El escándalo de las mochilas (que ha llevado a la diputada Lucia Medina – Yomaira- a explicar durante 45 minutos en el Congreso el porqué sus mochilas tenían otros nombres, tras su marido pagar 200 mil pesos por las mismas) es apenas una muestra representativa de los intrincados caminos del clientelismo político en nuestro país, del cual nadie conoce las implicaciones reales.
Que por accidente se descubriera, que las mochilas del Ministerio de Educación fueron a parar a la Fundación de la hermana del presidente Medina, no es un hecho banal. Es apenas el inicio de lo que podría ser la trama de la compulsión clientelar, previo a las elecciones del 2020, que tiene como objetivo someter a la ciudadanía, trayendo como consecuencia extinguir la frágil razón de ser de las instituciones que conforman el Estado.
Durante unos 20 años, la clase política gobernante ha utilizado los recursos del Estado extraídos directamente de las instituciones para, de forma personalizada, repartir la asistencia que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía – aunque en este reparto se incluyan también las más grotescas, humillantes y mediocres de las dádivas, como salami y secadas de pelo, etc.
Parece ser que la Fundación de la Sra. Yomaira no sólo ha recibido miles de pesos de otras instituciones del Estado (como fue señalado por el Despertador del 9/9/18), sino también aportes, como preservativos, que se repartían en su nombre – convirtiendo así hasta la copulación de la ciudadanía en parte del escenario clientelar.
Servirse de los presupuestos de instituciones de salud, educación, cultura…, para emprender acciones clientelares desde cualquier fundación, es uno de los ejercicios más frecuentes que trae el abuso de poder y corrupción en nuestro país. El escándalo de las mochilas es apenas la muestra representativa de lo que viene siendo la perversidad clientelar con apoyo institucional, ya que se trata de instituciones que no solo no cumplen su rol, sino que además se prestan y están al servicio de la trama clientelar presente desde hace años en el quehacer político, contribuyendo a través de acuerdos y otros mecanismos al desmantelamiento institucional.
Cada vez que un político desarrolla acciones que competen a las instituciones, repartiendo baratijas y promesas, lo que está diciendo es que las instituciones estatales y sus incumbentes son incapaces, reforzando la ineficacia institucional que nos arropa.
En un contexto político donde los liderazgos se fabrican, los dirigentes tienen que comprar simpatizantes, seducirlos con dádivas, porque no tienen nada que ofrecer, ni credibilidad, ni discurso, ni praxis, ni carisma. El poco dinero que poseen las instituciones tiene que ser compartido con los políticos para que desarrollen planes clientelares en nombre del partido y de ellos mismos.
Este accionar es lo que explica que el Despacho de la Primera Dama tenga un presupuesto de 890.000.000.00 de pesos para 2018, asumiendo unos roles desacertados, que nos llevan a recordar cuando Margarita Cedeño de Fernández fue Primera Dama, y se estimaba que su despacho, tenía el presupuesto de tres ministerios – algo que parece efectivo, cuando tomamos en consideración el enorme crecimiento del “liderazgo” de la actual vice presidenta que siempre ha llevado su propia agenda de actividades, que involucra diversos organismos e instituciones del Estado, pero es ella quien las realiza.
La duplicidad y usurpación de funciones entre ministerios es una característica de nuestra administración pública, que se ve agravada por el accionar clientelar de una clase política sin imaginación ni planes. De aquí que sea una constante que los legisladores recurran a actividades que realizan los ministerios, sostenidos por sus presupuestos y el barrilito, sacando no sólo los programas y dinero de las instituciones para dárselo a cualquier político, en una violación grave que socava las instituciones y a quienes la dirigen,-todos quieren salir en la foto-. Desde cualquier organización se copian acciones que llegan distorsionadas hasta la ciudadanía, bajo un nombre, “ayuda de fulano”, haciendo que el ciudadano común perciba como eficaz, la gestión de cualquier aventurero de la política local, con el cual se compromete.
Desgraciadamente, no hemos estudiado la dimensión del daño ,que el clientelismo ha hecho a la sociedad, al sistema democrático y a la ciudadanía envilecida – más allá del control que se tiene sobre los votantes, cada vez que se le da un bono gas, luz o cualquier otra dádiva que implique tener registro de las personas.
Quizás ahora, o para las próximas elecciones, la gente descubra lo que implica pasarse 6 años dando saltitos entre visitas sorpresas y anunciadas, con un congreso asistido de “pobres” legisladores que no tienen ni para “comprar botellitas de agua”, en medio del negocio de exitosas fundaciones, barrilitos y donaciones de gente que alguna vez fue asistida, porque no tenían ni en que caerse muertos. Y hoy replican el modelo del (/de la) benefactor(a), para garantizarse un espacio de poder que les permita seguir haciéndose ricos y escampando a la justicia – porque en definitiva, de lo que se trata no es de gobernar, ni de dirigir un país correctamente… Lo que está en juego es no caer preso.