Debe ser rechazada con resolución política, cualquier decisión del gobierno de llevar a cabo una nueva ola de privatizaciones de recursos y bienes públicos.
Porque está claro en la experiencia del país, y en todos en los que se pusieron en práctica procesos de privatización, que esta no hace ningún bien al pueblo ni al país.
Es de actualidad, trágica por cierto, que la privatización de los servicios sanitarios y de la investigación científica, está en la base de los estragos que la Covid 19 ha estado causando a la humanidad en todas partes del planeta; por lo que en muchos países toma cuerpo la idea de abandonar las políticas de privatizaciones, o cuando menos reducirlas.
Las privatizaciones llevadas a cabo a partir de 1996 constituyeron un despojo al pueblo dominicano de cuantiosos recursos, que pudieron servir de base a un proceso de desarrollo, y en cambio, contribuyeron a aumentar la pobreza y otros problemas en el país.
Las consecuencias sociales de la privatización, en materia de falta de servicios sanitarios adecuados, desempleo, violencia e inseguridad ciudadanas, entre otros, hacen parte de la problemática nacional, en rechazo a la cual, una mayoría electoral asumió el discurso de cambio del candidato Luis Abinader.
El PCT alentó el cambio de gobierno diciendo que no debía ser un "quítate tú para ponerme yo".
Y aunque en algunos aspectos el presidente Luis Abinader ha tomado decisiones que pudieran ser saludadas, buenas podría decirse; la idea de privatizar sería más de lo mismo que ya fue rechazado a gobiernos anteriores.
Las privatizaciones constituyeron, además, una burla a la memoria del pueblo dominicano, que siempre luchó para integrar a la riqueza nacional las empresas y bienes que la dictadura de Trujillo le había robado.
Luis Abinader, que ha llegado a dirigir el destino inmediato del país prometiendo un "verdadero cambio", no debe seguir el camino de las privatizaciones; o pronto será un gobierno viejo por escoger políticas públicas que han sido aplicadas sin resultados positivos para las mayorías; y se expone así a protestas populares antes de cumplir 100 días de instalado.
Las alianza público/ privadas podrían ser un eufemismo en el que importantes recursos públicos se pondrían en manos del empresariado, por lo que el pueblo debe estar muy atento al contenido de ese proyecto. De hecho, desde la perspectiva académica, en la UASD han iniciado la reflexión de este tema.
Bajo el gobierno de Leonel Fernández a partir de 1996, la privatización fue encubierta con el manto de la llamada "capitalización de las empresas públicas", y en el fondo, como al efecto, se trató de quitarle al pueblo la propiedad de las mismas.
Algo parecido podría ocurrir ahora.
En varios países, Cuba y México incluidos, existen experiencias de empresas de capital mixto, que no pueden ser confundidas con la pérdida de lo público.
En un país necesitado de objetivos y políticas de desarrollo como el nuestro, lo público tiene que jugar un papel importante en la actividad económica y social, porque es el garante del interés, nacional y democrático; y, sin diluirse jamás, puede armonizar con otras formas de propiedad como la cooperativa/ solidaria; la mixta, y desde luego, la privada porque todavía es un país capitalista.
El punto en que confluyen todos esos intereses y formas de propiedad es el objetivo y las políticas de desarrollo. Esta debe ser la discusión.
El desarrollo incluyente, debe ser el centro. Esto sería un cambio.
Lo otro sería mantener el país atado a los objetivos del crecimiento económico como fin en si mismo; que ha garantizado un mayor PIB cada vez durante 60 años consecutivos, pero con altos niveles de pobreza, mucho desempleo, empleos precarios, salarios de miseria y depredación de recursos naturales.
El pueblo debe rechazar la política de privatización cuál sea su formato, y estar dispuesto a la protesta, que es la garantía