En la lucha contra la corrupción los medios de comunicación noticiosos son un aliado imprescindible. Es por eso que una de las pugnas es por el control de lo que se difunde para evitar la construcción de una realidad que represente las prácticas corruptas, pues si no son mediatizadas no existen en el debate público ni en la conciencia colectiva.
Su rol consiste en hacer transparentes las actuaciones de los servidores públicos, acudiendo, hurgando y escrutando allí donde el ciudadano común no suele hacerlo, para poner en evidencia lo que es un secreto a voces. Si la labor de periodismo es lo suficientemente comprometida, sus aportes tendrán también nombre y apellido, así como un soporte fáctico del que se pueda deducir algún indicio de corrupción.
La prensa, en cualquier formato, tiene el deber de transmitir con objetividad lo que sucede y aquello sobre lo que se opina; pero tiene total libertad para elegir cuál aspecto de la realidad representar y cómo hacerlo, siempre partiendo de un dato objetivo, y así contribuir a formar opinión pública. En cierta forma, si el fenómeno de la corrupción no es acaparado por los medios es como si no existiera. Sólo existiría en un reducido ámbito alejado de la perceptibilidad social que haría difícil enfrentarlo. Por eso, los medios de comunicación tienen un rol vital. Acercan el fenómeno a nuestras conciencias, dándole visibilidad al enemigo. Así se convierte en un problema político más definido del cual la ciudadanía puede tener conocimiento y alzar sus reclamos.
Esta función social de la prensa es reconocida y por ello protegida constitucionalmente bajo la forma de libertad de expresión. Sobre este aspecto me parece interesante lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Ricardo Canese vs. Paraguay: "el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre cuestiones interés público (…)". Los funcionarios públicos deben saber que al optar por el servicio civil se someten al control democrático que debe ejercer la prensa. Así como deben presentar una declaración jurada de bienes y rendir cuentas, deben, cuando menos, soportar la prensa comprometida, porque ello viene atado a su trabajo.
Lo preocupante no es tanto que existan reticencias de los servidores públicos en aceptar esta forma de control, sino la parsimonia de la sociedad civil (todos nosotros) en llevar a sus últimas consecuencias la crítica y la acción contra la corrupción. El control mediático no basta por sí sólo para combatirla. Es necesario un accionar más contundente. Todos estamos de acuerdo en que la corrupción es un problema político que debemos resolver, pero en cuanto toma nombre y apellido, reculamos.
Debemos empantalonarnos y cumplir nuestro rol sin importar de quién se trate. Sólo así avanzaremos en la lucha contra la corrupción.