La Procuradora Fiscal del Distrito Nacional ha fijado su posición sobre el espinoso tema de la relación que debe existir entre la policía nacional y el ministerio público, y lo ha hecho en forma responsable y valiente, lo que debe provocar el apoyo de todos los miembros del ministerio público y de la ciudadanía en general.
Para expresar su posición ha utilizado las redes sociales, específicamente vía twiter, lo que es una forma absolutamente válida y además efectiva de comunicar sus ideas. Estoy absolutamente seguro de que antes de hacerlo de esta forma, la Procuradora Fiscal realizó esfuerzos por lograr vencer los obstáculos que secularmente han impedido que el ministerio público pueda asumir control de las investigaciones policiales, por lo que el envío de esos twits lo interpreto como un llamado de apoyo a las medidas que tomará para colocar las cosas en el orden que establece la Constitución.
Uno de los twits señala que “El ministerio público históricamente ha sido muy débil con la policía, en lo referente al manejo público de los casos….”. ¿Quién se atreve a desmentirla? Lo importante es cómo termina ese twits: “… y eso debe cambiar ya….”, y lo que dice en otro: “….en lo q respecta a @Fiscalía_DN investigación y manejo público de los casos cambiará”.
Se pregunta la Procuradora Fiscal qué tan correcto es publicar los detalles de una investigación en la etapa preparatoria y expresa su opinión de que puede ser letal para el caso. Luego entra en un caso concreto a título de ejemplo, el caso del asesinato del coronel de la PN en la UASD, expresando “tan falta de razonamiento estamos que se habla de un caso #UASD, pero se entiende otro”, y “Hay quienes tienen la equivocada creencia de q el proceso culmina con el arresto o q versión es prueba #Caso UASD.”
En estos últimos twits se evidencian las dificultades que ha debido enfrentar la Procuradora Fiscal en su relación con la PN, no solamente con el caso de la UASD sino con otros muchos debido a la resistencia de la PN en reconocer que la dirección de la investigación corresponde al ministerio público.
Esta resistencia no es original del actual jefe de la Policía Nacional, sino que ha sido una constante desde que tengo memoria. Y lo peor de todo es que ningún presidente del país, hasta ahora, ha decidido respaldar la posición institucional, y ha preferido que la PN sea la que maneje las investigaciones sin control de ninguna especie. Tal vez el presidente Medina se anime a hacer lo que nunca se ha hecho y tome las medidas para que se aplique el artículo 169 de la Constitución que establece la competencia del ministerio público en la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, pero además en la dirección de la investigación penal.
Y no se trata de echar un pulso entre la PN y el ministerio público, pues de lo que se trata es de hacer más efectiva la persecución de la criminalidad, pues son los miembros del ministerio público los entrenados para recolectar las pruebas que servirán para condenar a los responsables de las infracciones investigadas. Si esas pruebas no se recolectan apropiadamente, cumpliendo con ciertas normas y requisitos, serán descartadas por los jueces y descargados los responsables, favoreciendo la impunidad. En muchas ocasiones he escuchado a la Policía Nacional y a veces hasta a fiscales responsabilizar a los jueces de los descargos cuando saben perfectamente que las pruebas no fueron obtenidas legalmente y no pueden ser utilizadas para condenar a nadie.
Este tema debe encontrarse en el centro del plan de seguridad ciudadana que emprende el actual gobierno, y esperamos que cuando se de a conocer el proyecto de ley de reforma policial que se ha estado elaborando, quede claro el mandato constitucional que coloca al ministerio público a la cabeza de las investigaciones penales. Por igual, le tomamos la palabra a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y esperamos que sus acciones puedan servir de ejemplo a todas las Procuradurías Fiscales del país.