público haya producido algún informe resultante de una investigación sobre estos ilícitos que son de su incumbencia.

Debido a que vivimos en una sociedad donde casi nada sorprende, hay quienes podrían restar importancia a lo precedentemente referido; sin embargo, a aquellos que así piensen les invito a reflexionar sobre la naturaleza de la función del abogado y les aseguro que modificarán su criterio.

En octubre del 2013 el CARD pretendió realizar una asamblea para elegir el presidente de la comisión electoral, de cara a los comicios que se llevarían a efecto en el fin del año. Es por todos conocido, que dicha asamblea concluyó a tiros, sillazos, palos y puñetazos, cuando facciones de los principales partidos políticos del país, que se disputan el control del gremio que agrupa a esos auxiliares de la justicia, no pudo ponerse de acuerdo mediante el diálogo civilizado.

Como lo que está mal y anda a la deriva solo tiene el camino de empeorar, ahora el país asiste al deprimente espectáculo de un enfrentamiento público entre una miembro del poder judicial, en la persona de la magistrada Margarita Cristo Cristo y una representante del poder judicial, la Licda. Yeni Berenice Reynoso, quien acusó a la primera de faltas graves en su desempeño, durante el proceso por corrupción seguido contra el ex – ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. No obstante la naturaleza de las acusaciones que mutuamente se han lanzado las referidas funcionarias, ya hay autoridades judiciales y “personalidades influyentes” solicitando que se produzca una mediación entre las funcionarias y que se siga acumulando el sucio bajo la alfombra, sin que a nadie parezca molestarle las serias acusaciones de carácter penal que se han cursado en este asunto.

Podría invertir largas horas en narrar hechos que constituyen violaciones a la Constitución y las leyes del país perpetrados por aquellos que están llamados a respetar y a hacer respetar esos textos, en sus calidades de representantes y auxiliares de la justicia; sin embargo, lo referido es muestra suficiente comprender la necesidad urgente de una reforma seria al acceso a la carrera de derecho; vigilancia de las Universidades que emiten títulos a ciudadanos que muchas veces ni siquiera asisten a las mismas y una legislación de control y seguimiento ético-profesional conforme con las necesidades de los tiempo, que contemple mecanismos de aplicación efectivos.

Hace unos días, conversando sobre la aplicación de tarifas por hora a los clientes de oficinas de abogados, un amigo atribuyó la siguiente anécdota al recientemente fallecido Dr. Luís Heredia Bonetti, sin que hasta ahora haya podido confirmar la veracidad de la misma; pero que sirve perfectamente a la idea central del presente artículo. Cuentan que cuando el Dr. Heredia Bonetti empezó a facturar honorarios por hora uno de sus clientes le preguntó que cómo él podía verificar que su oficina de abogados estaba efectivamente trabajando las horas facturadas. La respuesta del jurista fue que si el cliente no creía en su abogado, entonces debía buscar otra oficina para que le representara sus intereses. Vale preguntarnos en el actual estado de cosas, cuántos son los dominicanos que tienen fe en la palabra de sus abogados y cuántos de ellos sienten sus intereses bien representados por el dinero que pagan.