La primera dama no tiene que presentar pruebas de su opinión que alguien comenta en Twitter por encargo. El ofendido por un “espero que le gratifiquen bien sus opiniones” exigió que se demostrara la existencia de un contrato o evidencias de un pago de contraprestación por criticar al gobierno. De no contar con documentos avalan ese comentario que lo ubica entre las llamadas “bocinas de la oposición”, solicita una disculpa pública por haber sido difamado.
Esa sería una salida elegante para evitar un juicio al que se le ha informado tiene derecho porque se ha mancillado la reputación que sostienen las mayorías de ser un comentarista independiente y comprometido con los mejores intereses. Un juez sensato, se piensa, puede calibrar ese daño a su honra y hacer sintonizar la valoración de la primera dama con la de miles de sus seguidores o usuarios que lo consideran faro de sabiduría, desprendimiento y honradez.
Esta es una prueba más de que tenemos también un déficit de centros de atención de salud mental. Para empezar esto es parte de un debate en una red social pública donde no es requisito presentar pruebas de nada de lo que argumente un usuario. Así fue hasta que llegó la pandemia que ha llevado a sus dueños a censurar temas relacionados con las medidas de políticas públicas para enfrentarla. También es penoso que cambiaran la línea de libertad absoluta para hacer caso a grupos que se organizan para sancionar usuarios que se oponen a sus causas, un método que ha afectado a varios comentaristas del país. Fuera de eso, el algoritmo no levanta banderas cuando alguien es señalado como “bocina” a favor o en contra de un gobierno, una ridiculez de factura criolla sin asidero para discernir con claridad alguna.
No lo puede hacer porque lo que quieren convertir aquí en un sambenito es una relación contractual legítima de escribir a favor o en contra de temas acordados. Calificar a alguien de “bocina” es totalmente diferente a llamarlo “ladrón, violador o pedófilo”. A lo primero basta con responder a quien eso opina de ti con un “Ese no es mi caso. No tengo alienada mi libertad de expresión temporalmente para impulsar los intereses del partido tal a cambio de remuneraciones.” Pero quien con otro se desboca imputándole crímenes se está metiendo en honduras que empiezan con devolver inmediatamente el insulto. Y prueba de que no estamos tan locos para estar pisando alacranes es que no es frecuente imputar de manera graciosa por las redes esas atrocidades.
Sobre la correlación espuria entre anuncios vía erario y orientación opinión escribí en esta columna “Dime quién te anuncia y te diré quién eres”. Hoy el gobierno paga publicidad a medios y periodistas que fueron arteros críticos de los ministerios o empresas estatales de la administración anterior y de los cuales, ¡oh sorpresa!, también recibían una proporción considerable de sus ingresos. Eso ha sido suficiente para mover altares y colocarlos en listas de las bocinas del PRM que circulan varias organizaciones o usuarios de redes. Ahora tenemos a exfuncionarios llamando “bocinas” a los periodistas “independientes” a los que facturaban fortunas y calificando de “independientes” a los que se llevaban la mayor parte del pastel publicitario por defender abiertamente a la administración. A esos la oposición, hoy gobierno, los llamaba bocinas del PLD y, ¡que locura!, ha continuado financiándole sus espacios, obviamente con montos tal vez insuficientes para seguir mostrando su abominable opulencia.
Es así como está el menjunje de chofan, paella y mondongo con que tratamos ese tema al que acaba de añadir un chenchén la primera dama. Ella tiene derecho a opinar que alguien comenta por lucro monetario y sin necesidad de explicar si tiene pruebas o es pura sospecha o especulación. No hay problema con eso. Y a los que se sientan ofendidos que entiendan de una vez por todas que lo que llamamos “nuestra reputación” es la valoración subjetiva, imposible de sumar, que tiene cada persona que se toma la molestia de pensar sobre uno dedicando a esto el tiempo que considere nos merecemos, en una debida diligencia para la que es opcional seguir las mejores prácticas. Sentencias alegres y poco fundamentadas son posibles al opinar, no es obligatorio imitar a los jueces que deben basarse en evidencias no dejen duda razonable.
En realidad debemos agradecer a quienes piensan de nosotros de una forma consideramos equivocada y lo hace de manera abierta. Estos nos dan la oportunidad, si nos interesa, de poder conversar sobre las bases de su opinión y lograr un cambio de apreciación. Contra quienes prefieren reservarse su opinión o difamar en la sombra no existe ese recurso.