América es un continente de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Una de las modalidades que más abundan es la explotación sexual, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes. Y esto ocurre en los cuatro subcontinentes: Sur, Centro, Norte y el Caribe. Y no hay forma de combatir este delito de manera individual, por lo que se hace necesario realizar un esfuerzo regional para erradicarlo.
La situación económica y social de los países latinoamericanos es el resultado de varios factores históricos y sociológicos derivados de los procesos de colonización, y para resistir a estos procesos dañinos es necesario posicionarse en base a intereses que generen beneficios para todos. Dicho en otras palabras, la región ganaría más si actuara en bloque. Somos débiles como países aislados, pero si sumamos nuestras fortalezas esto repercutiría en beneficio de nuestras sociedades.
La pobreza generada por años y años de dominación se ve amplificada en las deficiencias propias de cada país latinoamericano, y lo que vemos hoy, en lugar de una suma de los poderes nacionales formando un poder regional, es exactamente lo contrario: ha habido pocas veces que ha existido una cooperación duradera entre estas naciones, que por lo tanto están sujetas a ocupar un lugar menos importante en el contexto geopolítico. En resumen, somos la región más rica del planeta en términos de biodiversidad y de producción de alimentos, pero al mismo tiempo seguimos desorganizados y, por eso mismo, pagamos el precio de la ruptura colonial de las antiguas colonias que, tras su proceso de independencia quedaron separadas unas de otras.
Y la trata de personas es una de las caras oscuras de este proceso de empobrecimiento que la región ha atravesado con regularidad. La pandemia de coronavirus ha llegado a agravar una situación que ya es difícil. Personas que solían tener dificultades en tiempos normales, ahora se encuentran en una situación crítica de miseria, en la que comienzan a depender de la ayuda del gobierno como única posibilidad para sobrevivir. Lo peor es que la falta de institucionalidad hace que sea difícil entender completamente cómo ocurre la trata de personas en la región.
Establecer un número realmente concreto de casos de trata de personas en América Latina es una tarea difícil, ya que no existen datos estadísticos confiables debido a la ausencia de sistemas que puedan generar información de calidad para los tomadores de decisiones. Por otro lado, víctimas y supervivientes desconocen la naturaleza del delito cometido en su contra o simplemente se niegan a denunciar por temor a sufrir represalias.
Eso pasa en las diversas rutas latinoamericanas de trata de personas, como es el caso de Nicaragua. En el caso de Guatemala, Honduras y México, son puntos de encuentro para personas que desean viajar a un tercer país, a menudo Estados Unidos o Canadá. Esto ha agravado la situación en la frontera norte de México, ya que la presión provocada por las bandas criminales ha incrementado debido al flujo de un enorme contingente de personas que huyen de la violencia y la pobreza. Muchas de estas personas se quedan en el camino y muchas otras son explotadas durante el doloroso viaje.
Existe otro problema relacionado con la legislación. Si bien todos los países de la región respetan la normativa internacional sobre el tema, a saber, el Protocolo de Palermo; no es raro que exista la necesidad de actualizar estos marcos legales, para que se adapten a una realidad completamente diferente a la que vivimos desde hace una o dos décadas. República Dominicana es uno de esos países que actualmente está tratando de avanzar con un proyecto de ley que modernice la relación procesal y proteja a víctimas y sobrevivientes de una manera más integral y efectiva.
Y hablando del Caribe, cabe destacar la situación en Haití, donde podemos percibir muy fácilmente, entre otros, el fenómeno conocido como Restavek, mayormente conocida como la esclavitud infantil doméstica. Además, hay una importante presencia de trabajadores haitianos en República Dominicana, quienes por las normas locales sobre inmigración y obtención de nacionalidad o visas de trabajo se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, lo que los convierte en presa fácil para diversas modalidades de trata, especialmente la explotación laboral, que se observa a menudo en las zonas rurales dominicanas.
En todos y cada uno de estos países, uno de los principales males a combatir es la corrupción de los agentes estatales, fundamental para la que la trata de personas sea posible. En este sentido, es común ver casos de corrupción que involucran a policías, agentes migratorios e investigadores. A lo largo de los años, estas redes criminales han aumentado en tamaño y capacidad financiera, y consecuentemente su capacidad de corromper, lo que tiene consecuencias desastrosas para el país y para su sociedad. A partir de la corrupción en el campo de la lucha contra este tipo de delitos, las instituciones se debilitan y empiezan a actuar cada vez más de acuerdo con los intereses de quien corrompe.
Debo enfatizar que lo que posibilita la existencia de redes de delincuentes dedicados a la trata de personas en América Latina es la falta de planificación regional, con recursos suficientes y coordinados para una lucha conjunta contra el crimen. Las fronteras de la región deben ser puntos de encuentro de sociedades hermanas, en lugar de ser lugares de conflicto y delincuencia. Lugares tan hermosos como el Tapón de Darién, por ejemplo, deben ser lugares de gozo para turistas, no un campo donde la muerte y el sufrimiento de migrantes sean el producto de la necesidad personal de los migrantes, además de la acción nefasta de bandas organizadas.
La idea de Patria Grande propagada principalmente por los libertadores latinoamericanos Simón Bolívar y José de San Martí debe volver a ser puesta en nuestras mesas de discusión regional, no necesariamente para buscar una integración total de los países con la supresión de la soberanía nacional. Pero al menos hay que recordarlo como una posible salida a la lucha contra la trata moderna de esclavos, más activa que nunca.
Debemos actuar juntos y de manera responsable, para que las palabras del Himno Nacional Dominicano sean una realidad para todos los que vivimos en esta hermosa tierra, y para que todos los ciudadanos tengan acceso al derecho más fundamental e inalienable de todos:
¡Libertad, libertad, libertad!