Nada escapa en la República Dominicana a la discusión política y mucho menos un tema como la despenalización de la interrupción del embarazo, aunque sea en solo tres causales, tema que ha sido llevado y traído, con buenas, malas e indiferentes intenciones, y del cual depende en estos momentos la protección de la vida y la dignidad de las mujeres en la República Dominicana.
Este tema ha sido discutido en la totalidad de los 194 países soberanos existentes en el mundo, y se ha venido consolidando la posición de despenalizar el aborto en por lo menos tres situaciones en que están en juego la vida y la dignidad de las mujeres: cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el feto presenta una mal formación que le impedirá sobrevivir durante el embarazo o el parto, o en los casos de violación o incesto. De esta manera quedan apenas seis países en el mundo entero que penalizan la interrupción del embarazo en todas sus formas: El Vaticano, Malta, El Salvador, Nicaragua, Chile y nuestro país, la República Dominicana.
En todos esos países el tema pasó por la discusión política, además de la social, la médica y, por supuesto, la religiosa. En Chile el aborto terapéutico había sido despenalizado desde 1931, pero la dictadura de Pinochet lo volvió a penalizar en forma absoluta, y en estos días el Senado acaba de aprobar su despenalizarlo en las mismas tres causales ya señaladas.
En la República Dominicana el tema ha sido politizado al extremo. Lo importante no ha sido la vida de la mujer, mucho menos su dignidad, sino cuántos votos se ganan o se pierden.
El Dr. Leonel Fernández observó el Código Penal en el año 2006 por varios temas, entre los cuales estaba el aborto. Sin embargo, posteriormente realizó pocos esfuerzos para apoyar la despenalización por las tres causales señaladas. No cabe duda de que el presidente Fernández no quería conflictos con las iglesias pues una de sus estrategias políticas era – y sigue siendo- la captación de los sectores conservadores del país, y las iglesias, sobre todo la católica, podrían convertirse en un obstáculo.
En el gobierno de Hipólito Mejía tampoco se realizaron esfuerzos serios por despenalizar la interrupción del embarazo en cualquiera de las tres causales, a pesar de que por dos años controló el Senado de la República y tenía una fuerza significativa en la Cámara de Diputados.
El Partido Reformista Social Cristiano, como si tuviera anteojeras y de la reelección se tratara, solo ha seguido la visión de su líder desaparecido. Esos temas, como en la Iglesia, no se revisan ni por el paso del tiempo.
Le tocó el turno entonces a Danilo Medina, que en su primer gobierno, específicamente en el 2014, observó el Código Penal pues penalizaba el aborto en toda circunstancia. En esa ocasión el presidente Medina fijó su posición en el sentido de despenalizarlo en las tres causales ya indicadas. Sin embargo, el Código Penal fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, no por problemas de fondo, sino de procedimiento, ya que el Código observado solo fue aprobado por una de las Cámaras legislativas y no por ambas, como procede.
Se tuvo que comenzar de cero y nuevamente el Congreso aprobó el Código sin tomar en cuenta las tres causales, y por tanto penalizando la interrupción del embarazo en forma absoluta, como se había aprobado el Código en el siglo XIX. Aunque muchos auguraban que el presidente Medina retractaría su posición o informaría que se aprobaría una ley especial con la finalidad de poder aprobar el Código Penal, el presidente fue coherente y observó nuevamente el Código Penal, exclusivamente por no tener las tres causales que defendió en el 2014, y produjo un texto inmejorable para sustituir a los observados.
Las iglesias criticaron duramente la posición del presidente Medina, pero la máxima autoridad de la Iglesia Católica, monseñor Francisco Ozoria, produjo las siguientes declaraciones: “En exclusiva para NCDN, el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria, dijo que la despenalización del aborto no afectaría las relaciones entre la iglesia y el Gobierno, pero reiteró estar en absoluto desacuerdo con esa decisión” (http://www.cdn.com.do/noticias/nacional/2017/01/19/exclusiva-francisco-ozoria-dijo-despenalizacion-aborto-no-afectaria-relaciones-con-gobierno/). Monseñor mantenía su coherencia al reiterar su opinión personal, pero actuó como un estadista al decir que la posición de Medina no afectaría la relación con la iglesia. Su mensaje de paz, de no buscar conflictos por este tema no podía ser más claro, aunque otros monseñores, sobre todo uno en particular, se hicieron los sordos y comenzaron a mostrar que la iglesia podía cambiar de bando en otros temas, para enviar un mensaje distinto al de su superior religioso.
Desde que el presidente Medina produjo su observación, excelentemente bien redactada y mejor argumentada, algunos políticos se han puesto a estudiar la reacción de la población, que ha sido de apoyo a dicha observación, y han decidido no permitir que el presidente Medina se lleve solo los méritos. Así, el presidente Leonel Fernández, de buenas a primeras, sin haber respaldado la posición de Medina en el 2014, en este diciembre pasado cambió de opinión, por lo menos públicamente, y apoyó la despenalización en las tres causales, e inició un proceso de mediación con la iglesia católica para que ésta entendiera que se trataba de “causas de fuerza mayor”.
También se ha pronunciado a favor de la observación presidencial el presidente Hipólito Mejía y recientemente su partido, el PRM. Luis Abinader también lo hizo de una forma muy clara.
El senado tiene en sus manos la observación presidencial y se espera que en esta misma semana la Comisión Especial que lo estudia rinda su informe y sea conocido y decidido para pasar a la Cámara de Diputados. El presidente Medina apostó por su liderazgo, pues ningún presidente observa un proyecto para luego ser derrotado en el Congreso.
Para derrotar el presidente Medina debe reunirse una mayoría de las dos terceras partes de los presentes en cada Cámara, lo que, gobernando el Partido de la Liberación Dominicana, bajo el férreo puño de su Comité Político, es imposible que ocurra sin la connivencia de su máximo liderazgo y solo a ellos, por el control que tienen del Congreso, corresponderá el mérito o el demérito de lo que ocurra.
Nuestros legisladores tienen una excelente oportunidad para proteger la vida y la dignidad de las mujeres y sobran los argumentos humanos, jurídicos, sociales, científicos, médicos, y ahora políticos, para sacar a nuestro país de ese penoso listado de sólo 6 naciones entre 194 que penalizan la interrupción del embarazo en forma absoluta, debido a aquellos que le han dado la espalda a quienes le dieron la vida.