Serie: Iniciativas que Abinader debe emular de Biden para promover la competencia.
El pasado 9 de los corrientes, la esperada Orden Ejecutiva para Promover la Competencia en la Economía Americana (OE) fue puesta en circulación en un acto encabezado por el presidente Joe Biden. Se trata de una propuesta más amplia que la orden ejecutiva dictada durante la Administración Obama bajo el nombre Pasos para incrementar la competencia e informar mejor a los consumidores y trabajadores para continuar el crecimiento de la Economía Americana. Esa otra orden fue dictada en abril de 2016, hacia el final de ese mandato.
La figura de la orden ejecutiva es propia del sistema estadounidense, aunque resulta conocida en nuestro país. Durante la primera intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana (1916-1924), la autoridad de facto extranjera dictó diversas órdenes ejecutivas aplicadas en nuestro territorio. Las órdenes ejecutivas tienen su fundamento en ese sistema foráneo en el artículo 2 de la Constitución estadounidense, que le confiere el Poder Ejecutivo al presidente de los EE. UU. De acuerdo con el grupo periodístico mexicano Animal Político, son vistas con recelo en su país de origen, porque le permiten al presidente tomar decisiones trascendentales sin el consentimiento del congreso.
Al margen del evento antijurídico de la ocupación militar, algunas ordenes ejecutivas cimentaron importantes bases en nuestra legislación. Por ejemplo, la Orden Ejecutiva núm. 511, que estableció el Sistema Torrens para el registro de la propiedad inmobiliaria; y la Orden Ejecutiva núm. 520 de 1920 sobre instituciones sin fines de lucro.
La OE dictada la semana pasada por el presidente Biden, tiene vocación para: i. organizar el derecho de la competencia del siglo XXI en los Estados Unidos; y, ii. orientar a otros países en ese conocimiento o know how. Esto es, la información, el análisis y las propuestas de solución a ponerse en la agenda del debate, respecto de cómo administrar los desafíos de democracia económica, con normas y acciones que garanticen la competencia efectiva en los mercados digitales y primarios.
De acuerdo con el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Informe Regional de Desarrollo Humano | Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe (Pág. 162) publicado hace este año y la evidencia a la vista, ese es el caso de nuestro país a la fecha. La contribución de la política de competencia al desarrollo humano, como lo demanda el artículo 217 de la Constitución dominicana, no es avanzada. Junto con Haití y Venezuela, en la medición realizada por el PNUD publicada en 2021 sobre el período 2017-2018, la política de competencia dominicana fue considerada menos que mediocre, sin que el enforcement haya tenido, hasta la fecha, un crecimiento anual sostenido entre los años 2019-2021.
El presidente Luis Abinader, en su calidad de jefe de Estado, autoridad que por mandato constitucional gobierna para el pueblo, en la política interior, exterior y la administración civil, en virtud de los artículos 122 y 128 de la Carta Magna es el líder con la responsabilidad de acelerar estos procesos, como lo han hecho Joe Biden, la semana pasada, y Barack Obama hace cinco años.
En ese orden, el mandatario dominicano debe prestar especial interés a lo que ejecuta su par, jefe de estado de nuestro principal socio comercial.
La OE propone un total de setenta y dos iniciativas federales para fomentar la competencia y vencer la ralentización de las potestades persecutorias y reguladoras en esta área de la política económica en los EE. UU., sin descartar la formulación de reformas de ley. En la República Dominicana tenemos similar urgencia. Debemos evolucionar hacia políticas económicas sofisticadas, que tengan la adecuada orientación y fundamento que demanda el régimen económico del estado, descrito en el referido artículo 217 constitucional. Estas impactan directamente a la gente en su canasta familiar y calidad de vida. No puedo pensar en otra disposición más nuclear e inmediata a la finalidad del Estado Social Democrático de Derecho. El mencionado artículo 217 integra en sus pilares el marco de la libre competencia.
El paso al frente del presidente Biden, debe inspirar al presidente Abinader. El corporativismo salvaje no se acomoda por el hecho pandemia o las metas de crecimiento. Las prácticas anticompetitivas son delitos económicos que deben evitarse y perseguirse. Las empresas con cultura de cumplimiento no están interesadas en leyes débiles o la captura regulatoria. La inversión responsable prefiere leyes robustas, así como garantías de respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, de verse llamada a alguna investigación o juicio administrativo.
Las políticas orientadas a fijar salarios mínimos y las que priorizan las actividades de abogacía de la competencia sobre el enforcement, son insuficientes para alcanzar esa meta. El presidente Abinader debe: i. hacer uso de su iniciativa legislativa para reformar la Ley núm. 42-08, para fortalecer la potestad sancionadora, entre otros; ii solicitar los estudios de impacto parecidos a los hechos para por la Administración Biden al Ministerio de Economía y Planificación; y, iii nominar y elegir a guardianes de la competencia comprometidos con la administración por resultado, así como la autonomía funcional tanto del poder político y como del corporativo. El pleno empleo y los salarios competitivos se verán favorecidos por ese accionar.
¿Por qué es necesario vencer la inercia descrita por el PNUD en la política de competencia? Como punto de partida, el presidente Biden ofrece una magistral exposición de motivos acerca del alto costo para la democracia de una política de la competencia liberal (hands off). A continuación, traduzco pasajes de la hoja informativa que acompaña a la OE recién dictada (FACT SHEET: Executive Order on Promoting Competition in the American Economy | The White House):
“Por décadas la consolidación corporativa se ha acelerado un 75% en las industrias estadounidenses. Un número pequeño de empresas controla más los negocios que hace veinte años. Esto es una realidad en salud pública, servicios financieros, agricultura y otros. La falta de competencia eleva el precio a los consumidores. Unos pocos jugadores tienen el control sobre el mercado, los márgenes (cargados por encima de sus costos) se han triplicado. Las familias están pagando precios más altos por artículos de necesidad como medicamentos o Internet. Las barreras a la competencia están también conduciendo hacia la baja el salario de los trabajadores. Cuando hay menos trabajadores en una ciudad, éstos tienen menos oportunidad de negociar salarios más altos y demandar dignidad y respeto en el lugar de trabajo.
