Sin lugar a dudas que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) es uno de los organismos gubernamentales que más ha sido cuestionada en los últimos años, producto de los males institucionales sistémicos que afectan el país.
Desde hace décadas el Estado Dominicano carece de la institucionalidad necesaria para que orgánicamente pueda rechazar sus debilidades como la falta de transparencia de sus instituciones, y la ocurrencia de actos de corrupción.
Yo he llamado a lo anterior como un "mal sistémico" que no hemos podido superar por muchos años. Es un mal que trasciende a los líderes políticos y los partidos de todas las épocas que son los principales ejecutores.
Ahora bien, esta debilidad institucional es el lastre como consecuencia en primer lugar de una falta de compromiso de los líderes políticos de gobernar para el pueblo y una ética sistémica de transparencia como práctica gubernamental.
La OISOE es un buen ejemplo de lo que no debe ser una entidad gubernamental. Por ejemplo, para salvar el programa de construcción de edificaciones escolares el gobierno tuvo que emitir un decreto para encargárselo al Ministerio de Obras Públicas.
Otro traspiés de la OISOE fue la licitación incorrecta de unos equipos médicos. Particularmente entendía que esa institución no tenía como función el equipamiento médico de centros hospitalarios.
Estos dos ejemplos dan cuenta de cómo va nuestra falta de institucionalidad. El mismo Estado aún con las facultades institucionales de supervisión, no ejerce sus funciones supervisoras.
Es un fenómeno sociológico muy estudiado en América Latina la tolerancia y la debilidad institucional de prevenir la corrupción como mal sistémico.
Joaquín Balaguer en el siglo pasado mientras ejerció el poder en una ocasión dijo que la "corrupción se detenía en la puerta de su despacho" y en una de sus obras (Los Carpinteros) afirmaba que la corrupción formaba parte de nuestra cultura.
Creo que el extinto líder político que se caracterizó por su agudeza trató de explicar una especie de "inercia tolerada" en la persecución y el combate de la corrupción.
No obstante tenemos el deber de revertir esta causalidad histórica y entre todos los sectores políticos y sociales asumir los compromisos de que sus líderes puedan ejercer funciones gubernamentales con apego a la ética.