El gran movimiento de reclamos que se ha suscitado a propósito de la presentación del proyecto de presupuesto general de la nación para el 2015 ante las cámaras legislativas, ha venido mostrando en su justa dimensión las grandes dificultades que han tenido que enfrentar las actuales autoridades nacionales para manejar los asuntos del Estado bajo las condiciones de precariedad en que se encontraban las finanzas publicas a finales de 2012, producto de la tradicional acumulación de déficits fiscales y su correspondiente financiamiento con deuda pública interna y externa.
Debido a la limitada disposición de recursos corrientes, a las rigideces fiscales de que adolecen las finanzas publicas dominicanas en lo que concierne a las cargas fijas; al déficit del sector eléctrico, a la transferencia de recursos para el cumplimiento de la Ley de Capitalización del Banco Central, al alto nivel de las exenciones fiscales, a la gran evasión en que incurren los contribuyentes y al gran esfuerzo que se ha venido haciendo para reducir el abultado déficit fiscal encontrado, entre otras grandes limitaciones, las actuales autoridades han tenido que elaborar el referido proyecto de presupuesto haciendo recortes o limitados incrementos a las asignaciones presupuestarias con que se manejaran las instituciones del Gobierno Central y demás poderes del Estado, salvo lo relativo al 4% del PIB que se asigna al Ministerio de Educación.
Ciertamente, nadie quiere entender ni colaborar para la solución de los problemas que aquejan a las finanzas públicas ni para que sea posible mejorar las condiciones de vida de los segmentos más carenciados de la población vía la inversión social
De la existencia de esos constreñimientos y las expectativas de una año preelectoral, donde se va elegir no solo el Presidente de la República sino también la matricula completa del Congreso Nacional y los gobiernos municipales, no podía esperarse una situación diferente a la que se ha creado, de exigencias y presiones a todos los niveles para que se incrementen las asignaciones, incluyendo incomprensiones injustificadas, como si se tratara de una situación en la cual el gobierno estuviera en condiciones de manejarse con mas holgura y cumplir al mismo tiempo con la meta de ir equilibrando el resultado fiscal para que sea posible evitar la "senda explosiva de la deuda", de que ha hablado el Banco Mundial.
Todo el que le da seguimiento a estos temas debe conocer las grandes manifestaciones e inquietudes provenientes del sector empresarial privado, de la llamada sociedad civil y de los políticos de la oposición en relación con el nivel de la deuda pública acumulada (cuyo servicio representa más del 44% de los ingresos tributarios), a tal punto que ya nos estamos endeudando no solo para la cobertura del déficit corriente sino también para poder cumplir con ese servicio de la deuda acumulada.
Se quiere dar a entender que tal situación es culpa únicamente de un Estado derrochador y dispendioso y que todo se resolverá corrigiendo ese modo de actuar, como si la situación fuera tan simple y nadie más tuviera que sacrificarse.
Lamentablemente, todos estos sectores solo se refieren al sacrificio que ha de hacerse para reducir el gasto público y mejorar su calidad, pero en ningún caso se habla de lo que es necesario hacer para aumentar los ingresos públicos, de tal forma que sea posible dar respuesta a las crecientes presiones que provienen de todos rincones del país reclamando que el gobierno les resuelva problemas de toda índole.
Ciertamente, nadie quiere entender ni colaborar para la solución de los problemas que aquejan a las finanzas públicas ni para que sea posible mejorar las condiciones de vida de los segmentos más carenciados de la población vía la inversión social.
Por ejemplo, si bien se analizaran las causas del déficit del sector eléctrico, sería fácil darse cuenta de que una de las principales razones del mismo es el fraude que se comete, especialmente de parte de los grandes consumidores, que quieren energía barata y de buena calidad pero no la quieren pagar.
Y es bien sabido que este es un tema fundamental para la competitividad del país. Pero no todo se queda ahí. Hagamos un pequeño ejercicio en torno a la evasión fiscal, a la elusión fiscal y al fraude que cometen especialmente los grandes contribuyentes; esos mismos que tanto le exigen al Estado que reduzca y mejore el gasto público.
Usted puede estar seguro de que si se sumara lo que representa la evasión, la elusión y el fraude fiscal, estaríamos hablando de aproximadamente un 30% de los ingresos corrientes. Es decir, de unos 135,000 millones de pesos que el Estado dejara de recibir por esos conceptos en el 2015, calculados en base a los ingresos incluidos en el proyecto de presupuesto para ese año.
Si a esa suma se le añade el gasto fiscal o las exenciones que se concederán producto de la aplicación de todas las leyes y resoluciones relativas a esa temática aprobadas por el Congreso Nacional (más de 200 mil millones de pesos), estaríamos hablando de unos 335,000 millones de pesos que no entraran a las arcas del Estado en el curso de ese ejercicio presupuestal.
Es decir, cerca de un 11% del PIB proyectado, sin considerar lo que se escapa por la vía de los referidos fraudes al servicio eléctrico y que debe ser cubierto con transferencias a ese sector cercanas a los 1,500 millones de dólares, ni lo que se deja de percibir por el alto nivel de informalidad de la economía dominica. Esa es la otra cara que nadie quiere ver de la situación fiscal del país.
Si queremos verdaderas soluciones en materia de política fiscal y que el Estado asuma un compromiso viable en materia de reglas fiscales, tenemos que reconocer que ese es el principal escenario que hay que considerar cuando nos sentemos a discutir el pacto fiscal de que habla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, adicionalmente a las correcciones que se le reclaman al gobierno en lo que respecta al gasto publico.
Obviamente, cuando hablamos de las exenciones fiscales, es claro que no estamos sugiriendo que se eliminen aquellas que beneficien a servicios sociales básicos ni a aquellas destinadas a incentivar sectores productivos que se justifiquen por el retorno que representan desde el punto de vista de sus efectos multiplicadores positivos, especialmente en el ámbito de la generación de empleos y de divisas. Las exenciones fiscales no son absolutamente malas ni dañinas cuando se conceden en función del interés nacional.
Si se hiciera un análisis ponderado de quienes son los que más se benefician de esa enorme cantidad de recursos que el Estado deja de recibir por las razones explicadas, se podría llegar a la conclusión de que en gran medida el crecimiento de la deuda pública tiene su explicación en esas concesiones legales e ilegales que reciben determinados integrantes del sector privado.
Es decir, que no obstante el actual conjunto de leyes impositivas en vigencia, destinadas a generar suficientes recursos al Estado para su desenvolvimiento sin déficit, en gran medida el Gobierno ha tenido que endeudarse recurrentemente para beneficiar a esos sectores que no cumplen con sus obligaciones fiscales, provocando déficits que deben ser cubiertos con nuevos endeudamientos, con el agravante de que quienes pagaran el costo de esa deuda son los que si cumplen con sus responsabilidades ante la autoridad fiscal. Eso como que no parece justo.
Eso es fácil de explicar: súmele el porcentaje del PIB que representan esos ingresos dejados de percibir a los que realmente se perciben, y se dará cuenta de que el resultado daría lugar a que la presión fiscal de los ingresos corrientes se colocara por encima de la proporción del PIB que representa el gasto público, pudiéndose generar un superávit fiscal sin la creación de nuevos impuestos o, incluso, eliminando algunos de poco impacto en los ingresos tributarios.
¿Qué le parece?