De hecho, estudios muestran que el salario declarado ha decrecido un 17%. Diez millones de americanos en los sectores de la construcción y venta al detalle son obligados a firmar cláusulas de non-compete (no irse a trabajar para la competencia) lo que limita la posibilidad de cambiar de trabajo. En total, los precios elevados y los salarios más bajos, derivados de la falta de competencia, provocan un estimado total de 5,000 dólares al año promedio en los hogares de clase media estadounidenses.
La competencia inadecuada perjudica el crecimiento económico y la innovación. La formación de nuevos negocios ha caído en más de un 50% desde los años setenta del pasado siglo, en vista de que los grandes negocios le dificultan a los estadounidenses con buenas ideas entrar en los mercados. Hay menos oportunidad para que negocios pequeños e independientes accedan al mercado y ganen un justo retorno. Los economistas dicen que cuando la competencia declina, el crecimiento de la productividad se hace más lento, la inversión y la innovación declinan; el ingreso, la salud y la desigualdad social se amplían.
Cuando pasados presidentes enfrentaron similares amenazas por el crecimiento del poder corporativo, tomaron acciones audaces. La Administración de Teddy Roosevelt rompió el control de Standard Oil y J. P. Morgan sobre los ferrocarriles y otros aspectos de la economía, dándole al hombre pequeño un chance de pelear. En los años treinta del siglo pasado, la Administración de Franklyn Delano Roosevelt sobrealimentó el enforcement antimonopolios ocho veces el número de casos resueltos en dos años, salvando billones a los consumidores en dólares de hoy, ayudando a desatar décadas de sostenido crecimiento.
La Administración Biden está tomando acción decisiva para controlar la tendencia de la consolidación corporativa, incrementar la competencia y proveer beneficio concreto a los consumidores, trabajadores, agricultores y los pequeños negocios. Esta orden ejecutiva de hoy es histórica, establece un esfuerzo de todo el gobierno para promover la competencia en la economía estadounidense. Incluye setenta y dos iniciativas a ser llevadas a cabo por una docena de agencias federales para enfrentar rápidamente los problemas que la falta de competencia presiona a lo largo de la economía. Una vez se enfrenten, estas iniciativas mejorarán de manera concreta la vida de las personas.” (Énfasis de la columnista).
En la presentación de la OE participaron la economista Lina Khan, actual presidente de la Comisión Federal de Comercio y el abogado Tim Wu, artífice de la OE, ambos autores de renombre en las ciencias sociales que estudian el derecho de la competencia, como instrumento de desarrollo de las naciones.
En las siguientes entregas de esta columna ofreceré detalles sobre las más importantes iniciativas de la OE y cómo éstas pueden ser emuladas por el presidente Abinader para estimular la política de competencia, satisfacer el mandato constitucional, mejorar las mediciones de los evaluadores independientes; en suma, gobernar en el contexto de la microeconomía, en favor del consumo, el empleo y el emprendimiento innovador y multiplicador. Todo ello también asegura el crecimiento, salvo que democráticamente distribuido.
A pesar de que Donald Trump las hizo particularmente impopulares, al menos para una parte del pueblo estadounidense, las órdenes ejecutivas han sido utilizadas por todos los presidentes de los Estados Unidos en diferentes asuntos. Es una curiosidad histórica que Woodrow Wilson, el hombre al frente de la Casablanca cuando los Marines invadieron nuestras playas en 1916, es el mismo que lleva la gloria en la historia norteamericana de ser uno de los tres más activos trust-busters; esto es, presidentes cuyas administraciones fueron persecutoras y sancionadoras eficaces contra los monopolios en los albores del siglo XX. Un modelo de gestión que el presidente Biden rescata.
Mientras los Marines eran enfrentados por miles de valientes dominicanos, Wilson dictaba en Washington la Ley Clayton que prohibió la fijación y discriminación de precios. Esa dualidad en la política interior y exterior estadounidense ya no es tan marcada, pero solo se lima en la medida en que socios comerciales antes sometidos del Destino Manifiesto, muestren su capacidad de articular políticas de vanguardia y es por lo que el presidente Abinader debe interesarse en el contenido y las metas perseguidas con la OE. El intervencionismo del siglo XXI podría ser corporativo y digital.
En un tuit de antología el pasado viernes 9 de julio, el presidente Biden no solo se dirigió al pueblo estadounidense. Lo hizo en su calidad de líder mundial a todo el planeta y, en particular, a todos los líderes interesados en apoyar la democracia en la economía digital y en la primaria o tradicional. Como abundaré en las siguientes entregas, las Big Tech chinas se perfilan como la fuerza antagónica de este esfuerzo. El líder norteamericano claramente busca apoyo internacional. Se teme a un experimento totalitario y digital chino.
El presidente Biden escribió en la cuenta oficial del presidente de los EE. UU en Twitter: Déjenme ser claro: capitalismo sin competencia, no es capitalismo. Es explotación. El presidente Abinader podría regalarle un «me gusta», mientras analiza la importancia de la OE. (La autora es abogada de práctica privada, socia de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti)