Nadie debe dudar de que quien decide la metodología y el procedimiento para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral es el Senado de la República, pero estas claras facultades que posee no excluyen la participación de la ciudadanía durante el proceso, y así lo consagra claramente el propio reglamento interno del Senado, además de la Constitución de la República.
Recientemente la prensa publicó declaraciones de Reinaldo Pared, presidente del Senado, señalando que todo lo concerniente a la elección de los miembros de la JCE ya estaba establecido en la Constitución, leyes y reglamentos. Luego el presidente de la Comisión Especial encargada de seleccionar una terna por cada posición y enviarla al pleno del Senado para la elección de los miembros de la JCE, el senador Dionis Sánchez, descartó “la labor con sociedad civil.”
De buenas a primera el PLD se opone a que la sociedad civil participe en los trabajos para la elección de los miembros de la JCE, y para lograr un consenso con respecto a las leyes electoral y de partidos políticos, contradiciendo un largo y meritorio historial de convocatoria de esa misma sociedad civil para discutir una enorme diversidad de temas competencia de órganos constitucionales.
Recordemos que en el primer período del PLD, el presidente Fernández, con el apoyo de su partido, convocó al Diálogo Nacional, con una amplia participación de la sociedad civil. Pero el mismo PLD convocó por decreto a las organizaciones de la sociedad civil que ahora rechaza, para trabajar con el sector público en la Iniciativa Participativa Anticorrupción. Otro de los innumerables ejemplos que existen, fue la comisión creada por decreto para recabar las opiniones más diversas por todo el país en torno a la facultad exclusiva del Congreso y la Asamblea Nacional de modificar la Constitución, tal como se hizo en el 2010.
Pero en estos momentos, ante los esfuerzos de una parte de la sociedad civil, organizada en la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, el PLD parece no sentirse cómodo con organizaciones de la sociedad con las que ha venido trabajando en diálogos, concertaciones y pactos durante el último cuarto de siglo, la mayoría de ellos por invitación del propio PLD y sus gobiernos. En reunión de su Comité Político se decidió que “por el momento” se invitara a las organizaciones a exponer sus ideas, pero no se ha decidido aceptarlas como parte del diálogo, como ha ocurrido tantas veces y la verdad es que no se entiende la renuencia.
Claro que cuando el PLD era oposición, entonces era un abanderado de la participación de la sociedad civil, y también al respecto existen múltiples ejemplos. En 2004, entendiendo que el PRD controlaba la JCE encabezada por Luis Arias, el PLD incidió en la formación de la que se denominó “Comisión de Seguimiento” al proceso electoral del 2004 en el que Hipólito Mejía pretendía reelegirse y contaba con toda la fuerza del poder. ¿Cómo quedó conformada esa comisión? Por monseñor Núñez Collado, que la presidía, por empresarios como Rafael Perelló, Celso Marranzini, Lisandro Macarrulla; por profesionales como Marisol Vicens Bello y José Joaquín Puello; académicos como Radhamés Mejía, y religiosos como el mismo monseñor y Reinaldo Franco Aquino. Entonces el PLD no hablaba de usurpación de funciones ni nada por el estilo.
En 1997 se convocó por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y el PLD tenía un solo miembro dentro de dicho consejo, el presidente Fernández, que sintiéndose en minoría, abrió de par en par las puertas a la participación de la sociedad civil, para que sirviera de contrapeso a la mayoría, hasta tal punto que en la Ley Orgánica del Consejo quedó establecida su obligación de recabar la opinión de la sociedad civil.
El ejemplo más reciente lo aporta el propio PLD, su comité político y el presidente Medina, cuando seleccionan a una persona de sociedad civil para dirigir los esfuerzos para alcanzar un consenso en torno a la leyes electoral y de partidos políticos, al propio monseñor Agripino Núñez, pero se niegan a que entre nadie más de la sociedad civil, como si lo que se fuera a discutir allí no concerniera a toda la sociedad. Pero ha sido el mismo presidente Medina que ha solicitado la colaboración ciudadana en su esfuerzo de establecer veedurías sobre las entidades públicas para mejorar la transparencia en las mismas.
En este nuevo esfuerzo de consenso que preside monseñor Núñez Collado, se ha planteado la necesidad de acompañar el proceso de elección de los miembros de la JCE, lo que debería extenderse además a los miembros de la Cámara de Cuentas, y en su oportunidad a los de las Altas Cortes, para evitar reparticiones y escoger personas sin compromisos partidarios. El diálogo incluirá también el esfuerzo por consensuar los proyectos de ley electoral y de partidos políticos. Se trata de una agenda electoral de altísimo interés para los partidos políticos pero también para toda la ciudadanía, por lo que debería trabajarse de la forma más plural posible.
No cabe duda de que la integración de la sociedad civil al diálogo, de la misma forma en que participa en el Consejo Económico y Social, y como lo ha hecho en múltiples ocasiones en el pasado, solo agregará valor. Por un lado, permitirá que realicen sus aportes de contenido, pero además sumará transparencia al proceso y sobre todo legitimidad.