La decisión adoptada por el gobierno dominicano de deportar a mujeres haitianas embarazadas que estén en condición de indocumentadas ha motivado la atención nacional e internacional, al extremo de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado el pasado martes 16 solicitando se suspenda esa práctica.
El expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), acorde con el organismo internacional, exhortó al gobierno dominicano reconsiderar esas deportaciones, tras considerarlas de inhumanas.
Fernández externó su criterio de que “toda migración ilegal debe controlarse en la frontera”, como si en sus tres períodos de cuatro años de gobierno los controles fronterizos fueran tan efectivos que impidieron que los haitianos ingresaran ilegalmente al país.
Fue precisamente en los gobiernos del leonelismo cuando más nacionales haitianos indocumentados fueron vistos por calles y avenidas del país, sin ser molestados por las autoridades de migración de esa administración.
La ONU, por su parte, ha manifestado además gran preocupación porque en las repatriaciones que realiza la Dirección General de Migración se violan los derechos humanos y la dignidad de la población haitiana.
Si bien es cierto que “el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas”, las condiciones económicas actuales de Republica Dominicana, como país subdesarrollado, no le permite acoger libremente y de forma irregular a los miles de haitianos que huyen de su país en busca de refugio, alimentación, asistencia médica, trabajo y educación.
Las Naciones Unidas recuerdan muy bien los hechos cometidos en septiembre pasado por agentes fronterizos de Estados Unidos, quienes montados sobre caballos maltrataron a decenas de haitianos indocumentados que cruzaron el rio Bravo en busca de asilo en el estado de Texas.
Lo ocurrido allí sí que fue un trato inhumano y abusivo por parte de esos agentes fronterizos.
Como organismo que reúne en su seno a más de 190 naciones del mundo, ¿cuáles son los planteamientos viables de la ONU para resolver la crisis política, militar y violencia social que vive la República de Haití, sin que se afecte la soberanía del Estado dominicano?
Uno de los objetivos por lo que fue creada la ONU en 1945, además de velar por el respeto de los derechos humanos, es lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios.
¿Qué tanto están haciendo los países que conforman la ONU para ayudar a resolver la caótica situación por la que desde hace años atraviesa el estado fallido de Haití?
Al parecer, muy poco, ya que el presidente Luis Abinader en septiembre pasado tuvo que aprovechar su discurso como jefe de Estado dominicano en la 76 Asamblea General de la ONU para hacer un llamado a los líderes que componen este organismo mundial a que ayuden al vecino país a resolver la grave crisis política, económica y social que padece.
Justo cuando las autoridades dominicanas están empeñadas en intentar sacar el país del subdesarrollo y levantar la deteriorada economía agravados por la pandemia de la COVID-19 y los desfalcos millonarios del erario público que cometieron funcionarios civiles y militares en los gobiernos peledeístas de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, se ve en la obligación de tener que subsidiar más de $10 mil millones pesos en atenciones médicas a las haitianas embarazadas.
El presidente Abinader, está empeñado en ejercer una administración con pulcritud y de saneamiento de las instituciones públicas, y un sistema judicial autónomo en que se pueda confiar.
El sistema de Naciones Unidas sabe muy bien que estas mujeres embarazadas, así como los miles de haitianos que han ingresado ilegalmente por la zona fronteriza y marítima dominicana, no poseen un pasaporte con visado, un permiso de trabajo u otro documento que les garantice su estatus migratorio.
Están conscientes de que la migración clandestina de haitianos es organizada y alentada por contrabandistas que se especializan en el tráfico de seres humanos, armas y drogas, integradas por civiles, agentes policiales y militares de ambas naciones, con asiento a lo largo de la zona fronteriza.
Es cierto que el gobierno dominicano hace lo posible por contener esta masiva emigración ilegal de personas por la frontera, pero debe ser más enérgico con las instituciones policiales y militares designadas a vigilar y proteger el país de acciones ilegales y violaciones migratorias.
El tráfico ilegal de personas no es gratis; tiene un alto costo económico y un arriesgado plan operativo para llevarlo a cabo cruzando los mares, ríos, montañas, campos selváticos, terrenos desérticos y rutas viales de acceso rápido, por lo que exigen grandes sumas de dinero y prendas de valor antes de emprender la osadía.
En las décadas de 1960, 1970 y 1980, el peor castigo para un militar por una mala conducta cometida era enviarlo de servicio obligatorio hacia la zona fronteriza.
Las cosas han cambiado hoy en día. Muchos son los militares y policías que rezan a Dios para que sus superiores, tomando en cuenta sus buenas o malas acciones, los trasladen a cualquier punto de los 390 kilómetros que componen la frontera entre República Dominicana y Haití, porque allí se “pica bien y se pica bueno”.